martes, 30 de agosto de 2016

El MEDH pidió perpetua para el exteniente acusado de la supresión de identidad de la primera nieta recuperada en Mendoza

Por la supresión de identidad y falsedad ideológica en perjuicio de la primera nieta recuperada en Mendoza, Celina Manrique Terrera, y el secuestro y asesinato de sus padres, Laura Noemí Terrera y Alfredo Manrique, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) pidió prisión perpetua para Paulino Furió, quien fuera Jefe de la División Inteligencia II con el grado de Teniente Coronel. Fue en la segunda jornada de acusaciones del MEDH en el Megajuicio de Lesa Humanidad contra exjueces, expolicías y exmilitares.

Por el caso de Celina también fue acusado Otilio Romano por omisión de investigar.


La lectura de la acusación de este martes estuvo a cargo de Pablo Salinas y Viviana Beigel -quien también representa en el juicio a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre-. Ambos reiteraron las responsabilidades de jefes policiales en la ejecución del plan sistemático de represión estatal.

Salinas enfocó en la responsabilidad de comisarios y policías de la Comisaría 16, de Las Heras, en torno a los casos de Eva Fernández, Imanol Gutiérrez y Juan Montecino, todos víctimas del terrorismo de Estado.

Por sus destinos fueron acusados Héctor Camargo y Miguel y Juan Carlos Ponce, todos con labores en la citada comisaría.

Después Salinas acusó y pidió perpetua para Paulino Furió por supresión de identidad de una menor de 10 años y por sustracción, retención y ocultación de una menor de 10 años del poder de sus padres, y por el secuestro y el homicidio doblemente agravado de sus progenitores. Furió ya ha sido condenado anteriormente a perpetua en anteriores juicios por lesa humanidad en Mendoza.

La declaración de Celina y sus tíos

En marzo de 2015, Celina Manrique Terrera brindó su testimonio en el Megajuicio.

Guiada por la Fiscalía, Celina relató sobre su infancia y la vida con sus apropiadores. “Nunca tuve ninguna sospecha sobre nada”, expresó al Tribunal y agregó: “Me dijeron que me habían encontrado en la calle”. Esto ocurrió en julio de 1977, cuando fue inscripta con el nombre Silvina, el 25 de marzo de 1977.

En la actualidad Celina recuperó el contacto con familiares de sus padres biológicos, “pero no se toca el tema, porque piensan que me hace mal”, expresó en su breve testimonio ante el tribunal.

Además de Celina, declararon integrantes de su familia Terrera sobre la desaparición de Laura Terrera y su esposo Alfredo Manrique; los padres de la joven.

Raúl Alberto Terrera y María Mercedes Terrera se refirieron a la desaparición de su hermana, Laura Noemí Terrera, y de  su compañero,Alfredo Manrique, y a la apropiación ilegal de la hija de ambos.

Tanto Raúl como María Mercedes recordaron a Laura como una excelente estudiante de la Escuela Normal y docente en escuelas de Lavalle. Sobre Alberto Manrique recordaron que trabajaba en el área contable de la Facultad de Ciencias Económicas mientras estudiaba Contaduría. Ambos militaban en la Juventud Peronista.

“Yo le dije que podía prestarle dinero para que se fuera del país, sabiendo que las cosas no estaban bien”, expresó Raúl al recordar uno de los últimos contactos que tuvo con su hermana. Corría por entonces el mes de diciembre de 1976. El 25 de julio del año 1977, tras un viaje a San Juan, el matrimonio nunca más retornó a la provincia.


“Mi hermana le había dicho a mi madre que si se perdía, presentara un Habeas Corpus”, expresó el testigo describiendo el contexto que transitó la familia para dar con el paradero de Laura. Al producirse la desaparición, la búsqueda llevó a la familia Terrera al D2 y al Liceo Militar.

