La Universidad Nacional de San Luis convoca a la presentación de candidatos al premio "Mauricio López" 2018

Mediante la resolución 1041/18, la entidad académica abrió la convocatoria a postulantes a recibir la tradicional distinción que otorga anualmente a personas o instituciones que se hayan destacado en la promoción y defensa de los Derechos Humanos y acrediten una trayectoria a tales propósitos.

La presentación de candidatos permanecerá abierta desde el 1 de setiembre al 15 de octubre de 2018 inclusive.

El jurado encargado de evaluar las postulaciones al premio y/o las menciones estará integrado por un representante de las instituciones mencionadas a continuación: Universidad Nacional de San Luis, Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios (SiDIU), Asociación del Personal de la Universidad Nacional de San Luis (APUNSL), Federación Universitaria de San Luis (FUSL), Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Asamblea Permanente de los Derechos Humanos - Delegación San Luis y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos - Regional Mendoza". 

Los requisitos para la presentación de candidaturas se detallan en el Anexo I de la resolución (clic aquí).

Repudio a los ataques del gobierno nacional a Gils Carbó

Ante las declaraciones de importantes representantes del oficialismo respecto a una nueva embestida del Gobierno nacional para lograr remover a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de su cargo por decreto, los organismos de derechos humanos manifestamos nuestro firme compromiso con las instituciones democráticas y con los mecanismos establecidos para garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal, en línea con lo establecido por el constituyente en la reforma del año 1994.

No habiendo el Poder Ejecutivo encontrado las causales para un juicio político, ni los votos para imponerlo, sigue adelante en su carrera por el disciplinamiento judicial, presionando y hostigando a los distintos actores judiciales para que se sometan a intereses ajenos a lo que exige su función.

Los organismos de Derechos Humanos hemos encontrado en la actual gestión del Ministerio Público Fiscal, el desarrollo de líneas de trabajo e intervención que ha permitido jerarquizar la investigación de distintos tipos de criminalidad así como promover la defensa de derechos, junto a las víctimas.

La Dra. Gils Carbó ha promovido un Ministerio Público Fiscal orientado a la defensa de derechos, con un compromiso ineludible con el proceso de justicia por los crímenes del terrorismo de Estado, las investigaciones para la búsqueda de las más de 300 nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar que aún falta encontrar, la investigación de las redes de trata, la violencia policial y contra las mujeres.

Por todo lo expresado, rechazamos el hostigamiento y la injerencia inconstitucional que pretende el Poder Ejecutivo sobre la Procuración General de la Nación y denunciamos estas maniobras como parte de una clara estrategia para debilitar la actual gestión y la independencia del Ministerio Público Fiscal.

Abuelas de Plaza de Mayo

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticos

H.I.J.O.S. Capital

Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte

Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

Asociación Buena Memoria

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – La Matanza

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Fundación Memoria Histórica y Social Argentina

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de julio de 2017ndependencia del Ministerio Público Fiscal, en línea con lo establecido por el constituyente en la reforma del año 1994.

Murió la mujer que descifró y reveló el funcionamiento del terrorismo de Estado en Mendoza, una Imprescindible

FOTO: Aldo Yebra

Con enorme dolor, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos - Regional Mendoza informa que hoy, lunes 6 de marzo de 2017, ha fallecido Elba Lilia Morales. Su velatorio se realizará en Cochería Casa Flores, Perito Moreno 987 de Godoy Cruz, hasta las 15 horas del martes 7 de marzo para ser acompañados hasta el cementerio de Godoy Cruz.

Elba nació en la provincia de Río Negro el 15 de Febrero de 1938. Estaba radicada en Mendoza desde 1967. Realizó estudios primarios y secundarios en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Trabajó en un estudio jurídico en Chubut, en la Legislatura de esa provincia y en el diario de Trelew.

En Mendoza, Elba Morales dedicó la mayor parte de su vida a la defensa y vigencia de los derechos humanos. Trabajó en el acompañamiento a las familias chilenas refugiadas en Mendoza luego del golpe de Estado de 1973 y luego en la organización para que esos refugiados pudieran salir hacia Alemania.

Se desempeñó en la Comisión de Familiares que participó en la reconstrucción de los hechos cometidos durante el terrorismo de Estado en Mendoza, y en la elaboración y presentación de denuncias y querellas ante la Justicia Federal. Elba continuó con esa tarea a pesar de la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impedía el juzgamiento de aquellos crímenes con el convencimiento de que algún día los responsables de esos delitos aberrantes serían llevados ante un tribunal. Hecho que finalmente ocurrió.

En 1987 ingresó a la Fundación Ecuménica de Cuyo para desempeñarse en tareas de apoyo económico y asistencia a las familias víctimas de la última dictadura cívico militar. También, su tarea consistía en la aplicación de diversas normas a favor de los sobrevivientes del genocidio.

A partir del 2003, con la reapertura de los juicios contra los autores de delitos de lesa humanidad, Elba participó activamente en la elaboración de denuncias y querellas.

Junto con María Gil de Camín, la “Pocha”, Elba realizó investigaciones para dar con la nieta apropiada Celina Manrique Terrera logrando la restitución de su identidad y descubrió el Campo Las Lajas, lugar utilizado por la Fuerza Aérea como Centro Clandestino de Detención que permaneció oculto por más de 25 años. A partir de ahí dirigió y coordinó las tareas de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en ese lugar del piedemonte lasherino.

