I Encuentro sobre Empresas y Terrorismo de Estado del Cono Sur

I Encuentro sobre Empresas y Terrorismo de Estado del Cono Sur

11 y 12 de Noviembre de 2011

Edificio Cuatro Columnas, ESMA,

 Av Libertador 8150 - Ciudad de Buenos Aires

Convocantes:

Liga Argentina por los Derechos del Hombre,

Servicio de Paz y Justicia,

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos,

Comisión por la Recuperación de la Memoria de  Campo de Mayo,

Ex trabajadores y Delegados de los 70,

Colombian@s por la Paz (capítulo argentino),

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos,

MOPASSOL,

Codesedh, E.

Auspicia:

Instituto Espacio para la Memoria

Adhieren: 

Central de Trabajadores de la Argentina /  Secretaría de Derechos Humanos de la Nación / Unión Obrera Metalúrgica, Seccional Villa Constitución (UOM). / Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). / Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). / Secretaría de Derechos Humanos de CTERA. / Asociación Gremial Docente- UBA (AGD-UBA). / CESSLA (Centro de Estudios Sociales y Sindicales Luis Arédez), dependiente del SITOSPLAD (Sindicato de Trabajadores de OSPLAD). / Subcomisión de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos - Asociación de Profesionales del Hospital Juan P. Garrahan. / Secretaría de Derechos Humanos de Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA). / Asociación Docente de la Universidad Nacional de Luján (ADUNLU). / Comisión de ex delegados y activistas secuestrados y torturados en Ford Motor Argentina. / Universidad Nacional de General Sarmiento. / Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA). / Secretaría Académica del Departamento de Educación (UNLU). / Cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos (UBA). / Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina (UBA). / Cátedra Libre de Estudios Americanistas (FFyL-UBA). / Economistas de Izquierda (EDI). / Programa de Estudios Críticos sobre el Movimiento Obrero (PECMO-CEIL-CONICET). / Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación (AGCE). / Fundación de Investigaciones Sociales y Politicas (Fisyp). / Asociación de ex Detenidos Desaparecidos de Mansión Seré y Zona Oeste. / Asociación Nacional de ex Presos Políticos. / Asociación de ex Presos Políticos de la CABA. / Asociación de ex Presos Políticos “La Cigarra”. / Comisión de ex Presos Políticos y Familiares de Desaparecidos de J. C. Paz. / Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Martín. / Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Escobar. / Mutual Sentimiento. / Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA). / Centro Cultural Teresa Israel. / Colectivo de Memoria Militante. / Memoria La Manuelita, Dirección de Derechos Humanos de Moreno. / Dirección de Derechos Humanos de San Miguel. / Dirección de Derechos Humanos de Ituzaingó. / Secretaría de Derechos Humanos de San Martín.

El objetivo del I Encuentro sobre Empresas y Terrorismo de Estado del Cono Sur es desentrañar y poner sobre relieve la participación de los directorios de las empresas en el Terrorismo de Estado implementado desde antes del Golpe de 1976, y la coordinación de los mismos con las Fuerzas Armadas.

Durante la segunda mitad de la década del 70, una serie de compañías desplegaron un plan complejo de crecimiento y concentración, con absorción o cierre de empresas más chicas y la consecuente monopolización de ramas o sectores. Este proceso implicó la destrucción de comisiones internas sindicales y cuerpos de delegados  y la desaparición física de militantes populares que luchaban dentro y fuera de las fábricas.

La acción represiva de muchas de estas empresas significó no sólo “marcar” a los trabajadores militantes, incorporar hombres armados a la función de control de la producción, sino incluso habilitar sectores de las propias plantas como centros clandestinos de detención.

Hace ya varios años que se debate acerca de cómo la dictadura militar inauguró un proceso de concentración y centralización económica, que favoreció a determinados grupos económicos en particular e implicó la desaparición de puestos de trabajo y la pérdida de derechos laborales adquiridos por medio de la lucha durante todo el siglo XX. Sin embargo, consideramos que a este debate le hace falta reconocer a los sujetos que formaron parte de ese proceso, porque hoy están presentes y están impunes. Y porque quienes luchaban precisamente contra el proyecto de dichas empresas, merecen que su praxis vuelva a ponerse sobre la mesa y a discutirse en toda su dimensión.