FUENTE: www.explicitoonline.com "Periodismo sin maripositas"

lunes, 15 de agosto de 2016

Declaración del Colectivo de abogadxs querellantes en causas por crímenes de Lesa Humanidad

El Colectivo de abogados y abogadas querellantes en causas por crímenes de Lesa Humanidad se reunieron en las IV Jornadas Nacionales en la ciudad de Buenos Aires. Compartimos el documento que elaboraron y en el cual manifiestan, entre otros puntos, la necesidad de que se declare el estado de emergencia judicial en las causas donde se investigan delitos de lesa humanidad. 
El gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2015, niega la magnitud del genocidio perpetrado contra nuestro pueblo, utiliza la retórica discursiva de los represores, se refiere al Terrorismo de Estado como “Guerra sucia” y retrotrae las políticas públicas vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia, fundamentales para el sostenimiento del proceso del juzgamiento a sus responsables.

En este marco, notamos con enorme preocupación que buena parte del Poder Judicial se ha acomodado a estos tiempos, dictando resoluciones infundadas relacionadas a prisiones domiciliarias, faltas de mérito o absoluciones en casos en los que existe abundante prueba sobre las responsabilidades de los imputados.

El proceso de juzgamiento de los responsables de los graves crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar es ejemplo a nivel internacional de la posibilidad de alcanzar justicia por medio de los tribunales nacionales y con las mismas normas y herramientas legales vigentes.

Para este Colectivo de Abogadxs los desafíos del presente ya no sólo se centran en la lentitud y fragmentación de los juicios en marcha o en las estrategias a desarrollar para lograr el más urgente juzgamiento a los responsables militares y civiles de la dictadura. Hoy también la preocupación gira en torno al cómo frenar el avance del accionar reaccionario y negacionista del gobierno de Macri.

Cuando el Secretario de Derechos Humanos de la Nación recibe en la ex ESMA a familiares de genocidas que reivindican el golpe de 1976, o sugiere que todos los represores mayores de 70 años deben irse a sus casas, busca transformar en olvido, símbolos y espacios conquistados a través de la lucha y el compromiso del Movimiento de Derechos Humanos y de buena parte de la sociedad.

Nuestra respuesta se suma a la de miles de familiares y víctimas en todo el país: el rechazo a toda acción que atente contra la Memoria, la Verdad y la Justicia, su denuncia en ámbitos nacionales e internacionales, y el pedido de renuncia a quienes sostengan discursos negacionistas o que reivindiquen la “teoría de los dos demonios” y el Terrorismo de Estado.
Reafirmamos nuestra decisión de perseguir justicia ante los tribunales nacionales e internacionales, denunciar por todos los medios a nuestro alcance el vaciamiento, desmantelamiento y la desfinanciación de los organismos estatales directamente relacionados con lo que ha sido en estos años política de Estado en la Argentina y a seguir nuestra lucha también en las calles y plazas.

Porque creemos firmemente en la consigna de Juicio y castigo a todos los culpables que las Madres, las Abuelas y Familiares nos enseñaron, estaremos junto a los Organismos de Derechos Humanos, querellantes, comisiones por la Memoria, sindicatos y organizaciones sociales, en la convocatoria que todos ellos han lanzado para el próximo 12 de septiembre en el Auditorio de la Cámara de Diputados, a fin de pensar de manera colectiva las acciones conjuntas para consolidar y reafirmar nuestra lucha histórica.

Junto a las reflexiones y debates mantenidos en estas Jornadas, en las que evocamos a los cientos de abogadas y abogados que marcaron el camino en tiempos difíciles, hemos resuelto reclamar a los Poderes Públicos que: 
La Memoria, la Verdad y la Justicia sigan siendo política de Estado.

Se declare el Estado de emergencia judicial en causas en la que se investigan crímenes de lesa humanidad y se dispongan todos los mecanismos legales, procesales y administrativos que garanticen que estos juicios cumplan con el principio de continuidad, Justicia pronta y activa.