FOTO: Mariela Alcalde

Por su compromiso de vida y militancia recibió en 2006 por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales un reconocimiento en el marco del 30 aniversario del Golpe de Estado de 1976.

En 2011 Elba recibió el Premio Mauricio López entregado por la Universidad Nacional de San Luis y un reconocimiento en el Día de la Mujer por parte de la Legislatura de Mendoza por su labor en derechos humanos.

En ese año también fue distinguida con el Premio Jorge Olagaray por su labor incesante en la defensa de los DDHH en el marco de las XI Jornadas Nacionales de Salud Mental y DDHH.

En 2012 la Asociación de cesanteados y ex presos políticos “27 de octubre” le dio un reconocimiento por la permanente colaboración.

En 2014 fue distinguida como "Ciudadana Ilustre" por la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Las Heras.

A los 79 años murió Elba Morales, apoderada legal del MEDH – Regional Mendoza, una mujer que es emblema de militancia, solidaridad, coraje y valentía. Una mujer que dejó un legado Imprescindible de compromiso con la defensa de los derechos humanos, sobre todo, en tiempos difíciles.

RECHAZO A LA POSTULACIÓN DE DE CASAS A LA CIDH

El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos - Regional Mendoza expresa su rechazo a la candidatura presentada por el gobierno de Macri a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Carlos Horacio De Casas, fue defensor de Enrique Blas Gómez Saa, uno de los represores que consiguió no ser procesado en los juicios de lesa humanidad que se realizan en Mendoza, arguyendo incapacidad mental.

Pero De Casas no sólo es defensor de un genocida, también es defensor de un hombre del poder acusado de ejercer violencia de género en reiteradas oportunidades. Ha defendido también a usurpadores de familias campesinas en Jocolí.

Por investigaciones periodísticas también se lo encuentra vinculado a banqueros vaciadores, lo que constituye una constante en su derrotero que no nos resulta indiferente o achacable al desempeño profesional, siempre del lado de genocidas, violentos y evasores todopoderosos, siendo sus víctimas aquellas que el movimiento de derechos humanos defiende. 

Asimismo, consideramos repudiables sus expresiones sobre la diversidad sexual, los derechos reproductivos de las mujeres y la libertad de expresión, en franca confrontación ideológica con derechos humanos esenciales.

De Casas es un candidato a la medida de este gobierno que intentó modificar el feriado del 24 de marzo, que quiso nombrar por decreto miembros de la Corte Suprema, que mantiene entre sus funcionarios a partidarios de teorías negacionistas del genocidio y del Terrorismo de Estado.

Se entiende que este gobierno haya postulado a De Casas pues este gobierno no tiene nada que ver con la defensa de los derechos humanos, diariamente avasallados por razzias, gatillo fácil, despidos, represiones y la inconcebible prisión de Milagro Sala.

Feriado del 24 de marzo

El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Filial Mendoza y la Asociación Ecuménica de Cuyo expresan su profundo rechazo por la decisión llevada adelante por el gobierno de Macri acerca de modificar la conmemoración del 24 de marzo convirtiendo en feriado móvil esa fecha, a través de un DNU, como acostumbra a realizar este gobierno autoritario.

La inclusión dentro de los feriados móviles para la emblemática fecha del 24 de marzo se incluye dentro de la serie constante y vergonzosa de agravios e insultos hacia las conquistas en materia de Derechos Humanos, además de ser una labor cotidiana promovida por el Estado en favor de la desmemoria y el borramiento de la historia de los argentinos.
La historia como la memoria se construye de recuerdos y olvidos, se signos y símbolos que nos ayudan a referenciarnos como pueblo y que en definitiva habla de los valores que como sociedad anhelamos defender y  enarbolar día  tras día.

Es en este sentido que el constante avasallamiento que Macri y Avruj le propende a los signos y símbolos de la lucha y defensa de los Derechos Humanos en nuestro país, es y debe ser leído como un ofensa y un acto de cinismo hacia el pueblo argentino en su totalidad y hacia los organismos y las víctimas en particular. Este gesto habla de la indignidad de la que son portadores los cómplices del Terrorismo de Estado, que hoy nos gobiernan a través del voto, arrastrándonos nuevamente a los días oscuros para nuestra patria.

Hoy como ayer, resistiremos los embates de los que pretenden oprimir a nuestro pueblo desde las ideas y las políticas económicas y sociales.

Convocamos a todos los mendocinos a repudiar este acto infame con la más enorme y masiva Marcha para este próximo 24 de Marzo.

30 mil Compañeros Detenidos Desaparecidos, 

Presentes, Hoy y Siempre 

La Fundación Internacional Front Line Defenders destacó la tarea del MEDH en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia

Al tiempo que Front Line Defenders lanza un nuevo documental, Memoria, Verdad y Justicia, sobre la lucha por justicia de los/as DDH y las familias de los desaparecidos/as en la Argentina, Mary Lawlor reflexiona sobre la razón por la que estos casos son tan importantes en la lucha actual por los derechos humanos.

