COMUNICADO DE PRENSA. Audiencia ante la CIDH: Retrocesos en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en los tres poderes del Estado argentino.

Hoy se realizó una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre tendencias preocupantes en las políticas públicas y los fallos judiciales vinculados al proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

En la audiencia en Montevideo, solicitada por 13 organismos de derechos humanos, expusieron Estela de Carlotto y Alan Iud de las Abuelas de Plaza de Mayo y Luz Palmás Zaldua del CELS. Estuvieron presentes también Taty Almeida de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otros referentes. Intervinieron representantes del Estado nacional y, de parte de la CIDH, el presidente de la Comisión, Francisco Eguiguren, el Comisionado Paulo Vannuchi y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, quienes reivindicaron el compromiso de la Comisión con la lucha por la memoria, verdad, justicia y no impunidad.

Los organismos destacamos los avances en los últimos años en el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad, la reparación integral de las víctimas, la restitución de la identidad de nietas y nietos apropiados, el hallazgo de información y la sistematización de archivos y la creación de sitios de memoria.

Desde fines de 2015, sin embargo, se han tomado acciones en los tres poderes del Estado que socavaron este proceso. En el Poder Ejecutivo Nacional, se debilitaron o desmantelaron dependencias como, por ejemplo, la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde funcionaba el “Grupo Especial de Relevamiento Documental” que contribuía con las investigaciones judiciales y otro grupo especializado en la investigación de casos de apropiación de niños.

En el ámbito del Ministerio de Defensa, se derogó la resolución 85/2013 que prohibía que los imputados y condenados por crímenes de lesa humanidad atendieran su salud en hospitales de las Fuerzas Armadas. Y en diciembre de 2016, el Servicio Penitenciario Federal –dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación– dispuso que los detenidos procesados y condenados por estos delitos fueran trasladados a una unidad penitenciaria que funciona en la guarnición Militar de Campo de Mayo, lo cual constituye un régimen carcelario de privilegio.

A la vez, algunos funcionarios nacionales han promovido un discurso público que relativiza la gravedad del terrorismo de Estado, llegando incluso al negacionismo.

En el Poder Judicial se dictaron fallos que representan regresiones en la jurisprudencia sobre los crímenes de lesa humanidad, empezando por la decisión en el caso Muiña (que aplicó la ley “2 por 1”) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que provocó un repudio social amplio e inmediato. Unos meses antes la Corte había declarado la prescripción de las acciones civiles contra el Estado derivadas de estos delitos en el caso “Villamil”. Y hubo otros fallos recientes que preocupan, como por ejemplo la revocación de la única condena a un empresario por delitos de lesa humanidad en el caso de la Veloz del Norte.

El presidente de la CIDH reiteró la preocupación de la Comisión por el fallo en el caso Muiña y la interpretación de la CSJN en el caso de Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, que se sigue tramitando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, hay una dilación histórica en la resolución de las causas penales por estos crímenes, tanto por parte de la CSJN como de la Cámara Federal de Casación Penal. Además, la postergación del inicio de juicios es recurrente. A junio de este año, había 50 causas elevadas a juicio y a la espera del inicio del debate oral.

Finalmente informamos a la CIDH que en el Poder Legislativo no se ha conformado aún la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar, creada por ley en noviembre de 2015.

A la luz de todos estos acontecimientos, solicitamos al Estado argentino:

- Que garantice las políticas necesarias para asegurar la plena continuidad y profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad en la Argentina. 

- Que el Poder Ejecutivo restablezca las políticas públicas desmanteladas y resuelva reincorporar al personal especializado que fue desplazado sin causa.

- Que el Poder Judicial cumpla con las obligaciones internacionales de sancionar adecuadamente a los responsables de crímenes de lesa humanidad y diseñe estrategias para acelerar las investigaciones y los juicios orales. 

- Que se avance en la investigación y el juzgamiento de empresarios, directivos y/o personal jerárquico de empresas involucrados en crímenes de lesa humanidad.

- Que el Poder Legislativo ponga en marcha la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar.