Denunciar en los ámbitos internacionales las practicas políticas negacionistas del Gobierno Nacional y los intentos de materializar la impunidad, en connivencia con jueces y funcionarios del Poder Judicial.

Solicitar una urgente reunión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura, para exigir un diagnostico exhaustivo del estado de situación de los procesos en todo el país y requerir la puesta en marcha de mecanismos que apunten a la aceleración de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Finalmente, este Colectivo repudia enérgicamente la persecución política, el hostigamiento, la represión y criminalización de lxs trabajadorxs y militantes populares que el actual gobierno viene desplegando. En particular es de destacar la detención ilegal de Milagro Sala y de diez integrantes de la organización Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, todos ellos presos políticos de los gobiernos de Morales y Macri, y el frustrado intento de arresto de Hebe de Bonafini en Buenos Aires.
Creemos firmemente que estas prácticas son contrarias al Estado de Derecho y dañan a la Democracia que tanto nos costara recuperar.
Reafirmamos que no estamos dispuestos a retroceder en nuestras conquistas, tolerar la impunidad ni aceptar el olvido.

30.000 compañeros y compañeras detenidxs desaparecidxs: PRESENTES – AHORA Y SIEMPRE!


jueves, 11 de agosto de 2016

El MEDH estuvo representado en las V Jornadas Nacionales de Salud Mental y DDHH

La licenciada Viviana Demaría, integrante del MEDH Regional Mendoza, fue enviada por el Colegio de Psicólogos de Mendoza ante la Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, para disertar acerca de Género y Crímenes Sexuales durante la dictadura.

La cita fue en la provincia de La Pampa, los días 4, 5 y 6 de agosto y el eje temático central de las Jornadas fue “Los Derechos Humanos en el actual contexto socio-político”.


La actividad contó con la presencia de Vera Jarach – Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el ex titular de la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad (Procunar) dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación y actual fiscal de la Oficina de Enlace Legislativo de la Procuración  Dr. Felix Crous; el Dr. Miguel Palazzani – Fiscal General en causas de Lesa Humanidad y titular de la Procuvin; la Lic. Alicia Stolkiner – Coordinadora del Equipo Interdiscipilario Auxiliar de la Justicia de CONADI y asesora del Centro de Atención a Víctimas de Violaciones de DDHH de la Secretaría de DDHH, Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación; el compromiso de la Universidad Nacional de La Pampa con una nutrida exposición fotográfica acerca de los últimos avances en la causa del Pozo de Vargas, una galería dedicada a la Memoria y otra a la lucha contra la trata de personas y profesionales de trayectoria nacional.


El trabajo que presentó Demaría nació por solicitud del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Mendoza en el cual participa del equipo de trabajo de la Red por la Identidad. La finalidad del mismo, fue aportar una mirada específica para acompañar los alegatos llevados adelante en la Megacausa – Juicio a los Jueces, en el área de Género y Crímenes Sexuales perpetrados durante la Dictadura. Así fue presentado y luego de la exposición, se desarrolló un diálogo con el auditorio donde se visibilizó –  en otras latitudes –  el complejo y arduo trabajo que viene realizando el Movimiento Ecuménico


Según expresó la especialista, "el vínculo entre Salud Mental y DDHH es el paradigma actual, fruto de intensas luchas iniciadas por los Organismos de DDHH y continuada por los colectivos de salud que tanto han trabajado para conquistar la plena vigencia de los DDHH en la vida dinámica de la sociedad. Es por esto que participar de encuentros que propendan a mantener la vigencia de los DDHH, formar a los profesionales de la salud en este paradigma y divulgar la tarea de los organismos es de suma importancia. En estos tiempos donde se pone en permanente interrogación por parte del gobierno actual, la vigencia y el reconocimiento de los DDHH como eje vertebrador de la vida en sociedad, participar de espacios que visibilicen esta temática es urgente, necesario e impostergable".

Para acceder a la ponencia, haga pinche aquí: Violencia de género, crímenes sexuales y Dictadura