Han transcurrido casi 40 años desde que la dictadura militar en Argentina inició lo que se dio a conocer como la "guerra sucia" contra su propio pueblo, por lo menos contra aquellos argentinos/as sospechados de simpatizar con la izquierda. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Argentina determinó un número de 9.000 personas desaparecidas, mientras que otros llevan esa cifra alrededor de los 30.000. Probablemente nunca sabremos cuántas personas fueron llevadas en medio de la noche para ser abusadas, golpeadas o torturadas. Algunas fueron asesinadas y enterradas en tumbas anónimas; otras, trasladadas en helicópteros del ejército y -al sobrevolar el mar- arrojadas vivas al océano, donde nunca serán halladas. Esta campaña de terror se sustentó en un sistema de secuestros, asesinatos, arrestos y detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.

Para la mayoría de quienes están leyendo este blog, todo esto ocurrió hace mucho tiempo, es historia antigua, tan relevante en esta era tecnológica como los rollos del Mar Muerto. Pero para quienes tomamos conciencia de los derechos humanos en la década de los años setenta y ochenta, este fue un tiempo de definiciones, donde era necesario tomar partido. La crueldad y barbarie de lo actuado por la dictadura en la Argentina (y por otros varios gobiernos represivos) fue tal que la canción "Venceremos" se convirtió en la bandera de lucha de quienes hacen campaña por los derechos humanos en todo el mundo.

Ahora bien. ¿Por qué volver atrás, traer todas esos recuerdos y reabrir las heridas del pasado que, en muchos casos jamás cerraron? ¿Qué se gana con ello?

El delito de la desaparición forzada, y la consiguiente impunidad que lo instiga, afecta a múltiples generaciones: padres, abuelos, hijos, hermanos y hermanas deben encarar toda una vida sin saber qué ocurrió; se les niegan la verdad y el acceso a la justicia.

El impacto de estos crímenes contra la humanidad fue más allá del círculo íntimo de la familia y amigos de los/as desaparecidos/as. Las desapariciones ejercieron una influencia que corroe y corrompe todo el espectro social. Contaminaron al ejército o fuerza policial que perpetró las acciones, a la administración civil que proveyó el contexto burocrático de respaldo mediante sus servicios, a los jueces y al sistema jurídico que cubrió la legalidad espuria de los delitos cometidos, al sistema político que los justificó en el nombre de la estabilidad y la seguridad y a los medios de comunicación que ayudaron a difamar a quienes durante décadas exigieron justicia.

En muchos de los casos los perpetradores siguen allí. Siguen creyendo que su causa es correcta y que actuaron en favor de los intereses de la nación. Permanecen "por debajo del alcance del radar" en sus clubes de tenis y residencias, confiados en que nunca serán juzgados. Todos los activistas y abogados/as que participaron en este documental sufrieron amenazas. Algunos/as en forma directa y brutal, otros de manera más sutil, como al preguntarles por la salud de su pareja o si sus hijos siguen asistiendo a la misma escuela. Simplemente les hacen saber: "Sabemos dónde vives".

Investigar estos crímenes es importante porque constituye un espejo hacia el pasado y traslada lo ocurrido desde reino del mito y la propaganda hacia hechos indiscutibles. Enfrentar la verdad de lo sucedido nos ayuda a volver a articular aquello que nos define como naciones e individuos, reafirmando lo que compartimos y los valores que sostenemos. También nos ayuda a recordar a la actual generación la sabiduría de aquel antiguo dicho "el precio de la libertad es una eterna vigilancia" y su responsabilidad para asegurar que las palabras Nunca Más sean más que un eslogan pintado en una pancarta.

La investigación sobre las desapariciones en Argentina y los consiguientes juicios a los perpetradores nos revela el papel crucial de la sociedad civil y los/as defensores/as de derechos humanos. Sin el trabajo realizado durante décadas por defensores y defensoras, inclusive las madres y abuelas de Plaza de Mayo, estos actos vergonzosos habrían terminado en algún cajón del olvido de la historia. Pero ellos reunieron pacientemente la evidencia, los testimonios de los testigos, señalaron los centros de tortura y las fosas comunes y mantuvieron el tema vivo en la conciencia pública, y lo hicieron a pesar de las amenazas, la intimidación y la soledad de una campaña a largo plazo, que exige mucho sacrificio para ser llevada hasta el fin. Y por supuesto, a pesar del dolor de haber sido victimizados o de haber perdido a un ser amado, ya que muchos/as de estos DDH fueron víctimas ellos mismos.

Al buscar justicia por quienes sufrieron en la Argentina, estos valientes hombres y mujeres nos recuerdan que todavía tenemos responsabilidades para con quienes sufren en Irlanda del Norte, en Colombia, en la República Democrática de Congo, en Serbia y Bosnia, que siguen sufriendo porque quienes esgrimen el poder -o simplemente un arma de fuego- sienten que pueden cometer cualquier atrocidad y salirse con la suya. La impunidad niega la posibilidad de justicia, y sin justicia y asignación de responsabilidades, las promesas de la Declaración Universal de Derechos Humanos constituyen solo palabras vacías impresas en un papel.