Los organismos solicitantes de la audiencia son:

Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza
Asociación Buena Memoria
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
H.I.J.O.S. Capital
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)

Ante el 18F

Quienes venimos reclamando por Verdad y Justicia ante el Poder Judicial Federal, desde los primeros días de la nueva era democrática (año 1985), conocemos sin lugar a dudas de qué se trata realmente la marcha de hoy. 

Trabajamos las primeras denuncias por delitos de lesa humanidad  cuando el Presidente Alfonsín y los organismos de DDHH, asistíamos al embate de las bayonetas sostenidas por la avanzadilla carapintada. Nos replegamos sin posibilidad de resistir, cuando se impusieron las ominosas leyes de punto final y de obediencia debida. Volvimos a  impulsar la justicia cuando al fin, fueron derogadas a partir del 2003. 

La población del Poder Judicial Federal y todos y cada uno de los militantes de los organismos de ddhh, nos conocemos cara a cara,  paso a paso, conducta a conducta. Llevamos ya cuatro juicios orales y públicos, transitando los mismos espacios físicos y batallando cuerpo a cuerpo, cada artículo de Código para lograr el avance de la justicia,o el continuismo de la impunidad. 

Cada quien en su tarea, desde ese lugar nos conocemos conciencia a conciencia. 

Sabemos, que en la marcha de hoy, nosotros los militantes de ddhh no vamos a estar, y que un importante sector del poder judicial no va a estar. Y que el pueblo no va a estar. 

Porque esta marcha no es por la muerte del Fiscal Nisman, y todos lo sabemos.

Es por razones de clase, es por impuesto a las ganancias, es por sentencias condenatorias por delitos de lesa humanidad, es porque en este camino la Justicia avanza sobre los responsables civiles de la masacre, es porque en este momento el Gobierno Nacional inaugura otra obra energética que cambia nuestro rumbo y es, porque la política exterior nos inserta en América Latina en proceso de independencia que como canta la negra Sosa, es otra liberación. 

La marcha con nombre estadounidense pasará, variopinta. Mañana veremos en los medios banderas y pancartas, caras y voces. Tengamos templanza.

Nosotros seguiremos, construyendo, reclamando, desde el lugar que a cada quien le toca, haciendo patria. Nosotros seguiremos cotidianamente haciendo nuestras modestas marchas, por los numerosos muertos ignorados por los tacones y las corbatas que hoy van a marchar, si no les llueve demasiado. 

Elba Morales. DNI 3.499.576. Apoderada del MEDH. 

Conferencia de Prensa - Abogados querellantes en los juicios por Crímenes de Lesa Humanidad

CONFERENCIA DE PRENSA

Alrededor de veinte abogados defensores de Derechos Humanos, querellantes en juicios por delitos de lesa humanidad y procedentes de distintas ciudades del país, se reunirán en Mendoza los días jueves 20 y viernes 21 de septiembre.

Están previstas diversas actividades:

·  Audiencia con el Presidente y otros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

·  Entrevista con los miembros del Tribunal Oral Federal, que preside el juicio oral y público actualmente en trámite en nuestra ciudad.

·    Visita a cárceles.

·    Entrevistas a funcionarios carcelarios y a Jueces de Ejecución Penal.

Además, los abogados visitantes que integran la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) visitarán la sede del Colegio de Abogados de Mendoza.

El día 20 por la tarde (tras la conferencia de prensa planificada para las 16:30 hs.), hasta las 19:30 hs., debatirán en un taller de trabajo, a realizarse en la sede del MEDH, los siguientes temas:

1)   Juicios  por delitos de lesa humanidad. Sistema interamericano de DDHH.

2) Realidad carcelaria y judicial de Mendoza, a la luz de experiencias nacionales e internacionales. Temas locales, como la “ley Petri” y la reforma procesal penal en Mendoza.

Convoca y organiza el encuentro, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), con el apoyo y participación en Mendoza del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), ambas entidades, litigantes en juicios por delitos de lesa humanidad y vinculadas con la problemática carcelaria.

