martes, 24 de octubre de 2017

COMUNICADO DE PRENSA. Audiencia ante la CIDH: Retrocesos en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en los tres poderes del Estado argentino.

Hoy se realizó una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre tendencias preocupantes en las políticas públicas y los fallos judiciales vinculados al proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina.
En la audiencia en Montevideo, solicitada por 13 organismos de derechos humanos, expusieron Estela de Carlotto y Alan Iud de las Abuelas de Plaza de Mayo y Luz Palmás Zaldua del CELS. Estuvieron presentes también Taty Almeida de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otros referentes. Intervinieron representantes del Estado nacional y, de parte de la CIDH, el presidente de la Comisión, Francisco Eguiguren, el Comisionado Paulo Vannuchi y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, quienes reivindicaron el compromiso de la Comisión con la lucha por la memoria, verdad, justicia y no impunidad.

Los organismos destacamos los avances en los últimos años en el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad, la reparación integral de las víctimas, la restitución de la identidad de nietas y nietos apropiados, el hallazgo de información y la sistematización de archivos y la creación de sitios de memoria.

Desde fines de 2015, sin embargo, se han tomado acciones en los tres poderes del Estado que socavaron este proceso. En el Poder Ejecutivo Nacional, se debilitaron o desmantelaron dependencias como, por ejemplo, la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde funcionaba el “Grupo Especial de Relevamiento Documental” que contribuía con las investigaciones judiciales y otro grupo especializado en la investigación de casos de apropiación de niños.

En el ámbito del Ministerio de Defensa, se derogó la resolución 85/2013 que prohibía que los imputados y condenados por crímenes de lesa humanidad atendieran su salud en hospitales de las Fuerzas Armadas. Y en diciembre de 2016, el Servicio Penitenciario Federal –dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación– dispuso que los detenidos procesados y condenados por estos delitos fueran trasladados a una unidad penitenciaria que funciona en la guarnición Militar de Campo de Mayo, lo cual constituye un régimen carcelario de privilegio.

A la vez, algunos funcionarios nacionales han promovido un discurso público que relativiza la gravedad del terrorismo de Estado, llegando incluso al negacionismo.

En el Poder Judicial se dictaron fallos que representan regresiones en la jurisprudencia sobre los crímenes de lesa humanidad, empezando por la decisión en el caso Muiña (que aplicó la ley “2 por 1”) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que provocó un repudio social amplio e inmediato. Unos meses antes la Corte había declarado la prescripción de las acciones civiles contra el Estado derivadas de estos delitos en el caso “Villamil”. Y hubo otros fallos recientes que preocupan, como por ejemplo la revocación de la única condena a un empresario por delitos de lesa humanidad en el caso de la Veloz del Norte.

El presidente de la CIDH reiteró la preocupación de la Comisión por el fallo en el caso Muiña y la interpretación de la CSJN en el caso de Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, que se sigue tramitando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, hay una dilación histórica en la resolución de las causas penales por estos crímenes, tanto por parte de la CSJN como de la Cámara Federal de Casación Penal. Además, la postergación del inicio de juicios es recurrente. A junio de este año, había 50 causas elevadas a juicio y a la espera del inicio del debate oral.

Finalmente informamos a la CIDH que en el Poder Legislativo no se ha conformado aún la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar, creada por ley en noviembre de 2015.

A la luz de todos estos acontecimientos, solicitamos al Estado argentino:

- Que garantice las políticas necesarias para asegurar la plena continuidad y profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad en la Argentina. 

- Que el Poder Ejecutivo restablezca las políticas públicas desmanteladas y resuelva reincorporar al personal especializado que fue desplazado sin causa.

- Que el Poder Judicial cumpla con las obligaciones internacionales de sancionar adecuadamente a los responsables de crímenes de lesa humanidad y diseñe estrategias para acelerar las investigaciones y los juicios orales. 

- Que se avance en la investigación y el juzgamiento de empresarios, directivos y/o personal jerárquico de empresas involucrados en crímenes de lesa humanidad.

- Que el Poder Legislativo ponga en marcha la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar.

Los organismos solicitantes de la audiencia son:

Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza
Asociación Buena Memoria
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
H.I.J.O.S. Capital
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)

sábado, 21 de octubre de 2017

JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO. EL GOBIERNO ES RESPONSABLE


Ante la confirmación de que el cuerpo encontrado en el Río Chubut es el de Santiago Maldonado, los organismos de derechos humanos abajo firmantes ratificamos nuestra posición de acompañamiento incondicional a su familia en estos duros momentos.

Tenemos la certeza de que Santiago estaría con todos nosotros si la Gendarmería no hubiera llevado adelante una represión ilegal en la comunidad Pu Lof, con la coordinación y presencia en el lugar del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti.