Reflexión de Elba Morales, apoderada legal del MEDH, sobre la mentada "reconciliación" planteada por el gobernador cordobés, José Manuel De la Sota. Gentileza: Radio Nacional Mendoza

http://radionacionalmendoza.blogspot.com.ar/2013/05/cuestionamientos-al-bano-de.html?spref=tw

COMUNICADO DE PRENSA

Se firmó convenio para continuar con la búsqueda de restos de detenidos
desaparecidos en Las Lajas, entre la Universidad Nacional de San Luis y el
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Regional Mendoza.

El objetivo es continuar con el trabajo pericial y exploratorio que ambas instituciones vienen
realizando conjuntamente en el Campo perteneciente a la Fuerza Aérea, para localizar
probables enterramientos clandestinos de víctimas de la última dictadura cívico-militar y, en
caso positivo, la identificación de restos humanos.

Foto: MEDH

La sede del rectorado de la universidad puntana fue el escenario en el cual, el pasado 26 de octubre,
con la presencia de las autoridades de ambas instituciones y de los medios de comunicación, se firmó el
convenio N° 503, homologado por la resolución 24/06, entre la Universidad Nacional de San Luis (UNSL)
y la Asociación Ecuménica de Cuyo (AEC), entidad a la que está integrada el Movimiento Ecuménico por
los Derechos Humanos – Regional Mendoza (MEDH), principal querellante en los juicios por delitos de
lesa humanidad en la provincia de Mendoza.

Rubricaron el convenio la Lic. Nelly Esther Mainero, Vicerrectora de la UNSL; el Dr. Félix Nieto Quintas,
decano de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales; la Lic. María Rosa Goldar, presidenta
de la AEC y la apoderada legal del MEDH, la Sra. Elba Morales.

El acuerdo fortalece la colaboración mutua que ambas instituciones emprendieron a partir del 2004,
año en que se efectivizó formalmente la denuncia ante la Justicia Federal acerca del funcionamiento
de un centro clandestino de detención (CCD) en el Campo Las Lajas, perteneciente a la IV Brigada de la
Fuerza Aérea.

La UNSL tiene un especial interés en la causa, pues según la investigación y recopilación de datos
realizada por el MEDH, el CCD Las Lajas fue el lugar donde se lo vio por última vez con vida al
reconocido intelectual Mauricio Amílcar López, quien fue nombrado en 1973 como primer Rector de esa casa de estudios, cargo que ocupó hasta el 24 de marzo de 1976. Tiempo después, el 1 de enero de
1977, fue secuestrado de su domicilio familiar de Mendoza. López, por otro lado, fue cofundador, en
1970, de la actual Asociación Ecuménica de Cuyo, en aquel momento bajo la denominación Instituto
para la Liberación y Promoción Humana.

Profesor Mauricio López.

Foto: Archivo AEC

El convenio suscrito resuelve las dificultades para conseguir los recursos que venía arrastrando el
MEDH, que ahora podrá aportar a su querella la continuidad y profundización de las pericias necesarias
para establecer su empecinada y comprometida búsqueda de los restos de los desaparecidos en
Mendoza.

El mencionado tratado estipula que la UNSL pone a disposición los recursos humanos, tecnológicos y
científicos del gabinete de su Departamento de Geología, bajo los lineamientos de los investigadores
David Aguilera y Aldo Giaccardi. En tanto que el MEDH se compromete a aportar la sistematización,
análisis y la comparación de datos e información que surgen de la investigación, al tiempo que
impulsará las medidas probatorias en la causa.

Este año la causa Las Lajas fue delegada por el juzgado interviniente, a la Unidad Fiscal de Coordinación
y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo
de estado de Mendoza, hecho que reimpulsó su instrucción, al punto de que ya ha sido elevada al
Tribunal Oral para su próximo juzgamiento en relación a los actuales imputados. En abril de 2007,
después de tres años de la apertura de la causa, fueron imputados por la desaparición de Mauricio
López y otras víctimas vistas por testigos en el lugar, el Comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano
B. Menéndez, y los integrantes del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina, Pedro Esteban
Jofré, Osvaldo Antonio Padorno Mesa y Juan Carlos Santa María (recientemente detenido en la
ciudad de Buenos Aires), por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, torturas y robo
agravado.

Vicerectora Mainero, Decano Nieto Quintas y Elba Morales

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos - Regional Mendoza -
San Lorenzo 478 - 0261 - 4230037
http://medhregionalmendoza.blogspot.com/

Conferencia de Prensa - Abogados querellantes en los juicios por Crímenes de Lesa Humanidad

CONFERENCIA DE PRENSA

Alrededor de veinte abogados defensores de Derechos Humanos, querellantes en juicios por delitos de lesa humanidad y procedentes de distintas ciudades del país, se reunirán en Mendoza los días jueves 20 y viernes 21 de septiembre.

Están previstas diversas actividades:

·  Audiencia con el Presidente y otros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

·  Entrevista con los miembros del Tribunal Oral Federal, que preside el juicio oral y público actualmente en trámite en nuestra ciudad.

·    Visita a cárceles.

·    Entrevistas a funcionarios carcelarios y a Jueces de Ejecución Penal.

Además, los abogados visitantes que integran la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) visitarán la sede del Colegio de Abogados de Mendoza.