Conferencia de Prensa: JUEVES 20 de septiembre, 16:30 hs., en la sede del MEDH - Regional Mendoza, San Lorenzo 478, Ciudad. Tel: (0261) 4-230037

El camarista Otilio Roque Romano, procesado

Procesaron a Romano en 8 causas más.

Romano era fiscal en la dictadura y está acusado de ser parte del plan criminal del terrorismo de estado y sigue siendo juez federal a pesar de que está PROCESADO por cerca de 100 hechos de torturas, desapariciones forzadas y crímenes contra la humanidad y fue quien metió preso a Ángel Bustelo, conocido dirigente del PC, abogado, consecuente defensor de presos políticos, escritor y docente. Una personalidad tan reconocida y querida por la comunidad mendocina que el auditorio más importante de Mendoza lleva su nombre.

Actualmente la causa judicial por las torturas que padeciera Ángel Bustelo integra el juicio oral y público, que tramita en la ciudad de Mendoza.

Esa justicia cómplice que estaba integrada por Romano, Miret, Petra, López Cuitiño, Pereyra González - todos denunciados  por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y militantes de Familiares y Ex Presos Políticos - en el marco de su comprometida defensa de la impunidad de los represores, rechazó la calidad de querellante del hijo de Bustelo, también abogado y de su esposa.

Incluimos el auto de procesamiento notificado en la fecha.

Los ocho nuevos casos son 091 - F por torturas a Ana Aramburu, 092 -F por torturas a Roberto Azcarate, 093 -F por desaparición de Rolando Berohiza, 094 - F por torturas a David Blanco, 096 - F por torturas a Carlos Cangemi, 098 - F por torturas a Pedro Coria, 101 -F por torturas a Justo Corvalán y 004 - F por el allanamiento sin orden del domicilio de Moriña.

Procesaron al ex capitán Luis Stuhldreher

La Cámara Federal de Apelaciones, integrada por Roberto Naciff, Hugo Echegaray y Pedro González, dispuso el procesamiento del Teniente Cnel (RE) Luis Stuhldreher por crímenes de lesa humanidad, por 20 desapariciones ocurridas durante la dictadura militar en San Rafael.


Stuhldreher fue interventor militar en la intendencia de San Rafael y en el primer juicio que se hizo por estos delitos no estuvo entre los acusados. El militar que tuvo su despacho en la Municipalidad, donde se probó que hubo detenidos, si bien estuvo en esa causa judicial, cuando llegó a la Cámara Federal recibió una falta de mérito en esas 20 causas. Los jueces encargados de desvincular al ex capitan fueron Julio Petra y Eduardo Mestre Brizuela.


Ambos magistrados están siendo cuestionados por haber sido partícipes de delitos cometidos durante la última dictadura militar, pero también de haber beneficiado a los genocidas imputados.


Mariano Tripiana, hijo de uno de los desaparecidos en el sur mendocino, había denunciado al intendente de facto, que trabajó codo a codo con el mayor Suárez (fallecido) y por sobre la jerarquía del teniente Aníbal Guevara, que terminó condenado a prisión perpetua, junto a los ex policías Raúl Ruiz Soppe y Juan Roberto Labarta. El otro acusado, el abogado de la Policía, Raúl Egea Bernal, recibió una condena a 8 años de prisión.


En democracia, regenteó una empresa de seguridad privada que tuvo a cargo hasta 2002 la vigilancia de los edificios municipales de la capital mendocina.


Stuhldreher fue director de Logística del Ministerio de Seguridad de la Provincia cuando era ministro de la cartera Roberto Grillo y Julio Cobos gobernador de la provincia.


Fue detenido por orden del ex juez federal Raúl Héctor Acosta en mayo de 2007 y liberado posteriormente por la resolución de Petra.

Audiencia el 28 de abril

Nota "El Lobby de Petra"

 Por Alejandra Dandan (Página 12 - 18.04.11).

