Tiempo de sentencia: 26 de julio a las 17 hs. El Juicio es de TODXS. Vos también tenés que estar

Declaración del Colectivo de abogadxs querellantes en causas por crímenes de Lesa Humanidad

El Colectivo de abogados y abogadas querellantes en causas por crímenes de Lesa Humanidad se reunieron en las IV Jornadas Nacionales en la ciudad de Buenos Aires. Compartimos el documento que elaboraron y en el cual manifiestan, entre otros puntos, la necesidad de que se declare el estado de emergencia judicial en las causas donde se investigan delitos de lesa humanidad. 

El gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2015, niega la magnitud del genocidio perpetrado contra nuestro pueblo, utiliza la retórica discursiva de los represores, se refiere al Terrorismo de Estado como “Guerra sucia” y retrotrae las políticas públicas vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia, fundamentales para el sostenimiento del proceso del juzgamiento a sus responsables.

En este marco, notamos con enorme preocupación que buena parte del Poder Judicial se ha acomodado a estos tiempos, dictando resoluciones infundadas relacionadas a prisiones domiciliarias, faltas de mérito o absoluciones en casos en los que existe abundante prueba sobre las responsabilidades de los imputados.

El proceso de juzgamiento de los responsables de los graves crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar es ejemplo a nivel internacional de la posibilidad de alcanzar justicia por medio de los tribunales nacionales y con las mismas normas y herramientas legales vigentes.

Para este Colectivo de Abogadxs los desafíos del presente ya no sólo se centran en la lentitud y fragmentación de los juicios en marcha o en las estrategias a desarrollar para lograr el más urgente juzgamiento a los responsables militares y civiles de la dictadura. Hoy también la preocupación gira en torno al cómo frenar el avance del accionar reaccionario y negacionista del gobierno de Macri.

Cuando el Secretario de Derechos Humanos de la Nación recibe en la ex ESMA a familiares de genocidas que reivindican el golpe de 1976, o sugiere que todos los represores mayores de 70 años deben irse a sus casas, busca transformar en olvido, símbolos y espacios conquistados a través de la lucha y el compromiso del Movimiento de Derechos Humanos y de buena parte de la sociedad.

Nuestra respuesta se suma a la de miles de familiares y víctimas en todo el país: el rechazo a toda acción que atente contra la Memoria, la Verdad y la Justicia, su denuncia en ámbitos nacionales e internacionales, y el pedido de renuncia a quienes sostengan discursos negacionistas o que reivindiquen la “teoría de los dos demonios” y el Terrorismo de Estado.
Reafirmamos nuestra decisión de perseguir justicia ante los tribunales nacionales e internacionales, denunciar por todos los medios a nuestro alcance el vaciamiento, desmantelamiento y la desfinanciación de los organismos estatales directamente relacionados con lo que ha sido en estos años política de Estado en la Argentina y a seguir nuestra lucha también en las calles y plazas.

Porque creemos firmemente en la consigna de Juicio y castigo a todos los culpables que las Madres, las Abuelas y Familiares nos enseñaron, estaremos junto a los Organismos de Derechos Humanos, querellantes, comisiones por la Memoria, sindicatos y organizaciones sociales, en la convocatoria que todos ellos han lanzado para el próximo 12 de septiembre en el Auditorio de la Cámara de Diputados, a fin de pensar de manera colectiva las acciones conjuntas para consolidar y reafirmar nuestra lucha histórica.

Junto a las reflexiones y debates mantenidos en estas Jornadas, en las que evocamos a los cientos de abogadas y abogados que marcaron el camino en tiempos difíciles, hemos resuelto reclamar a los Poderes Públicos que: La Memoria, la Verdad y la Justicia sigan siendo política de Estado.

Se declare el Estado de emergencia judicial en causas en la que se investigan crímenes de lesa humanidad y se dispongan todos los mecanismos legales, procesales y administrativos que garanticen que estos juicios cumplan con el principio de continuidad, Justicia pronta y activa.

Denunciar en los ámbitos internacionales las practicas políticas negacionistas del Gobierno Nacional y los intentos de materializar la impunidad, en connivencia con jueces y funcionarios del Poder Judicial.

