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sábado, 14 de enero de 2017

Repudio a la represión y violencia estatal

Desde el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Regional Mendoza, REPUDIAMOS la represión ejercida por el Estado argentino, en sus distintos estamentos, sobre sectores de nuestro pueblo que luchan por la defensa de legítimos derechos.

Nos encontramos por cumplir un año como testigos de la vulneración más burda del Estado de Derecho en Jujuy, a partir del presidio político de la dirigente social y diputada de UNASUR electa Milagro Sala. En sintonía, el accionar represivo y violento sobre la comunidad mapuche de Cushamen en Chubut, los trabajadores “manteros” del Barrio de Once en la Ciudad de Buenos Aires y los feriantes de la Feria Popular de Guaymallén en nuestra provincia, todos hechos ocurridos esta semana, evidencian que el gobierno en funciones está decidido a resolver la conflictividad social por la fuerza y en favor de los poderosos, muy lejos de su falaz prédica republicana y democrática de campaña.

De esta manera, el Estado busca crear y catalogar a su enemigo, como ya lo hizo alguna vez con los “subversivos”, “anarquistas”, “peronistas”, “comunistas” o incluso “gauchos”, cuando el gaucho era rebelde. En esa dirección, a la acostumbrada estigmatización sobre nuestros jóvenes-pobres-morochos, expresada en un alarmante aumento de los casos denominados como “gatillo fácil”, proyecta la baja de la punibilidad a los 14 años para incluirlos formalmente en el menú de persecución.

La fenomenal transferencia de ingresos hacia los sectores más ricos de nuestro país ejecutada en los primeros días del gobierno de Macri, fue la señal ineluctable del deterioro que actualmente, y camino a profundizarse, sufre la mayoría de nuestro pueblo.

Aquel gesto iniciático de la administración gobernante, comenzó a pagarse al instante, con un fenomenal ajuste financiado por la mayor deuda contraída en la historia argentina, acentuado con baja de salarios, flexibilización laboral y desempleo, tarifazos, recortes presupuestarios en ciencia, salud y educación, desprotección de niños y ancianos, desindustrialización, etc., desmantelando el tejido social y postergando a la pobreza a millones de compatriotas.

La reproducción natural de esa complicidad civil que aún buscamos juzgar y penar como partícipe, cómplice e instigadora del genocidio acaecido en la última dictadura, hoy se halla al frente del Estado, bajo el gobierno corrupto de los “CEOS” y el celoso blindaje mediático y judicial.

Por otra parte, advertimos que el cambio de rumbo político en la región tras la confluencia de gobiernos de tinte neoliberal, brinda las condiciones para que los Estados sumen a su actividad represiva, violenta e ilegal, cuotas de sistematización y coordinación. De manera análoga al funesto Plan Cóndor, y acoplados en el discurso dominante de intolerancia y xenofobia, la avanzada neoliberal acomete ferozmente sobre cualquier acción de amparo a los derechos humanos, sean estos económicos, culturales, sociales o políticos.

A modo de ejemplo, el asesinato político de la referente de la comunidad lenca de Honduras Berta Cáceres, en marzo pasado, y la agudización de la violencia y persecución a pobladores indígenas en Chile, Brasil, Perú y Paraguay revelan esta lógica.

El minucioso trabajo sobre el sentido común les redituó una vez más y los saqueadores de siempre ni siquiera disimulan sus colmillos. Su apetito, en esta nueva renovada fase extractivista, se centra sobre los aún abundantes recursos naturales de América Latina. En ese sentido, como denuncia el periodista Horacio Verbistky en una reciente publicación, los hechos son congruentes “con las definiciones del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que desde fines del siglo pasado insiste en ubicar entre las ‘nuevas amenazas’ a la seguridad al indigenismo o el nacionalismo indígena, junto con el terrorismo, el narcotráfico y el populismo radical”.

Es a partir del ejercicio de la Memoria, la búsqueda de la Verdad y la lucha por la Justicia, que instamos humildemente a resistir y luchar, a tomar partido y comprometerse con la acción, a neutralizar el miedo y solidarizarse, a denunciar y hacer visible cada acto que vulnere nuestra condición humana.

La historia transcurre tiempos complejos y se reitera hostil con los más débiles. Por lo que como buenos aprendices debemos izar las banderas de nuestros 30.000 compañeras y compañeros detenidos - desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!

lunes, 15 de agosto de 2016

Declaración del Colectivo de abogadxs querellantes en causas por crímenes de Lesa Humanidad

El Colectivo de abogados y abogadas querellantes en causas por crímenes de Lesa Humanidad se reunieron en las IV Jornadas Nacionales en la ciudad de Buenos Aires. Compartimos el documento que elaboraron y en el cual manifiestan, entre otros puntos, la necesidad de que se declare el estado de emergencia judicial en las causas donde se investigan delitos de lesa humanidad. 
El gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2015, niega la magnitud del genocidio perpetrado contra nuestro pueblo, utiliza la retórica discursiva de los represores, se refiere al Terrorismo de Estado como “Guerra sucia” y retrotrae las políticas públicas vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia, fundamentales para el sostenimiento del proceso del juzgamiento a sus responsables.