"Lo que pasó no es que ya pasó, lo peor es que en algunos sectores continúa pasando. Uno de esos territorios es el Poder Judicial de Mendoza: pese a las denuncias y el largo trabajo de los organismos de derechos humanos para desplazar a los jueces que intervinieron en la dictadura y luego frenaron el avance de los juicios de lesa humanidad, el presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia hace lobby en los últimos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sacar de la Cámara a los únicos jueces que avanzaron con esas causas. Así lo acaban de denunciar los organismos de derechos humanos locales. La denuncia dice que Julio Demetrio Petra ahora busca jueces afines para frenar el procesamiento del aún camarista Otilio Romano, procesado en primera instancia como partícipe necesario en 76 casos de tortura y desaparición de personas durante la última dictadura."

Informamos a todos que el jueves 28, a las 10 de la mañana, la Cámara Federal de Mendoza debe resolver si acepta o rechaza, la apelación que EL TODAVÍA JUEZ Romano, interpuso contra la decisión del Juez Bento, quien ordenó procesarlo por su complicidad con los crímenes de la dictadura.

Proponemos que seamos muchos en la escalinata de Tribunales Federales, para acompañar a nuestros abogados,  

PARA DECIRLE A ROMANO QUE EL PUEBLO DE MENDOZA NECESITA QUE LA JUSTICIA TERMINE CON SU IMPUNIDAD.

ESTA LUCHA ES DE TODOS.

El lobby de Petra

El lobby de Petra

El presidente de la Cámara de Casación Penal mendocina es acusado de buscar que la Corte Suprema remueva a los jueces que avanzaron con las causas por delitos de lesa humanidad.

 Por Alejandra Dandan

Lo que pasó no es que ya pasó, lo peor es que en algunos sectores continúa pasando. Uno de esos territorios es el Poder Judicial de Mendoza: pese a las denuncias y el largo trabajo de los organismos de derechos humanos para desplazar a los jueces que intervinieron en la dictadura y luego frenaron el avance de los juicios de lesa humanidad, el presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia hace lobby en los últimos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sacar de la Cámara a los únicos jueces que avanzaron con esas causas. Así lo acaban de denunciar los organismos de derechos humanos locales. La denuncia dice que Julio Demetrio Petra ahora busca jueces afines para frenar el procesamiento del aún camarista Otilio Romano, procesado en primera instancia como partícipe necesario en 76 casos de tortura y desaparición de personas durante la última dictadura.

“Esto en Buenos Aires sería un escándalo –dijo el abogado Pablo Salinas a Página/12–, pero en Mendoza nos cuesta que las cosas se conozcan y salgan a la luz.”

El caso desvela a los integrantes de los organismos de derechos humanos locales, que impulsaron las denuncias sobre el camarista desde el Ministerio Público Fiscal y los integrantes del Poder Judicial que están en contacto con las causas de lesa humanidad. Uno de ellos, a pedido de Página/12, repasó el contenido de la resolución 228/11 por la que el presidente de la Cámara de Casación Penal le pide a Ricardo Lorenzetti nombrar a una serie de jueces políticamente cercanos –todos objetados por los organismos de derechos humanos– para reemplazar a los dos jueces cuya designación destrabó el avance de estas causas en la provincia.

Los dos camaristas en cuestión son Julio Roberto Naccif y Hugo Echegaray. Ambos fueron designados por la Corte para seguir las causas de lesa humanidad, luego de que los organismos de derechos humanos recusaran en una larga batalla a los antiguos integrantes de la Cámara porque impedían el avance de los expedientes. Entre los recusados estaba el propio Petra, que intentó retener parte de las causas pero tuvo que apartarse por disposición de la misma Corte.

Mientras el proceso avanzó, cobró aire la denuncia de la fiscalía general de Omar Palermo sobre el rol de algunos jueces durante la dictadura. Entre ellos, Luis Miret –hoy destituido– y Otilio Romano. Todos fueron procesados semanas atrás. Romano fue acusado como partícipe por torturas y desaparición de personas en 76 casos, cargos más graves que los de Miret, procesado por omitir investigar.