Solicitar una urgente reunión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura, para exigir un diagnostico exhaustivo del estado de situación de los procesos en todo el país y requerir la puesta en marcha de mecanismos que apunten a la aceleración de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Finalmente, este Colectivo repudia enérgicamente la persecución política, el hostigamiento, la represión y criminalización de lxs trabajadorxs y militantes populares que el actual gobierno viene desplegando. En particular es de destacar la detención ilegal de Milagro Sala y de diez integrantes de la organización Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, todos ellos presos políticos de los gobiernos de Morales y Macri, y el frustrado intento de arresto de Hebe de Bonafini en Buenos Aires.

Creemos firmemente que estas prácticas son contrarias al Estado de Derecho y dañan a la Democracia que tanto nos costara recuperar.

Reafirmamos que no estamos dispuestos a retroceder en nuestras conquistas, tolerar la impunidad ni aceptar el olvido.

30.000 compañeros y compañeras detenidxs desaparecidxs: PRESENTES – AHORA Y SIEMPRE!

Los organismos de derechos humanos de Mendoza, ante el próximo balotaje, nos pronunciamos por el sostenimiento y profundización de las políticas públicas de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, implementadas por el gobierno nacional en la última década

Tenemos una larga tradición de lucha. Hemos ganado la calle en la resistencia a la dictadura y durante los años de impunidad. Soportamos humillaciones y ataques, hasta que fuimos escuchados y convocados, el Estado recogió nuestras históricas banderas y por ello sentimos un profundo reconocimiento hacia quienes hicieron posible la revisión del pasado reciente, la reparación a las víctimas del Terrorismo de Estado y otras medidas positivas dirigidas a nuestro colectivo así como al conjunto del pueblo argentino.

RATIFICAMOS LA VIGENCIA DE NUESTRAS HISTÓRICAS DEMANDAS:

• Continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad
• Sostenimiento de Sitios y Espacios para la Memoria, y entrega total del Ex – D2
• Búsqueda y restitución de la identidad de lxs nietxs apropiadxs
• Esclarecimiento del destino de nuestrxs desaparecidxs
• Cese y abordaje de la violencia institucional
• Investigación y juzgamiento de la complicidad civil durante la última dictadura militar

Por lo tanto este 22 de noviembre apoyamos el sostenimiento de la política de derechos humanos iniciada en 2003  que es ejemplo en el mundo; y rechazamos el intento de retroceso a las épocas del oscurantismo de la dictadura cívico militar y de la impunidad, donde los indultos a cientos de genocidas ya condenados serían el telón de fondo del proyecto de exclusión social que representa Mauricio Macri.

ESTE 22 LLENEMOS LAS URNAS

CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Asociación Madres de Plaza de Mayo | Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos | Liga Argentina por los Derechos del Hombre | Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo | Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) Regionales Mendoza y San Rafael | Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos | Asociación de Ex Presas y Presos Políticos de Mendoza | Biblioteca Popular “Casa por la Memoria y la Cultura Popular” | Ex Presos Políticos para la Victoria | Ex Presas y Presos Políticos de San Rafael | Asociación XUMEK

Conferencia de Prensa - Abogados querellantes en los juicios por Crímenes de Lesa Humanidad

CONFERENCIA DE PRENSA

Alrededor de veinte abogados defensores de Derechos Humanos, querellantes en juicios por delitos de lesa humanidad y procedentes de distintas ciudades del país, se reunirán en Mendoza los días jueves 20 y viernes 21 de septiembre.

Están previstas diversas actividades:

·  Audiencia con el Presidente y otros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

·  Entrevista con los miembros del Tribunal Oral Federal, que preside el juicio oral y público actualmente en trámite en nuestra ciudad.

·    Visita a cárceles.

·    Entrevistas a funcionarios carcelarios y a Jueces de Ejecución Penal.

Además, los abogados visitantes que integran la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) visitarán la sede del Colegio de Abogados de Mendoza.

El día 20 por la tarde (tras la conferencia de prensa planificada para las 16:30 hs.), hasta las 19:30 hs., debatirán en un taller de trabajo, a realizarse en la sede del MEDH, los siguientes temas:

1)   Juicios  por delitos de lesa humanidad. Sistema interamericano de DDHH.