Seguimos denunciando la responsabilidad de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el Ministro de Justicia Germàn Garavano, el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y otros funcionarios del gobierno en el encubrimiento del hecho, el ocultamiento de pruebas y el hostigamiento a los testigos y la familia.

Rechazamos la vergonzosa actuación del Juez Guido Otranto y reclamamos se lo sancione por su inacción, ineficacia y parcialidad.

Asimismo repudiamos el cruel accionar de los grandes medios de comunicación que no sólo no respetaron el dolor y el reclamo colectivo sino que además difundieron versiones mentirosas con el único objetivo de cubrir las responsabilidades políticas del caso.

Acompañamos las múltiples expresiones de dolor y de reclamos de verdad y justicia de nuestro pueblo. Ante ello, hemos decidido estar junto a la familia en la despedida de Santiago y próximamente convocaremos a una gran movilización en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país para reclamar justicia, para denunciar la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri y exigir castigo a todos los culpables.

En Santiago están nuestros 30.000 y la juventud que con compromiso y solidaridad lucha contra las injusticias.

Por él, por su familia, por el futuro, una vez más decimos Memoria, Verdad y Justicia!

MADRES DE PLAZA DE MAYO LINEA FUNDADORA - FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS - H.I.J.O.S. CAPITAL - ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS - ASOCIACION BUENA MEMORIA -COMISION MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA DE ZONA NORTE - FAMILIARES Y COMPAÑEROS DE LOS 12 DE LA SANTA CRUZ - LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE - MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS DERECHOS HUMANOS -

martes, 17 de octubre de 2017

El MEDH pide la detención inmediata de los jueces condenados

FUENTE: www.sitioandino.com.ar

Afirman que ya no existe impedimento para que los ex jueces que fueron condenados a prisión perpetua en el denominado "Juicio a los Jueces" sean detenidos.

El ex juez Guillermo Max Petra Recabarren.

El abogado Pablo Salinas, querellante por el MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos), aseguró hoy que ya no existe impedimento para que los ex jueces que fueron condenados a prisión perpetua en el denominado "Juicio a los Jueces" sean detenidos, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó una resolución de Casación, por lo que exigió que "los ex magistrados condenados vayan presos ya".

En diálogo con Télam, Salinas subrayó que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una resolución de Casación respecto a los casos de los ex jueces Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren, condenados a prisión perpetua", y recordó que ambos "aún se encuentran en libertad".

El ex juez Carrizo durante el juicio. Foto: Gentileza Blog juiciosmendoza.wordpress.com

En ese sentido, recordó que "el martes pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, en el expediente "Miret Caples Luis Francisco y otros s/Incidente de recurso extraordinario", ordenó que los ex magistrados sean detenidos "de inmediato".


En el fallo del 26 de julio de 2017, el Tribunal Oral Federal de Mendoza condenó a prisión perpetua a los ex jueces mendocinos Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo, Otilio Romano y Luis Miret.

El único que se encontraba detenido era Otilio Romano, mientras que los otros tres ex jueces condenados se encontraban en libertad por una determinación de la Cámara de Casación Penal de la Nación que fue revocada el 10 de octubre de 2017, aunque a Luis Miret esta resolución ya no lo alcanza porque falleció el pasado 4 de septiembre.

En el denominado "juicio a los jueces" se juzgó a cuatro ex magistrados por su actuación durante la dictadura militar y a otros 30 imputados.

Viviana Beigel y Pablo Salinas, abogados del MEDH

El juicio oral y público, que tuvo lugar en Mendoza, se extendió durante más de 3 años y medio (desde el 17 de febrero de 2014 hasta el 26 de julio último), y tuvo 216 audiencias.

Esta mega causa resultó de la acumulación de alrededor de 20 causas por delitos de lesa humanidad, e incluyó el tratamiento de apropiación de una menor, detenciones, secuestros, torturas, violaciones, desapariciones y asesinatos contra más de 200 víctimas durante la última dictadura.

"El máximo tribunal tomó la jurisprudencia del caso 'Olivera Rovere, Jorge Carlos?, que remite también a los fundamentos del fallo 'Vigo, Alberto Gabriel', y esa jurisprudencia es aplicable ahora a Carrizo y Petra Recabarren, por lo que el fallo de la Corte es inapelable, y es sin dudas también un fuerte respaldo a la justicia federal de Mendoza y al fallo del 26 de julio pasado", explicó el abogado.

En definitiva, el asesor letrado afirmó que no existía impedimento "para proceder a la detención de los ex jueces", y agregó que hasta el momento "existía una resolución de Casación que lo impedía, pero la Corte la dejó sin efecto y volvió a remitir el expediente a Casación".

En ese sentido, Salinas exhortó al Tribunal de Casación "a librar las órdenes de detención de manera inmediata contra Carrizo y Petra Recabarren para que de una vez por todas queden presos y cumplan su sentencia de prisión perpetua", finalizó.

Fuente: Télam