Pese al procesamiento, Romano no se fue e integra una de las salas de Casación. Para eso apeló el procesamiento y el 28 de abril la sala de Naccif y Echegaray deberá decidir si lo acepta o rechaza. Según uno de los jueces locales, Petra no se quedó tranquilo con la situación. Para ayudar a quien es mencionado como su amigo, retuvo el expediente y lo mandó a la Corte: “Tuvo que venir un emisario de la Corte personalmente, con el expediente en avión y entregarlo a Naccif, para asegurarse de que llegue a sus manos”, indicó la fuente. Y no contento con eso, Petra mandó una nueva misiva con el nombre de por lo menos cinco jueces para desplazar a dos camaristas.

La mayor parte de los propuestos son jueces ya jubilados y cuestionados por los organismos de derechos humanos. Entre ellos, Eduardo Mestre Brizuela, ex camarista federal y ex integrante del Tribunal Oral 1 de Mendoza, ahora defensor de Luis Stuldreher, interventor militar en la intendencia de San Rafael y segundo jefe del área operativa. La intervención de Petra terminó salvándolo del juicio en San Rafael: “Stuldreher estaba imputado por 20 hechos, tormentos y privaciones de la libertad”, indicó el juez consultado. En ese contexto, otro juez llamado Héctor Raúl Acosta (también propuesto en la lista) le dio falta de mérito en un caso. Como abogado defensor, Mestre Brizuela apeló la imputación porque quería sobreseimiento ante la Cámara de Casación vieja. Petra y su equipo confirmaron la falta de mérito, pero le hicieron un favor: extendieron la falta de mérito a las otras 19 imputaciones. Stuldreher así se salvó del juicio.

Una red de amigos de la dictadura en Mendoza

Mendoza fue pionera en poner a sus jueces en entredicho, con impulso del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y otros organismos. El juez Luis Miret fue removido por el jurado de enjuiciamiento el mes pasado, acusado de haber omitido investigar y/o denunciar torturas y vejaciones a los detenidos en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía local, hechos que conocía –desde 1975– por recibir las denuncias en su despacho y por lo que pudo ver con sus propios ojos al punto de decirle cara a cara a un detenido recién torturado que tenía que “aguantar”. En el plano penal, Miret fue procesado por el juez Walter Bento, que también imputó a otro camarista mendocino, Otilio Romano, como partícipe secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 1975 y 1983, mientras fue fiscal y juez.

Procesado y todo, el poderoso Romano sigue impartiendo justicia. Lleva cerca de un año logrando eludir una citación del Consejo gracias a una medida cautelar del juez ad hoc Carlos Parellada, amigo suyo. Recién en diciembre, tras una intervención de la Corte Suprema y de otros camaristas, cayó la cautelar y está cerca de ser citado como sospechoso.

A Parellada también se le abrió investigación en el Consejo. Otra, similar, apunta al conjuez Luis Santamaría, funcionario de la dictadura, quien repuso a Miret en la Universidad de Cuyo (allí daba clases de ética), de donde había sido expulsado. También se abrieron expedientes contra Julio Petra Fernández, Miguel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo, que aun recusados por su cercanía a Romano por pedido suyo apartaron al juez Bento de la causa. Petra y Romano fueron fotografiados cenando en un restaurante del centro de Mendoza con champagne después de ese fallo. Petra también está denunciado, entre otras cosas, por firmar la liberación masiva de los represores de Mendoza, San Juan y San Luis; por haber favorecido al teniente coronel Luis Stuhldreher (intendente de facto en 1976) con una falta de mérito extendida a expedientes por 18 desapariciones que aún no habían llegado al tribunal. Y hasta por sustraer (para prolongar sus efectos) la cautelar que evitaba el juzgamiento de su amigo Romano.

Los amigos del Juez

Derechos Humanos

Nueva avanzada del juez Petra para lograr la impunidad de Romano

Envió un pedido a la Corte para lograr que la Cámara que debe resolver el procesamiento de Otilio Romano -por crímenes de lesa humanidad-, esté compuesta por ex magistrados amigos.

Jorge Hirschbrand jorgeh@elsol.com.ar

La recordada foto entre Petra y Romano, en la Arístides.

La temperatura en los Tribunales Federal de Mendoza aumentó de nuevo. Una iniciativa del camarista Julio Demetrio Petra para desarmar la conformación actual de la Cámara que actúa en las causas de delitos de lesa humanidad amenaza con provocar una severa y ruidosa reacción de los organismos de Derechos Humanos.