El día 20 por la tarde (tras la conferencia de prensa planificada para las 16:30 hs.), hasta las 19:30 hs., debatirán en un taller de trabajo, a realizarse en la sede del MEDH, los siguientes temas:

1)   Juicios  por delitos de lesa humanidad. Sistema interamericano de DDHH.

2) Realidad carcelaria y judicial de Mendoza, a la luz de experiencias nacionales e internacionales. Temas locales, como la “ley Petri” y la reforma procesal penal en Mendoza.

Convoca y organiza el encuentro, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), con el apoyo y participación en Mendoza del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), ambas entidades, litigantes en juicios por delitos de lesa humanidad y vinculadas con la problemática carcelaria.

Conferencia de Prensa: JUEVES 20 de septiembre, 16:30 hs., en la sede del MEDH - Regional Mendoza, San Lorenzo 478, Ciudad. Tel: (0261) 4-230037

Conferencia de Prensa - 8 de junio a las 11 hs.

CONFERENCIA DE PRENSA

Oscar Alfredo Simone, agente de reunión del Batallón 601

El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) solicita que se investigue la actuación de Oscar Alfredo Simone en la Dirección de Inteligencia Militar durante la última dictadura cívico-militar.

La Dra. Viviana Beigel y el Dr. Pablo Salinas, abogados del MEDH, brindarán una conferencia de prensa el día miércoles 8 de junio a las 11 hs, en la escalinata de Tribunales Federales de Mendoza (España casi Pedro Molina), en la cual se divulgará la solicitud de investigación que ha realizado el MEDH en base a prueba aportada, respecto a la doble actividad desarrollada por Oscar Alfredo Simone en la Dirección de Inteligencia Militar y la Dirección de Tránsito y Transporte de nuestra provincia a la fecha del secuestro y desaparición de Roberto Blanco Fernández (1 de abril de 1976).

Como es de público conocimiento, Oscar Alfredo Simone ha sido denunciado por pertenecer a las filas del Ejército como personal civil del Batallón 601, bajo la denominación de “agente de reunión” en el período comprendido entre 1976 y 1983. Sin dudas, esta situación genera una inmediata y lógica sospecha sobre su labor en la dependencia del gobierno provincial, en la cual revistaban varias personas que durante ese período fueron desaparecidas y detenidas.

Es por ello que el MEDH, en su carácter de querellante en la causa Nº 031-F “Fiscal c/Menéndez Luciano B. y Ots. s/Av.Inf.art. 144 bis del CP”, aporta más documentación y solicita a la Justicia Federal que profundice la investigación a fin de esclarecer la situación de Simone en los casos y fechas que se menciona.

El camarista Otilio Roque Romano, procesado

Procesaron a Romano en 8 causas más.

Romano era fiscal en la dictadura y está acusado de ser parte del plan criminal del terrorismo de estado y sigue siendo juez federal a pesar de que está PROCESADO por cerca de 100 hechos de torturas, desapariciones forzadas y crímenes contra la humanidad y fue quien metió preso a Ángel Bustelo, conocido dirigente del PC, abogado, consecuente defensor de presos políticos, escritor y docente. Una personalidad tan reconocida y querida por la comunidad mendocina que el auditorio más importante de Mendoza lleva su nombre.

Actualmente la causa judicial por las torturas que padeciera Ángel Bustelo integra el juicio oral y público, que tramita en la ciudad de Mendoza.

Esa justicia cómplice que estaba integrada por Romano, Miret, Petra, López Cuitiño, Pereyra González - todos denunciados  por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y militantes de Familiares y Ex Presos Políticos - en el marco de su comprometida defensa de la impunidad de los represores, rechazó la calidad de querellante del hijo de Bustelo, también abogado y de su esposa.

Incluimos el auto de procesamiento notificado en la fecha.

Los ocho nuevos casos son 091 - F por torturas a Ana Aramburu, 092 -F por torturas a Roberto Azcarate, 093 -F por desaparición de Rolando Berohiza, 094 - F por torturas a David Blanco, 096 - F por torturas a Carlos Cangemi, 098 - F por torturas a Pedro Coria, 101 -F por torturas a Justo Corvalán y 004 - F por el allanamiento sin orden del domicilio de Moriña.

Procesaron al ex capitán Luis Stuhldreher

La Cámara Federal de Apelaciones, integrada por Roberto Naciff, Hugo Echegaray y Pedro González, dispuso el procesamiento del Teniente Cnel (RE) Luis Stuhldreher por crímenes de lesa humanidad, por 20 desapariciones ocurridas durante la dictadura militar en San Rafael.


Stuhldreher fue interventor militar en la intendencia de San Rafael y en el primer juicio que se hizo por estos delitos no estuvo entre los acusados. El militar que tuvo su despacho en la Municipalidad, donde se probó que hubo detenidos, si bien estuvo en esa causa judicial, cuando llegó a la Cámara Federal recibió una falta de mérito en esas 20 causas. Los jueces encargados de desvincular al ex capitan fueron Julio Petra y Eduardo Mestre Brizuela.


Ambos magistrados están siendo cuestionados por haber sido partícipes de delitos cometidos durante la última dictadura militar, pero también de haber beneficiado a los genocidas imputados.


