martes, 25 de octubre de 2011
I Encuentro sobre Empresas y Terrorismo de Estado del Cono Sur
sábado, 22 de octubre de 2011
Conmemoran el Día del Derecho a la Identidad
Conmemoran el Día del Derecho a la Identidad
Publicado el 22 de Octubre de 2011Es en homenaje a la creación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. “Se modificaron leyes y conciencias”, dijo Estela de Carlotto.
Horacio Pietragalla, uno de los nietos recuperados y militante de la Asociación destacó a Tiempo Argentino que la lucha de Abuelas trascendió las fronteras del país. “Se incorporaron tres artículos a la Convención de los Derechos del Niño referidos a la identidad. Las Abuelas también lograron avances en la genética, ya que a partir de su pedido de identificación de los nietos, científicos norteamericanos elaboraron el índice de abuelidad”, destacó Pietragalla.
El Día Nacional del Derecho a la Identidad, establecido por la Ley 26.001 sancionada en diciembre de 2004 y promulgada en enero de 2005, está incorporado al calendario escolar, lo que dispone que cada 22 de octubre se realice en los colegios de todos los niveles una jornada de concientización, a la que se suman las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, por la persistencia de las Abuelas, en 1987 se aprobó en Argentina la Ley 23.511 que creó el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), único en el mundo, cuya función es la de conservar muestras de sangre de familiares de desaparecidos para efectuar la comparación genética con personas cuya identidad es dudosa.
Es por eso que Pietragalla destaca que el aporte de Abuelas también influyó en toda la ciudadanía, no sólo las víctimas del terrorismo de Estado. “Abrió la discusión en relación a las adopciones ilegales que existía desde antes de la dictadura, durante y después, lo que permitía el abuso sobre las personas más vulnerables económicamente y el negocio de bebés”, explicó Pietragalla.
Estela de Carlotto relató cómo surgió el nombre de la Asociación. “Cuando marchábamos en los comienzos y nos preguntaban quiénes éramos, decíamos: ‘Somos abuelas argentinas con nietitos desaparecidos.’ Un nombre demasiado largo hasta que alguien nos dijo: ‘Ustedes son las Abuelas de Plaza de Mayo’, y así quedó para siempre.”
Las Abuelas de Plaza de Mayo serán homenajeadas el martes en un acto organizado por los nietos que recuperaron su identidad. La celebración será en el ND/Ateneo, a las 19, bajo la consigna “34 años de búsqueda, 105 encuentros”, en referencia a la cantidad de nietos recuperados por la institución.
martes, 20 de septiembre de 2011
CONVOCATORIA
CLADEM Mendoza y Colectiva Las Juanas y Las Otras, presentaron en la causa en tratamiento, el Amicus Curiae propuesto por INSGENAR (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo) de Rosario, Santa Fe, manifestando que promueven el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra las mujeres incluyendo los de violencia sexual, que debe ser enmarcado entre los de “lesa humanidad”.
Convocamos a la participación masiva en apoyo de nuestro común reclamo.
ORÍGENES DE NUESTRA APELACIÓN
Entre los delitos de lesa humanidad denunciados en las causas que hoy ocupan a la Justicia de Mendoza –después de 20 años de silencio impuesto por las leyes de impunidad- se denunciaron las violaciones sexuales cometidas contra mujeres secuestradas en el D-2, Departamento de Inteligencia de la Policía de Mendoza, donde el Comando Militar de la dictadura de nuestra zona, mantuvo ilegalmente privadas de su libertad en el transcurso de más de dos años a numerosas personas, incluidos niños en algunos momentos.
Nuestra sociedad argentina, tiene muchas dificultades para admitir que la violación es un gravísimo delito en todo tiempo y modalidad. En los casos específicos fueron cometidas en el marco de la tortura aplicada contra todos los prisioneros políticos en ese centro clandestino, las que consistían en interrogatorios con picana eléctrica, golpes, submarino, quemaduras, desnudez, hambre, sed, suciedad, denigración de la condición humana, y violación reiterada realizada en diferentes horarios, en todas las guardias, en los propios calabozos en que permanecían vendadas y maniatadas las mujeres, efectuada por represores en número de más de uno, ante el conocimiento de todo el personal del lugar que allí se encontrara. Los hombres prisioneros, algunos sus compañeros, otros desconocidos, en muchas ocasiones sus esposos o novios, encerrados en calabozos vecinos, debían asistir a la desesperada reacción de las mujeres.