Petra, denunciado en el Consejo de la Magistratura por haber beneficiado con sus fallos a su colega y amigo personal Otilio Romano, instrumentó los mecanismos para que los jueces Julio Roberto Naccif y Hugo Echegaray sean apartados del tribunal actual y conseguir que esos lugares puedan ser ocupados por ex jueces federales ideológicamente cercanos a los intereses de Otilio Romano, procesado por ser partícipe secundario de secuestros, torturas y homicidios cometidos entre 1975 y 1983.

El interés de Petra tiene un objetivo inmediato. El 28 de abril, la Cámara integrada por Naciff, Echegaray y Pedro Humerto González debe fallar sobre la apelación que la defensa de Romano hizo luego de conocido su procesamiento. La idea es sacar a dos de esos jueces, cambiarlos por sus amigos y garantizar un voto mayoritario a favor del magistrado imputado.

Para lograr eso, Petra envió un informe al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, con la esperanza de no levantar sospechas y lograr que el titular del máximo aprueba la propuesta sin mayores cuestionamientos.

La idea de Petra, que dio origen al expediente 228/2011 en la Corte, es que los dos lugares sean ocupados por –y aquí viene lo más interesante- alguno de los ex jueces federales más cuestionados de Mendoza.

La lista de preferidos de Petra y Romano es la siguiente:

Alfredo Manuel Rodríguez: ex juez federal penal de primera instancia. En el juicio de lesa humanidad realizado en San Luis, fue nombrado en la causa "Fiochetti" como integrante de un grupo de ultra derecha. También fue uno de los jueces que favoreció a Dalvian en la disputa de terrenos con la UNCuyo.

Eduardo Mestre Brizuela: ex camarista federal e integrante del Tribunal Oral 1 de Mendoza. Actual defensor particular del capitán Luis Stuldreher, a quien le consiguió una "falta de mérito" en la Cámara Federal integrada por Petra, López Cuitiño y Sosa Arditi. Stuldreher fue señalado por numerosos testigos como uno de los responsables del plan de exterminio durante la dictadura en el sur mendocino.

Enrique Sosa Arditi: ex juez del Tribunal Oral 2 de Mendoza. Fue apartado de todas las causas de lesa humanidad por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza integrada por los jueces Naciff, Fourcade y Echegaray, que fue designada por la Cámara Nacional de Casación Penal.

Héctor Raúl Acosta: recientemente jubilado juez federal de San Rafael. Estuvo a punto de ser citado al Consejo de la Magistratura por la denuncia del kirchnerista Carlos Kunkel a partir de supuestas irregularidades en su intervención en una causa por promoción industrial. Fue quien finalmente sobreseyó al capitán Luis Stuldreher.

Carlos Turcumán: ex magistrado recientemente jubilado del Tribunal Oral de San Juan, allegado a Petra y a Romano.

Petra fue uno de los responsables de apartar por unos días al juez federal Walter Bento para evitar que se investigara, entre otros, a Otilio Romano y a Luis Miret, acusado de ser cómplices de delitos de lesa humanidad.

Pocas horas después de conseguir su objetivo, se lo vio brindando con champagne junto a Romano. Sin embargo, días más tarde, un tribunal de alzada dio vuelta su resolución y devolvió su lugar a Bento, quien finalmente procesó a Romano y al destituido Miret.

Justo antes de que Petra enviara su pedido a Lorenzetti, desde los organismos de Derechos Humanos de Mendoza habían denunciado las irregularidades y la dilación de varios expedientes que se están tramitando en el Consejo de la Magistratura.

Se trata de investigaciones para determinar en qué situación fue designado el conjuez Carlos Parellada, quien logró suspender temporariamente el proceso en contra de Romano en el Consejo de la Magistratura. Además, hay otra causa en la que se investigan las actuaciones de la jueza Olga Pura Arrabal, sospechada de mal desempeño en su cargo.

Ambos expedientes están a cargo de Daniel Ostropolsky, presidente del Colegio de Abogados de Mendoza y miembro del Consejo de la Magistratura. Casualmente, su hija, Claudia Ruth, fue designada prosecretaria administrativa por Olga Pura Arrabal. Todo un dato. 