Mariano Tripiana, hijo de uno de los desaparecidos en el sur mendocino, había denunciado al intendente de facto, que trabajó codo a codo con el mayor Suárez (fallecido) y por sobre la jerarquía del teniente Aníbal Guevara, que terminó condenado a prisión perpetua, junto a los ex policías Raúl Ruiz Soppe y Juan Roberto Labarta. El otro acusado, el abogado de la Policía, Raúl Egea Bernal, recibió una condena a 8 años de prisión.


En democracia, regenteó una empresa de seguridad privada que tuvo a cargo hasta 2002 la vigilancia de los edificios municipales de la capital mendocina.


Stuhldreher fue director de Logística del Ministerio de Seguridad de la Provincia cuando era ministro de la cartera Roberto Grillo y Julio Cobos gobernador de la provincia.


Fue detenido por orden del ex juez federal Raúl Héctor Acosta en mayo de 2007 y liberado posteriormente por la resolución de Petra.

Presentación del libro "Dos veces sombra" de Nicola Viceconti

El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Regional Mendoza por convocatoria de la Casa de la Amistad Argentino - Cubana, tiene el agrado de invitar a la presentación del libro "Dos veces sombra", del autor Nicola Viceconti, que se realizará en el Auditorio "Juan Draghi Lucero" de Radio Nacional este miércoles 4 de mayo a las 21 horas.

"Dos veces sombra" es su tercera novela y la segunda referida a temas relacionados con la Argentina. Estamos ante una historia conmovedora, dramática, que quiere ser una pequeña contribución a la memoria de los desaparecidos de la última dictadura, con particular referencia al tema de los niños tratados como botín de guerra.

El libro cuenta con el patrocinio institucional de las Embajada de Argentina y Uruguay en Italia; el prólogo pertenece Presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayola señora Estela Carlotto, y una nota del juez Carlos Parma de Mendoza.

La novela ha sido traducida al español por Andreina Gianpaolini, traductora argentina de Buenos Aires y publicada en español en esa ciudad por Acercándonos Ediciones”.

La presentación estará a cargo de:

José Agustín Figueroa. Magister en Políticas Sociales. Investigador Categoría 2. Docente de las cátedras “Realidad Social Argentina”, “Problemáticas Ambientales del siglo XXI” y "La Cuestión Juvenil Contemporánea" de la Universidad Nacional de San Juan. Autor y co-autor de diversos libros, artículos, ensayos e investigaciones sobre Ciencias Sociales.

Viviana Beatriz Demaría. Psicoanalista y escritora. Integrante de la Asociación de Psicólogos de Mendoza.
Autora y co-autora de diversos artículos y ensayos sobre Psicoanálisis y Sociedad.
Es integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos - Regional Mendoza, entidad que forma parte de la Red por la Identidad. como referente en Mendoza, de Abuelas de Plaza de Mayo.

Audiencia el 28 de abril

Nota "El Lobby de Petra"

 Por Alejandra Dandan (Página 12 - 18.04.11).

"Lo que pasó no es que ya pasó, lo peor es que en algunos sectores continúa pasando. Uno de esos territorios es el Poder Judicial de Mendoza: pese a las denuncias y el largo trabajo de los organismos de derechos humanos para desplazar a los jueces que intervinieron en la dictadura y luego frenaron el avance de los juicios de lesa humanidad, el presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia hace lobby en los últimos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sacar de la Cámara a los únicos jueces que avanzaron con esas causas. Así lo acaban de denunciar los organismos de derechos humanos locales. La denuncia dice que Julio Demetrio Petra ahora busca jueces afines para frenar el procesamiento del aún camarista Otilio Romano, procesado en primera instancia como partícipe necesario en 76 casos de tortura y desaparición de personas durante la última dictadura."

Informamos a todos que el jueves 28, a las 10 de la mañana, la Cámara Federal de Mendoza debe resolver si acepta o rechaza, la apelación que EL TODAVÍA JUEZ Romano, interpuso contra la decisión del Juez Bento, quien ordenó procesarlo por su complicidad con los crímenes de la dictadura.

Proponemos que seamos muchos en la escalinata de Tribunales Federales, para acompañar a nuestros abogados,  

PARA DECIRLE A ROMANO QUE EL PUEBLO DE MENDOZA NECESITA QUE LA JUSTICIA TERMINE CON SU IMPUNIDAD.

ESTA LUCHA ES DE TODOS.

El lobby de Petra

El lobby de Petra

El presidente de la Cámara de Casación Penal mendocina es acusado de buscar que la Corte Suprema remueva a los jueces que avanzaron con las causas por delitos de lesa humanidad.

 Por Alejandra Dandan

Lo que pasó no es que ya pasó, lo peor es que en algunos sectores continúa pasando. Uno de esos territorios es el Poder Judicial de Mendoza: pese a las denuncias y el largo trabajo de los organismos de derechos humanos para desplazar a los jueces que intervinieron en la dictadura y luego frenaron el avance de los juicios de lesa humanidad, el presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia hace lobby en los últimos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sacar de la Cámara a los únicos jueces que avanzaron con esas causas. Así lo acaban de denunciar los organismos de derechos humanos locales. La denuncia dice que Julio Demetrio Petra ahora busca jueces afines para frenar el procesamiento del aún camarista Otilio Romano, procesado en primera instancia como partícipe necesario en 76 casos de tortura y desaparición de personas durante la última dictadura.