En este marco, notamos con enorme preocupación que buena parte del Poder Judicial se ha acomodado a estos tiempos, dictando resoluciones infundadas relacionadas a prisiones domiciliarias, faltas de mérito o absoluciones en casos en los que existe abundante prueba sobre las responsabilidades de los imputados.

El proceso de juzgamiento de los responsables de los graves crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar es ejemplo a nivel internacional de la posibilidad de alcanzar justicia por medio de los tribunales nacionales y con las mismas normas y herramientas legales vigentes.

Para este Colectivo de Abogadxs los desafíos del presente ya no sólo se centran en la lentitud y fragmentación de los juicios en marcha o en las estrategias a desarrollar para lograr el más urgente juzgamiento a los responsables militares y civiles de la dictadura. Hoy también la preocupación gira en torno al cómo frenar el avance del accionar reaccionario y negacionista del gobierno de Macri.

Cuando el Secretario de Derechos Humanos de la Nación recibe en la ex ESMA a familiares de genocidas que reivindican el golpe de 1976, o sugiere que todos los represores mayores de 70 años deben irse a sus casas, busca transformar en olvido, símbolos y espacios conquistados a través de la lucha y el compromiso del Movimiento de Derechos Humanos y de buena parte de la sociedad.

Nuestra respuesta se suma a la de miles de familiares y víctimas en todo el país: el rechazo a toda acción que atente contra la Memoria, la Verdad y la Justicia, su denuncia en ámbitos nacionales e internacionales, y el pedido de renuncia a quienes sostengan discursos negacionistas o que reivindiquen la “teoría de los dos demonios” y el Terrorismo de Estado.
Reafirmamos nuestra decisión de perseguir justicia ante los tribunales nacionales e internacionales, denunciar por todos los medios a nuestro alcance el vaciamiento, desmantelamiento y la desfinanciación de los organismos estatales directamente relacionados con lo que ha sido en estos años política de Estado en la Argentina y a seguir nuestra lucha también en las calles y plazas.

Porque creemos firmemente en la consigna de Juicio y castigo a todos los culpables que las Madres, las Abuelas y Familiares nos enseñaron, estaremos junto a los Organismos de Derechos Humanos, querellantes, comisiones por la Memoria, sindicatos y organizaciones sociales, en la convocatoria que todos ellos han lanzado para el próximo 12 de septiembre en el Auditorio de la Cámara de Diputados, a fin de pensar de manera colectiva las acciones conjuntas para consolidar y reafirmar nuestra lucha histórica.

Junto a las reflexiones y debates mantenidos en estas Jornadas, en las que evocamos a los cientos de abogadas y abogados que marcaron el camino en tiempos difíciles, hemos resuelto reclamar a los Poderes Públicos que: 
La Memoria, la Verdad y la Justicia sigan siendo política de Estado.

Se declare el Estado de emergencia judicial en causas en la que se investigan crímenes de lesa humanidad y se dispongan todos los mecanismos legales, procesales y administrativos que garanticen que estos juicios cumplan con el principio de continuidad, Justicia pronta y activa.

Denunciar en los ámbitos internacionales las practicas políticas negacionistas del Gobierno Nacional y los intentos de materializar la impunidad, en connivencia con jueces y funcionarios del Poder Judicial.

Solicitar una urgente reunión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura, para exigir un diagnostico exhaustivo del estado de situación de los procesos en todo el país y requerir la puesta en marcha de mecanismos que apunten a la aceleración de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Finalmente, este Colectivo repudia enérgicamente la persecución política, el hostigamiento, la represión y criminalización de lxs trabajadorxs y militantes populares que el actual gobierno viene desplegando. En particular es de destacar la detención ilegal de Milagro Sala y de diez integrantes de la organización Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, todos ellos presos políticos de los gobiernos de Morales y Macri, y el frustrado intento de arresto de Hebe de Bonafini en Buenos Aires.
Creemos firmemente que estas prácticas son contrarias al Estado de Derecho y dañan a la Democracia que tanto nos costara recuperar.
Reafirmamos que no estamos dispuestos a retroceder en nuestras conquistas, tolerar la impunidad ni aceptar el olvido.

30.000 compañeros y compañeras detenidxs desaparecidxs: PRESENTES – AHORA Y SIEMPRE!