La impotencia, el absoluto desamparo, se acentuaban en el ánimo de todos y ahí estaba la razón de este accionar: quebrar la resistencia de la víctima, hasta la más íntima, para transformarla en un ser destruido, ya no “un oponente” como denominaban las instrucciones militares a quienes debían pasar por el “tratamiento”. Está escrito, las órdenes militares de la época forman parte de todas las causas penales hoy juzgadas.
En la causa impulsada por denuncia de Silvia Ontivero, una de las mujeres que denunció desde siempre ante la Justicia y ante la sociedad, haber sido víctima de violaciones durante su secuestro en el D2, se pidió la imputación de la cadena de mandos militares y policiales actuantes en ese período por el delito de violación en el marco de la tortura, es decir, delito de lesa humanidad en el mismo nivel que los demás.
El Juez Walter Bento, del Juzgado Federal Nº 1 a cargo de la causa, no encontró mérito para imputar a la cadena de mandos –Gral.Menéndez y subordinados- por entender que la violación fue un delito perpetrado por decisión propia de los represores que lo cometieron. Esta decisión escinde el delito de tortura, que se realizó como método, que se compuso de diversas acciones aberrantes contra “el enemigo ideológico” con un fin único: la destrucción psicológica y moral de los sobrevivientes.
La Cámara de Apelaciones deberá decidir si sostiene el criterio del Juez Bento, o lo modifica y cambia el enfoque jurídico, resolviendo que la violación fue sistemática, formó parte agravada del método y de los objetivos con que se aplicó la tortura a las víctimas, planificado desde la Junta de Comandantes, las Jefaturas de Zona, y trasladados a través de toda la escala de mandos por medio de las órdenes remitidas y aceptadas por la cadena ilícita del terrorismo de Estado.
Es un tema que, por sus proyecciones, interesa a toda la sociedad y en particular a las mujeres, víctimas reales y potenciales de estos delitos por su condición de género.
miércoles, 15 de junio de 2011
martes, 7 de junio de 2011
Conferencia de Prensa - 8 de junio a las 11 hs.
martes, 17 de mayo de 2011
El camarista Otilio Roque Romano, procesado
miércoles, 11 de mayo de 2011
Procesaron al ex capitán Luis Stuhldreher
Stuhldreher fue interventor militar en la intendencia de San Rafael y en el primer juicio que se hizo por estos delitos no estuvo entre los acusados. El militar que tuvo su despacho en la Municipalidad, donde se probó que hubo detenidos, si bien estuvo en esa causa judicial, cuando llegó a la Cámara Federal recibió una falta de mérito en esas 20 causas. Los jueces encargados de desvincular al ex capitan fueron Julio Petra y Eduardo Mestre Brizuela.
Ambos magistrados están siendo cuestionados por haber sido partícipes de delitos cometidos durante la última dictadura militar, pero también de haber beneficiado a los genocidas imputados.
Mariano Tripiana, hijo de uno de los desaparecidos en el sur mendocino, había denunciado al intendente de facto, que trabajó codo a codo con el mayor Suárez (fallecido) y por sobre la jerarquía del teniente Aníbal Guevara, que terminó condenado a prisión perpetua, junto a los ex policías Raúl Ruiz Soppe y Juan Roberto Labarta. El otro acusado, el abogado de la Policía, Raúl Egea Bernal, recibió una condena a 8 años de prisión.
En democracia, regenteó una empresa de seguridad privada que tuvo a cargo hasta 2002 la vigilancia de los edificios municipales de la capital mendocina.
Stuhldreher fue director de Logística del Ministerio de Seguridad de la Provincia cuando era ministro de la cartera Roberto Grillo y Julio Cobos gobernador de la provincia.
Fue detenido por orden del ex juez federal Raúl Héctor Acosta en mayo de 2007 y liberado posteriormente por la resolución de Petra.