“Esto en Buenos Aires sería un escándalo –dijo el abogado Pablo Salinas a Página/12–, pero en Mendoza nos cuesta que las cosas se conozcan y salgan a la luz.”

El caso desvela a los integrantes de los organismos de derechos humanos locales, que impulsaron las denuncias sobre el camarista desde el Ministerio Público Fiscal y los integrantes del Poder Judicial que están en contacto con las causas de lesa humanidad. Uno de ellos, a pedido de Página/12, repasó el contenido de la resolución 228/11 por la que el presidente de la Cámara de Casación Penal le pide a Ricardo Lorenzetti nombrar a una serie de jueces políticamente cercanos –todos objetados por los organismos de derechos humanos– para reemplazar a los dos jueces cuya designación destrabó el avance de estas causas en la provincia.

Los dos camaristas en cuestión son Julio Roberto Naccif y Hugo Echegaray. Ambos fueron designados por la Corte para seguir las causas de lesa humanidad, luego de que los organismos de derechos humanos recusaran en una larga batalla a los antiguos integrantes de la Cámara porque impedían el avance de los expedientes. Entre los recusados estaba el propio Petra, que intentó retener parte de las causas pero tuvo que apartarse por disposición de la misma Corte.

Mientras el proceso avanzó, cobró aire la denuncia de la fiscalía general de Omar Palermo sobre el rol de algunos jueces durante la dictadura. Entre ellos, Luis Miret –hoy destituido– y Otilio Romano. Todos fueron procesados semanas atrás. Romano fue acusado como partícipe por torturas y desaparición de personas en 76 casos, cargos más graves que los de Miret, procesado por omitir investigar.

Pese al procesamiento, Romano no se fue e integra una de las salas de Casación. Para eso apeló el procesamiento y el 28 de abril la sala de Naccif y Echegaray deberá decidir si lo acepta o rechaza. Según uno de los jueces locales, Petra no se quedó tranquilo con la situación. Para ayudar a quien es mencionado como su amigo, retuvo el expediente y lo mandó a la Corte: “Tuvo que venir un emisario de la Corte personalmente, con el expediente en avión y entregarlo a Naccif, para asegurarse de que llegue a sus manos”, indicó la fuente. Y no contento con eso, Petra mandó una nueva misiva con el nombre de por lo menos cinco jueces para desplazar a dos camaristas.

La mayor parte de los propuestos son jueces ya jubilados y cuestionados por los organismos de derechos humanos. Entre ellos, Eduardo Mestre Brizuela, ex camarista federal y ex integrante del Tribunal Oral 1 de Mendoza, ahora defensor de Luis Stuldreher, interventor militar en la intendencia de San Rafael y segundo jefe del área operativa. La intervención de Petra terminó salvándolo del juicio en San Rafael: “Stuldreher estaba imputado por 20 hechos, tormentos y privaciones de la libertad”, indicó el juez consultado. En ese contexto, otro juez llamado Héctor Raúl Acosta (también propuesto en la lista) le dio falta de mérito en un caso. Como abogado defensor, Mestre Brizuela apeló la imputación porque quería sobreseimiento ante la Cámara de Casación vieja. Petra y su equipo confirmaron la falta de mérito, pero le hicieron un favor: extendieron la falta de mérito a las otras 19 imputaciones. Stuldreher así se salvó del juicio.

Una red de amigos de la dictadura en Mendoza

Mendoza fue pionera en poner a sus jueces en entredicho, con impulso del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y otros organismos. El juez Luis Miret fue removido por el jurado de enjuiciamiento el mes pasado, acusado de haber omitido investigar y/o denunciar torturas y vejaciones a los detenidos en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía local, hechos que conocía –desde 1975– por recibir las denuncias en su despacho y por lo que pudo ver con sus propios ojos al punto de decirle cara a cara a un detenido recién torturado que tenía que “aguantar”. En el plano penal, Miret fue procesado por el juez Walter Bento, que también imputó a otro camarista mendocino, Otilio Romano, como partícipe secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 1975 y 1983, mientras fue fiscal y juez.

Procesado y todo, el poderoso Romano sigue impartiendo justicia. Lleva cerca de un año logrando eludir una citación del Consejo gracias a una medida cautelar del juez ad hoc Carlos Parellada, amigo suyo. Recién en diciembre, tras una intervención de la Corte Suprema y de otros camaristas, cayó la cautelar y está cerca de ser citado como sospechoso.

A Parellada también se le abrió investigación en el Consejo. Otra, similar, apunta al conjuez Luis Santamaría, funcionario de la dictadura, quien repuso a Miret en la Universidad de Cuyo (allí daba clases de ética), de donde había sido expulsado. También se abrieron expedientes contra Julio Petra Fernández, Miguel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo, que aun recusados por su cercanía a Romano por pedido suyo apartaron al juez Bento de la causa. Petra y Romano fueron fotografiados cenando en un restaurante del centro de Mendoza con champagne después de ese fallo. Petra también está denunciado, entre otras cosas, por firmar la liberación masiva de los represores de Mendoza, San Juan y San Luis; por haber favorecido al teniente coronel Luis Stuhldreher (intendente de facto en 1976) con una falta de mérito extendida a expedientes por 18 desapariciones que aún no habían llegado al tribunal. Y hasta por sustraer (para prolongar sus efectos) la cautelar que evitaba el juzgamiento de su amigo Romano.