2) Realidad carcelaria y judicial de Mendoza, a la luz de experiencias nacionales e internacionales. Temas locales, como la “ley Petri” y la reforma procesal penal en Mendoza.

Convoca y organiza el encuentro, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), con el apoyo y participación en Mendoza del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), ambas entidades, litigantes en juicios por delitos de lesa humanidad y vinculadas con la problemática carcelaria.

Conferencia de Prensa: JUEVES 20 de septiembre, 16:30 hs., en la sede del MEDH - Regional Mendoza, San Lorenzo 478, Ciudad. Tel: (0261) 4-230037

El camarista Otilio Roque Romano, procesado

Procesaron a Romano en 8 causas más.

Romano era fiscal en la dictadura y está acusado de ser parte del plan criminal del terrorismo de estado y sigue siendo juez federal a pesar de que está PROCESADO por cerca de 100 hechos de torturas, desapariciones forzadas y crímenes contra la humanidad y fue quien metió preso a Ángel Bustelo, conocido dirigente del PC, abogado, consecuente defensor de presos políticos, escritor y docente. Una personalidad tan reconocida y querida por la comunidad mendocina que el auditorio más importante de Mendoza lleva su nombre.

Actualmente la causa judicial por las torturas que padeciera Ángel Bustelo integra el juicio oral y público, que tramita en la ciudad de Mendoza.

Esa justicia cómplice que estaba integrada por Romano, Miret, Petra, López Cuitiño, Pereyra González - todos denunciados  por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y militantes de Familiares y Ex Presos Políticos - en el marco de su comprometida defensa de la impunidad de los represores, rechazó la calidad de querellante del hijo de Bustelo, también abogado y de su esposa.

Incluimos el auto de procesamiento notificado en la fecha.

Los ocho nuevos casos son 091 - F por torturas a Ana Aramburu, 092 -F por torturas a Roberto Azcarate, 093 -F por desaparición de Rolando Berohiza, 094 - F por torturas a David Blanco, 096 - F por torturas a Carlos Cangemi, 098 - F por torturas a Pedro Coria, 101 -F por torturas a Justo Corvalán y 004 - F por el allanamiento sin orden del domicilio de Moriña.

Audiencia el 28 de abril

Nota "El Lobby de Petra"

 Por Alejandra Dandan (Página 12 - 18.04.11).

"Lo que pasó no es que ya pasó, lo peor es que en algunos sectores continúa pasando. Uno de esos territorios es el Poder Judicial de Mendoza: pese a las denuncias y el largo trabajo de los organismos de derechos humanos para desplazar a los jueces que intervinieron en la dictadura y luego frenaron el avance de los juicios de lesa humanidad, el presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia hace lobby en los últimos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sacar de la Cámara a los únicos jueces que avanzaron con esas causas. Así lo acaban de denunciar los organismos de derechos humanos locales. La denuncia dice que Julio Demetrio Petra ahora busca jueces afines para frenar el procesamiento del aún camarista Otilio Romano, procesado en primera instancia como partícipe necesario en 76 casos de tortura y desaparición de personas durante la última dictadura."

Informamos a todos que el jueves 28, a las 10 de la mañana, la Cámara Federal de Mendoza debe resolver si acepta o rechaza, la apelación que EL TODAVÍA JUEZ Romano, interpuso contra la decisión del Juez Bento, quien ordenó procesarlo por su complicidad con los crímenes de la dictadura.

Proponemos que seamos muchos en la escalinata de Tribunales Federales, para acompañar a nuestros abogados,  

PARA DECIRLE A ROMANO QUE EL PUEBLO DE MENDOZA NECESITA QUE LA JUSTICIA TERMINE CON SU IMPUNIDAD.

ESTA LUCHA ES DE TODOS.

Los amigos del Juez

Derechos Humanos

Nueva avanzada del juez Petra para lograr la impunidad de Romano

Envió un pedido a la Corte para lograr que la Cámara que debe resolver el procesamiento de Otilio Romano -por crímenes de lesa humanidad-, esté compuesta por ex magistrados amigos.