Derechos Humanos y dignidad

Por Pablo Gabriel Salinas, Doctor en Derecho, 

autor de La Tortura en Argentina, 

abogado querellante en los juicios por 
crímenes  de Lesa Humanidad

Todos los represores están siendo juzgados por sus jueces naturales. No existía cosa juzgada porque las leyes de Punto Final y Obediencia Debida impidieron que se continuaran procesos en su momento, procesos que no concluyeron, por lo cual no existía cosa juzgada.

Con respecto a la decisión de la Presidencia de la Nación de instaurar el 24 de marzo como Día de la Memoria nada tiene de discutible ya que responde al saldo de 30 mil compañeros desaparecidos, a la lucha de años de los organismos de Derechos Humanos y a la toma de conciencia sobre las gravísimas consecuencias del terrorismo de Estado.
No existen dos historias o justicia total o dos demonios como pretende Solanet. En efecto, la Corte en la sentencia donde confirmó la nulidad de las leyes de impunidad descartó esta teoría con argumentos concretos y contundentes, fundamentalmente no es comparable, de ningún modo, un plan criminal desarrollado desde el Estado con la impunidad y control del aparato estatal y sus fuerzas armadas y de seguridad con actos insurgentes de organizaciones que no tenían control territorial y que al momento del golpe estaban diezmadas.
El terrorismo de Estado consiste básicamente en el dominio del aparato estatal para, a través de un aparato organizado de poder integrado por el Ejército con control operacional, secuestrar personas, por ejemplo a Lila de Marinis, y llevarla en camisón a altas horas de la noche en autos de civil para que la persona no aparezca más; las patotas se la llevan actuando con impunidad total y con los recursos provistos por el Estado.
Con respecto a la nulidad de las leyes de impunidad que tanto molesta a Solanet, debo decir que la Corte Interamericana en el caso “Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre) c/Perú” y en el caso “Almonacid Arellano c/Chile”, dejaron absolutamente claro que las leyes de impunidad son inoponibles al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por lo tanto nulas de nulidad absoluta, y en este camino se va pronunciando toda la más destacada jurisprudencia del continente: pronto se abrirán los juicios en Uruguay y donde ya se reabrieron las investigaciones en Chile y finalmente, tendremos un reimpulso de investigaciones en Brasil según lo manifestado por la presidenta Dilma Rousseff.
No se trata de venganza sino de justicia lo que estableció nuestra Corte, que por otra parte es la Corte Suprema de Justicia más prestigiosa que ha tenido el país, integrada por juristas de nota y de prestigio internacional.
En los fallos “Arancibia Clavel”, “Lariz Iriondo”, “Simón” y “Mazzeo”, la Corte no sólo no obedeció ninguna orden del Poder Ejecutivo como irresponsablemente dice este señor Solanet sino, por el contrario, aplicó los criterios sostenidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Barrios Altos” y “Almonacid Arellano”, pero también siguió la doctrina que ya había establecido el más alto Tribunal con otra integración en la causa “Eumekian” y en la “causa Priebke”, según la cual el derecho internacional de los Derechos Humanos debe ser respetado y los tratados y acuerdos contra la impunidad y dictaminando la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad deben ser juzgados y así fue con Priebke un Hauptsturmführer de la SS que fue encontrado en 1994 en Bariloche, Argentina, y con otro gobierno y otra Corte fue entregado a Italia, donde fue condenado en 1998 a prisión perpetua.
Por todos estos motivos es que la Corte Suprema no hizo más que aplicar la jurisprudencia y el derecho internacional; es decir, no hizo más que lo que le correspondía hacer al dictar los fallos que tanto agravian a Solanet y a todos los defensores del terrorismo de Estado. Dice Solanet y los defensores del terrorismo de Estado que se ha violado la cosa juzgada y el debido proceso legal y también la irretroactividad de la ley penal; como especialista en Derecho Penal puedo afirmar categóricamente y sin duda alguna que no se ha vulnerado ninguno de estos principios legales y que Solanet miente descaradamente.
