TRIBUNALES FEDERALES
Reclamo para que se destituya al juez Romano
Los organismos que defienden los derechos humanos exigen que sea separado de sus funciones por su complicidad con la última dictadura militar
FEDERICO LEMOS federico.lemos@elsoldiario.com.ar
EN LA PUERTA DEL PALACIO FEDERAL. Madres, familiares y ex presos exigieron justicia.
A raíz de haber cajoneado más de 300 expedientes y por tener 76 causas de crímenes de lesa humanidad, los organismos de derechos humanos (DDHH) de Mendoza pidieron la destitución del camarista federal Otilio Roque Romano. El abogado Pablo Salinas defendió la nueva composición de la Cámara Federal, que denomina "democrática", que apartó de las causas de DDHH a los jueces Julio Demetrio Petra y Alfredo López Cuitiño y al conjuez Enrique Sosa Arditi.
En cambio, "la vieja Cámara tenía parados 300 expedientes, a pesar de que los organismos de DDHH venían presentando pronto despacho para que fueran resueltos", acotó el letrado. "La nueva Justicia ha quedado acreditada con la destitución de Luis Miret por su complicidad con la última dictadura militar y por el procesamiento del doctor Walter Bento por 76 hechos de complicidad con la dictadura y crímenes contra la humanidad de Otilio Roque Romano.
Es una vergüenza que este señor siga siendo camarista federal y siga en este edificio nombrando personas, porque es la máxima autoridad junto con (Julio) Petra", contó Salinas. Los organismos le piden al Consejo de la Magistratura que termine con "la misma Justicia que actúo durante la dictadura". Romano tiene 46 hechos más que el juez destituido por este organismo, Luis Miret. Estos son argumentos suficientes para exigir que se acelere el proceso de destitución, interpretaron los peticionantes.
"La Justicia federal de Mendoza está en manos de esta persona –por Romano– acusada y procesada, hay pruebas suficientes para comprobar que fue partícipe en la tortura y desaparición de personas. Qué garantías pueden tener los mendocinos si sus casos y litigios están a cargo de una persona procesada por 76 hechos. Esto ha sido ocultado y los organismos luchamos por memoria, verdad y justicia", explicó Salinas. El Consejo tendrá un plenario el 29 de abril, por lo que los organismos de DDHH se están preparando para que se apure la resolución en contra de Romano.
También han recusado a un miembro del mismo Consejo, Daniel Ostropolsky, ya que consideran que no debería intervenir en ninguna de las causas donde estén involucrados Julio Demetrio Petra, Otilio Roque Romano, Olga Pura Arrabal o Carlos Parellada. "Ostropolsky no nos da garantía de imparcialidad y no queremos que intervenga en estas causas", señaló el abogado.
Por su parte, Mariú Carrera, familiar de víctimas de la dictadura, comentó que es imprescindible apurar el trámite contra Romano, porque "es necesario hacer justicia, ya que, finalmente, desde que en Mendoza comenzaron los juicios, hemos tenido contacto con un tribunal que es honesto y demuestra que sí hay justicia. Romano tiene que salir de acá. Pensamos que hay espacios de verdad y justicia en nuestra provincia", explicó Carrera. Otilio Romano está procesado en 76 causas por crímenes de lesa humanidad y es apuntado como el principal responsable de la demora de los expedientes.
Por otro lado, Julio Petra le brindó "impunidad" a todos los policías federales que participaron en los casos de Sánchez Andía y Romano Rivamar, explicaron los voceros de los organismos. Por último, Rolando Carrizo fue señalado por haber omitido promover las investigaciones correspondientes a la desaparición de personas, faltando a su obligación como juez.
En cambio, "la vieja Cámara tenía parados 300 expedientes, a pesar de que los organismos de DDHH venían presentando pronto despacho para que fueran resueltos", acotó el letrado. "La nueva Justicia ha quedado acreditada con la destitución de Luis Miret por su complicidad con la última dictadura militar y por el procesamiento del doctor Walter Bento por 76 hechos de complicidad con la dictadura y crímenes contra la humanidad de Otilio Roque Romano.
Es una vergüenza que este señor siga siendo camarista federal y siga en este edificio nombrando personas, porque es la máxima autoridad junto con (Julio) Petra", contó Salinas. Los organismos le piden al Consejo de la Magistratura que termine con "la misma Justicia que actúo durante la dictadura". Romano tiene 46 hechos más que el juez destituido por este organismo, Luis Miret. Estos son argumentos suficientes para exigir que se acelere el proceso de destitución, interpretaron los peticionantes.
"La Justicia federal de Mendoza está en manos de esta persona –por Romano– acusada y procesada, hay pruebas suficientes para comprobar que fue partícipe en la tortura y desaparición de personas. Qué garantías pueden tener los mendocinos si sus casos y litigios están a cargo de una persona procesada por 76 hechos. Esto ha sido ocultado y los organismos luchamos por memoria, verdad y justicia", explicó Salinas. El Consejo tendrá un plenario el 29 de abril, por lo que los organismos de DDHH se están preparando para que se apure la resolución en contra de Romano.
También han recusado a un miembro del mismo Consejo, Daniel Ostropolsky, ya que consideran que no debería intervenir en ninguna de las causas donde estén involucrados Julio Demetrio Petra, Otilio Roque Romano, Olga Pura Arrabal o Carlos Parellada. "Ostropolsky no nos da garantía de imparcialidad y no queremos que intervenga en estas causas", señaló el abogado.
Por su parte, Mariú Carrera, familiar de víctimas de la dictadura, comentó que es imprescindible apurar el trámite contra Romano, porque "es necesario hacer justicia, ya que, finalmente, desde que en Mendoza comenzaron los juicios, hemos tenido contacto con un tribunal que es honesto y demuestra que sí hay justicia. Romano tiene que salir de acá. Pensamos que hay espacios de verdad y justicia en nuestra provincia", explicó Carrera. Otilio Romano está procesado en 76 causas por crímenes de lesa humanidad y es apuntado como el principal responsable de la demora de los expedientes.
Por otro lado, Julio Petra le brindó "impunidad" a todos los policías federales que participaron en los casos de Sánchez Andía y Romano Rivamar, explicaron los voceros de los organismos. Por último, Rolando Carrizo fue señalado por haber omitido promover las investigaciones correspondientes a la desaparición de personas, faltando a su obligación como juez.
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