Jorge Hirschbrand jorgeh@elsol.com.ar

La recordada foto entre Petra y Romano, en la Arístides.

La temperatura en los Tribunales Federal de Mendoza aumentó de nuevo. Una iniciativa del camarista Julio Demetrio Petra para desarmar la conformación actual de la Cámara que actúa en las causas de delitos de lesa humanidad amenaza con provocar una severa y ruidosa reacción de los organismos de Derechos Humanos.

Petra, denunciado en el Consejo de la Magistratura por haber beneficiado con sus fallos a su colega y amigo personal Otilio Romano, instrumentó los mecanismos para que los jueces Julio Roberto Naccif y Hugo Echegaray sean apartados del tribunal actual y conseguir que esos lugares puedan ser ocupados por ex jueces federales ideológicamente cercanos a los intereses de Otilio Romano, procesado por ser partícipe secundario de secuestros, torturas y homicidios cometidos entre 1975 y 1983.

El interés de Petra tiene un objetivo inmediato. El 28 de abril, la Cámara integrada por Naciff, Echegaray y Pedro Humerto González debe fallar sobre la apelación que la defensa de Romano hizo luego de conocido su procesamiento. La idea es sacar a dos de esos jueces, cambiarlos por sus amigos y garantizar un voto mayoritario a favor del magistrado imputado.

Para lograr eso, Petra envió un informe al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, con la esperanza de no levantar sospechas y lograr que el titular del máximo aprueba la propuesta sin mayores cuestionamientos.

La idea de Petra, que dio origen al expediente 228/2011 en la Corte, es que los dos lugares sean ocupados por –y aquí viene lo más interesante- alguno de los ex jueces federales más cuestionados de Mendoza.

La lista de preferidos de Petra y Romano es la siguiente:

Alfredo Manuel Rodríguez: ex juez federal penal de primera instancia. En el juicio de lesa humanidad realizado en San Luis, fue nombrado en la causa "Fiochetti" como integrante de un grupo de ultra derecha. También fue uno de los jueces que favoreció a Dalvian en la disputa de terrenos con la UNCuyo.

Eduardo Mestre Brizuela: ex camarista federal e integrante del Tribunal Oral 1 de Mendoza. Actual defensor particular del capitán Luis Stuldreher, a quien le consiguió una "falta de mérito" en la Cámara Federal integrada por Petra, López Cuitiño y Sosa Arditi. Stuldreher fue señalado por numerosos testigos como uno de los responsables del plan de exterminio durante la dictadura en el sur mendocino.

Enrique Sosa Arditi: ex juez del Tribunal Oral 2 de Mendoza. Fue apartado de todas las causas de lesa humanidad por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza integrada por los jueces Naciff, Fourcade y Echegaray, que fue designada por la Cámara Nacional de Casación Penal.

Héctor Raúl Acosta: recientemente jubilado juez federal de San Rafael. Estuvo a punto de ser citado al Consejo de la Magistratura por la denuncia del kirchnerista Carlos Kunkel a partir de supuestas irregularidades en su intervención en una causa por promoción industrial. Fue quien finalmente sobreseyó al capitán Luis Stuldreher.

Carlos Turcumán: ex magistrado recientemente jubilado del Tribunal Oral de San Juan, allegado a Petra y a Romano.

Petra fue uno de los responsables de apartar por unos días al juez federal Walter Bento para evitar que se investigara, entre otros, a Otilio Romano y a Luis Miret, acusado de ser cómplices de delitos de lesa humanidad.

Pocas horas después de conseguir su objetivo, se lo vio brindando con champagne junto a Romano. Sin embargo, días más tarde, un tribunal de alzada dio vuelta su resolución y devolvió su lugar a Bento, quien finalmente procesó a Romano y al destituido Miret.

Justo antes de que Petra enviara su pedido a Lorenzetti, desde los organismos de Derechos Humanos de Mendoza habían denunciado las irregularidades y la dilación de varios expedientes que se están tramitando en el Consejo de la Magistratura.

Se trata de investigaciones para determinar en qué situación fue designado el conjuez Carlos Parellada, quien logró suspender temporariamente el proceso en contra de Romano en el Consejo de la Magistratura. Además, hay otra causa en la que se investigan las actuaciones de la jueza Olga Pura Arrabal, sospechada de mal desempeño en su cargo.