Los amigos del Juez

Derechos Humanos

Nueva avanzada del juez Petra para lograr la impunidad de Romano

Envió un pedido a la Corte para lograr que la Cámara que debe resolver el procesamiento de Otilio Romano -por crímenes de lesa humanidad-, esté compuesta por ex magistrados amigos.

Jorge Hirschbrand jorgeh@elsol.com.ar

La recordada foto entre Petra y Romano, en la Arístides.

La temperatura en los Tribunales Federal de Mendoza aumentó de nuevo. Una iniciativa del camarista Julio Demetrio Petra para desarmar la conformación actual de la Cámara que actúa en las causas de delitos de lesa humanidad amenaza con provocar una severa y ruidosa reacción de los organismos de Derechos Humanos.

Petra, denunciado en el Consejo de la Magistratura por haber beneficiado con sus fallos a su colega y amigo personal Otilio Romano, instrumentó los mecanismos para que los jueces Julio Roberto Naccif y Hugo Echegaray sean apartados del tribunal actual y conseguir que esos lugares puedan ser ocupados por ex jueces federales ideológicamente cercanos a los intereses de Otilio Romano, procesado por ser partícipe secundario de secuestros, torturas y homicidios cometidos entre 1975 y 1983.

El interés de Petra tiene un objetivo inmediato. El 28 de abril, la Cámara integrada por Naciff, Echegaray y Pedro Humerto González debe fallar sobre la apelación que la defensa de Romano hizo luego de conocido su procesamiento. La idea es sacar a dos de esos jueces, cambiarlos por sus amigos y garantizar un voto mayoritario a favor del magistrado imputado.

Para lograr eso, Petra envió un informe al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, con la esperanza de no levantar sospechas y lograr que el titular del máximo aprueba la propuesta sin mayores cuestionamientos.

La idea de Petra, que dio origen al expediente 228/2011 en la Corte, es que los dos lugares sean ocupados por –y aquí viene lo más interesante- alguno de los ex jueces federales más cuestionados de Mendoza.

La lista de preferidos de Petra y Romano es la siguiente:

Alfredo Manuel Rodríguez: ex juez federal penal de primera instancia. En el juicio de lesa humanidad realizado en San Luis, fue nombrado en la causa "Fiochetti" como integrante de un grupo de ultra derecha. También fue uno de los jueces que favoreció a Dalvian en la disputa de terrenos con la UNCuyo.

Eduardo Mestre Brizuela: ex camarista federal e integrante del Tribunal Oral 1 de Mendoza. Actual defensor particular del capitán Luis Stuldreher, a quien le consiguió una "falta de mérito" en la Cámara Federal integrada por Petra, López Cuitiño y Sosa Arditi. Stuldreher fue señalado por numerosos testigos como uno de los responsables del plan de exterminio durante la dictadura en el sur mendocino.

Enrique Sosa Arditi: ex juez del Tribunal Oral 2 de Mendoza. Fue apartado de todas las causas de lesa humanidad por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza integrada por los jueces Naciff, Fourcade y Echegaray, que fue designada por la Cámara Nacional de Casación Penal.

Héctor Raúl Acosta: recientemente jubilado juez federal de San Rafael. Estuvo a punto de ser citado al Consejo de la Magistratura por la denuncia del kirchnerista Carlos Kunkel a partir de supuestas irregularidades en su intervención en una causa por promoción industrial. Fue quien finalmente sobreseyó al capitán Luis Stuldreher.

Carlos Turcumán: ex magistrado recientemente jubilado del Tribunal Oral de San Juan, allegado a Petra y a Romano.

Petra fue uno de los responsables de apartar por unos días al juez federal Walter Bento para evitar que se investigara, entre otros, a Otilio Romano y a Luis Miret, acusado de ser cómplices de delitos de lesa humanidad.

Pocas horas después de conseguir su objetivo, se lo vio brindando con champagne junto a Romano. Sin embargo, días más tarde, un tribunal de alzada dio vuelta su resolución y devolvió su lugar a Bento, quien finalmente procesó a Romano y al destituido Miret.

Justo antes de que Petra enviara su pedido a Lorenzetti, desde los organismos de Derechos Humanos de Mendoza habían denunciado las irregularidades y la dilación de varios expedientes que se están tramitando en el Consejo de la Magistratura.

Se trata de investigaciones para determinar en qué situación fue designado el conjuez Carlos Parellada, quien logró suspender temporariamente el proceso en contra de Romano en el Consejo de la Magistratura. Además, hay otra causa en la que se investigan las actuaciones de la jueza Olga Pura Arrabal, sospechada de mal desempeño en su cargo.

Ambos expedientes están a cargo de Daniel Ostropolsky, presidente del Colegio de Abogados de Mendoza y miembro del Consejo de la Magistratura. Casualmente, su hija, Claudia Ruth, fue designada prosecretaria administrativa por Olga Pura Arrabal. Todo un dato.