En efecto, todos los represores están siendo juzgados por sus jueces naturales. No existía cosa juzgada porque las leyes de Punto Final y Obediencia Debida impidieron que, en su momento, se continuaran procesos, que no concluyeron por lo cual no existía cosa juzgada.
Tampoco se ha violado la irretroactividad de la ley penal, ya que la Argentina era parte desde 1948 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del pacto para la sanción del delito internacional de genocidio 1956, Pacto Interamericano contra la Tortura de 1975, de los Convenios de Ginebra de 1949 y en suma de todo el sistema internacional de Derechos Humanos que los represores y la Junta Militar no respetaron como tampoco la Ley 14.616 contra la Tortura, ni el Código Penal que establecía y establece el delito de Homicidio y Homicidio calificado.
Lo que está sucediendo en la Argentina en este momento que es el juicio a los responsables del ataque generalizado a la población civil más grande que existió en la historia argentina es mirado con admiración por el mundo entero.
Reconoce escasos antecedentes: el juicio de Nüremberg, el juicio a los Einsatzgruppen o también la Causa 9 seguida por el consejo aliado contra Otto Ohlendorf, el juicio a los coroneles griegos, el juicio a Karl Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961 (Eichmann era un Obersturmbannführer, es decir la más alta jerarquía de los SS y se presentó en el juicio diciendo que fue un simple administrativo y también proclamó que se le violaba su derecho a la irretroactividad de la ley penal y los principios legales). Luego, los juicios por Crímenes contra la Humanidad de Ruanda y de la ex Yugoslavia.
Todos estos antecedentes permiten decir que la Argentina está produciendo una página en la lucha contra la impunidad en el mundo. Así como los defensores de los nazis en Nüremberg, en el juicio a los Einsatzgruppen o en los juicios llevados adelante en contra de crímenes contra la humanidad en el mundo, siempre echan mano a los mismos argumentos defensivos y se agravian por considerar violados sus principios legales, principios que por otra parte ellos jamás respetaron con respecto a sus víctimas a las cuales secuestraron en horas de la noche, se apropiaron de sus hijos, torturaron hasta la muerte e hicieron desaparecer los cadáveres impidiendo a miles de familiares hacer el duelo y dar sepultura a sus muertos, todo el aparato del terrorismo de Estado les robó la muerte a nuestros compañeros y los privó de todo tipo de garantías y principios que ahora ellos consideran afectados porque se encuentran sencillamente presos.
Con respecto a las citas a Moreno Ocampo y Ledesma sólo puedo decir que son apreciaciones jurídicas que son utilizadas por Solanet para sostener sus argumentos pero que carecen de todo sustento en la más destacada jurisprudencia tanto Nacional como Internacional y no hay tribunal que haya receptado ninguno de estos planteos de prescripción, puesto que existe un tratado dictando la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, el cual es ley en Argentina.
Con respecto a lo sostenido por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en cuanto a que los juicios por crímenes contra la humanidad no tienen marcha atrás y son política de Estado y de los tres poderes, Solanet dice que con esto se comete un grosero prejuzgamiento cuando sencillamente el presidente de la Corte Suprema reafirma la división de poderes y reafirma el principio según el cual estos juicios fueron impulsados por todas las fuerzas políticas argentinas, comenzando por el juicio a las Juntas, que fue un hito histórico en Latinoamérica y que no lo produjo el partido gobernante, esto es parte de lo que Solanet oculta en sus afirmaciones para poder sostener argumentos de persecución política que no resisten el menor análisis.
Para Solanet el orden justo es el orden de la impunidad y como bien sostiene Eduardo Galeano que nos visitó recientemente: “La impunidad estimula al delincuente, o sea, lo peor que puede ocurrir es la impunidad. La impunidad multiplica la delincuencia. Si vos matás uno, dos, tres, 50 y no te pasa nada, después terminás asesinando a un gentío.”


(+) Respuesta al artículo de Alberto Solanet, publicado en el diario La Nación, titulado: “Derechos Humanos y Legalidad”.

artículo publicado en Tiempo Argentino