Ambos expedientes están a cargo de Daniel Ostropolsky, presidente del Colegio de Abogados de Mendoza y miembro del Consejo de la Magistratura. Casualmente, su hija, Claudia Ruth, fue designada prosecretaria administrativa por Olga Pura Arrabal. Todo un dato. 

Contra la impunidad de los cómplices de la dictadura en la Justicia Federal

TRIBUNALES FEDERALES
 

 Reclamo para que se destituya al juez Romano

Los organismos que defienden los derechos humanos exigen que sea separado de sus funciones por su complicidad con la última dictadura militar

FEDERICO LEMOS federico.lemos@elsoldiario.com.ar 

EN LA PUERTA DEL PALACIO FEDERAL. Madres, familiares y ex presos exigieron justicia.

    A raíz de haber cajoneado más de 300 expedientes y por tener 76 causas de crímenes de lesa humanidad, los organismos de derechos humanos (DDHH) de Mendoza pidieron la destitución del camarista federal Otilio Roque Romano. El abogado Pablo Salinas defendió la nueva composición de la Cámara Federal, que denomina "democrática", que apartó de las causas de DDHH a los jueces Julio Demetrio Petra y Alfredo López Cuitiño y al conjuez Enrique Sosa Arditi.

    En cambio, "la vieja Cámara tenía parados 300 expedientes, a pesar de que los organismos de DDHH venían presentando pronto despacho para que fueran resueltos", acotó el letrado. "La nueva Justicia ha quedado acreditada con la destitución de Luis Miret por su complicidad con la última dictadura militar y por el procesamiento del doctor Walter Bento por 76 hechos de complicidad con la dictadura y crímenes contra la humanidad de Otilio Roque Romano.

    Es una vergüenza que este señor siga siendo camarista federal y siga en este edificio nombrando personas, porque es la máxima autoridad junto con (Julio) Petra", contó Salinas. Los organismos le piden al Consejo de la Magistratura que termine con "la misma Justicia que actúo durante la dictadura". Romano tiene 46 hechos más que el juez destituido por este organismo, Luis Miret. Estos son argumentos suficientes para exigir que se acelere el proceso de destitución, interpretaron los peticionantes.

    "La Justicia federal de Mendoza está en manos de esta persona –por Romano– acusada y procesada, hay pruebas suficientes para comprobar que fue partícipe en la tortura y desaparición de personas. Qué garantías pueden tener los mendocinos si sus casos y litigios están a cargo de una persona procesada por 76 hechos. Esto ha sido ocultado y los organismos luchamos por memoria, verdad y justicia", explicó Salinas. El Consejo tendrá un plenario el 29 de abril, por lo que los organismos de DDHH se están preparando para que se apure la resolución en contra de Romano.

     También han recusado a un miembro del mismo Consejo, Daniel Ostropolsky, ya que consideran que no debería intervenir en ninguna de las causas donde estén involucrados Julio Demetrio Petra, Otilio Roque Romano, Olga Pura Arrabal o Carlos Parellada. "Ostropolsky no nos da garantía de imparcialidad y no queremos que intervenga en estas causas", señaló el abogado.

    Por su parte, Mariú Carrera, familiar de víctimas de la dictadura, comentó que es imprescindible apurar el trámite contra Romano, porque "es necesario hacer justicia, ya que, finalmente, desde que en Mendoza comenzaron los juicios, hemos tenido contacto con un tribunal que es honesto y demuestra que sí hay justicia. Romano tiene que salir de acá. Pensamos que hay espacios de verdad y justicia en nuestra provincia", explicó Carrera. Otilio Romano está procesado en 76 causas por crímenes de lesa humanidad y es apuntado como el principal responsable de la demora de los expedientes.

    Por otro lado, Julio Petra le brindó "impunidad" a todos los policías federales que participaron en los casos de Sánchez Andía y Romano Rivamar, explicaron los voceros de los organismos. Por último, Rolando Carrizo fue señalado por haber omitido promover las investigaciones correspondientes a la desaparición de personas, faltando a su obligación como juez.