CONVOCATORIA
CLADEM Mendoza y Colectiva Las Juanas y Las Otras, presentaron en la causa en tratamiento, el Amicus Curiae propuesto por INSGENAR (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo) de Rosario, Santa Fe, manifestando que promueven el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra las mujeres incluyendo los de violencia sexual, que debe ser enmarcado entre los de “lesa humanidad”.
Convocamos a la participación masiva en apoyo de nuestro común reclamo.
ORÍGENES DE NUESTRA APELACIÓN
Entre los delitos de lesa humanidad denunciados en las causas que hoy ocupan a la Justicia de Mendoza –después de 20 años de silencio impuesto por las leyes de impunidad- se denunciaron las violaciones sexuales cometidas contra mujeres secuestradas en el D-2, Departamento de Inteligencia de la Policía de Mendoza, donde el Comando Militar de la dictadura de nuestra zona, mantuvo ilegalmente privadas de su libertad en el transcurso de más de dos años a numerosas personas, incluidos niños en algunos momentos.
Nuestra sociedad argentina, tiene muchas dificultades para admitir que la violación es un gravísimo delito en todo tiempo y modalidad. En los casos específicos fueron cometidas en el marco de la tortura aplicada contra todos los prisioneros políticos en ese centro clandestino, las que consistían en interrogatorios con picana eléctrica, golpes, submarino, quemaduras, desnudez, hambre, sed, suciedad, denigración de la condición humana, y violación reiterada realizada en diferentes horarios, en todas las guardias, en los propios calabozos en que permanecían vendadas y maniatadas las mujeres, efectuada por represores en número de más de uno, ante el conocimiento de todo el personal del lugar que allí se encontrara. Los hombres prisioneros, algunos sus compañeros, otros desconocidos, en muchas ocasiones sus esposos o novios, encerrados en calabozos vecinos, debían asistir a la desesperada reacción de las mujeres.
La impotencia, el absoluto desamparo, se acentuaban en el ánimo de todos y ahí estaba la razón de este accionar: quebrar la resistencia de la víctima, hasta la más íntima, para transformarla en un ser destruido, ya no “un oponente” como denominaban las instrucciones militares a quienes debían pasar por el “tratamiento”. Está escrito, las órdenes militares de la época forman parte de todas las causas penales hoy juzgadas.
En la causa impulsada por denuncia de Silvia Ontivero, una de las mujeres que denunció desde siempre ante la Justicia y ante la sociedad, haber sido víctima de violaciones durante su secuestro en el D2, se pidió la imputación de la cadena de mandos militares y policiales actuantes en ese período por el delito de violación en el marco de la tortura, es decir, delito de lesa humanidad en el mismo nivel que los demás.
El Juez Walter Bento, del Juzgado Federal Nº 1 a cargo de la causa, no encontró mérito para imputar a la cadena de mandos –Gral.Menéndez y subordinados- por entender que la violación fue un delito perpetrado por decisión propia de los represores que lo cometieron. Esta decisión escinde el delito de tortura, que se realizó como método, que se compuso de diversas acciones aberrantes contra “el enemigo ideológico” con un fin único: la destrucción psicológica y moral de los sobrevivientes.
La Cámara de Apelaciones deberá decidir si sostiene el criterio del Juez Bento, o lo modifica y cambia el enfoque jurídico, resolviendo que la violación fue sistemática, formó parte agravada del método y de los objetivos con que se aplicó la tortura a las víctimas, planificado desde la Junta de Comandantes, las Jefaturas de Zona, y trasladados a través de toda la escala de mandos por medio de las órdenes remitidas y aceptadas por la cadena ilícita del terrorismo de Estado.
Es un tema que, por sus proyecciones, interesa a toda la sociedad y en particular a las mujeres, víctimas reales y potenciales de estos delitos por su condición de género.
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