De esta forma, entre marzo y agosto realizamos el Ciclo “Julio Viaggio” sobre Empresas y Terrorismo de Estado en la ex ESMA, como primer espacio de encuentro y sistematización de la participación de los grupos económicos en el genocidio. Este I Encuentro sobre Empresas y Terrorismo de Estado del Cono Sur se propone continuar con los debates abiertos en el Ciclo y amplificar la difusión del rol que jugaron las empresas.

Propuesta organizativa:

El enfoque de trabajo que nos proponemos para este I Encuentro sobre Empresas y Terrorismo de Estado del Cono Sur implica una organización que recupera las banderas de lucha históricas del movimiento popular contra la impunidad: Memoria, Verdad y Justicia. De esta forma, organizaremos las exposiciones y debates alrededor de estos tres ejes, que estarán divididos en dos días. Durante las jornadas, trabajaremos en plenarios divididos en ejes problemáticos.

Cada una de las sesiones de trabajo tendrá un equipo de “observadores” que oficiarán de sintetizadores finales en cada uno de los debates de cada día. El objetivo es poder no solo registrar los debates e intervenciones, sino elaborar una suerte de síntesis de aquello producido colectivamente en cada jornada. Los panelistas tendrán no más de 15 minutos de intervención.

Cronograma

Viernes 11:

10 hs. Inscripciones

11 hs. Palabras de apertura a cargo de Graciela Rosemblum y Nuria Giniger

11:30 a 13:30 hs. Primer panel de Protagonistas. Coordina: Jorge Winter. Eje Experiencias de lucha y organización obreras, previas a la implementación del Terrorismo de Estado. Compañeros ex trabajadores de: Acindar (Alberto González), Mercedes Benz (Héctor Ratto), Ford (Carlos Propatto), Saiar (Francisco Gutiérrez), Docentes (Rogelio De Leonardi), Ledesma (Mario Colcuy), Chiquita Brands (Colombia), Armando Jaime.

13:30 a 15 hs. Almuerzo y visita guiada (opcional)

15 a 17 hs. Primer Panel de Investigadores. Coordina: Nuria. Ejes: Represión. Rol de las empresas en la acción represiva. Estrategias de acumulación, concentración y centralización de capital en el Terrorismo de Estado. Participan: Inés Izaguirre, Hugo Trinchero, Jorge Beinstein, Victoria Basualdo y Marcelo Hernández (abstract).

17 a 17:30 hs. Refrigerio

17 a 19 hs. Primer Panel de Abogados. Coordina: Olivier.  Eje: Complicidad judicial en la Dictadura, respecto a la represión de los trabajadores y Estado actual de los juicios. Participan: Eduardo Barcesat, Luis Alén, Pedro Dinani y Liliana Molinari, Héctor Recalde (a confirmar) 

19 a 21 hs. ACTO. Hablarán Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj), José Schulman (Ladh), Miguel Montserrat (Apdh), Obispo Pagura (Medh), Carlos Propatto (Ford) y saludos internacionales.

21.30 al cierre. PEÑA DE CONFRATERNIDAD EN EL C.C. TERESA ISRAEL

Sábado 12:

10 a 12 hs. Segundo Panel  de Protagonistas. Coordina: Antonio. Ejes: Represión. Rol de las empresas en la acción represiva y Resistencia al Terrorismo de Estado dentro de los lugares de trabajo. Compañeros ex trabajadores de: Tensa, Astarsa, Fiat, Perkins, Dálmine, Grafa, Lozadur.

12 a 13:30 hs. Almuerzo

13:30 a 15:30 hs. Segundo Panel de Investigadores. Coordina: Javier. Ejes: Estrategias de lucha político-sindical de los trabajadores antes del Terrorismo de Estado. Estrategias represivas empresariales y disciplinamiento de los trabajadores. Rol del Terrorismo de Estado. Situación de la clase obrera argentina después de la Dictadura. Participan: Oscar Martínez, Nicolás Iñigo Carrera, Héctor Löbbe, Jorge Marchini

15:30 hs a 16 hs. Refrigerio

16 a 18 hs. Segundo Panel de Abogados. Coordina:  Eje: ¿Cómo juzgar a las empresas por crímenes de Lesa Humanidad? Participan: Marcelo Ferreira, Guadalupe Godoy, Jorge Auat, Pablo Llonto, Beinuzs Szmukler.

17:30 a 18 hs. Refrigerio

18 hs. Síntesis.

Acto Internacional con compañeros de Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela y Paraguay. Coordina: Ana María Careaga.

Cierre: Entrega de certificados. Entrega simbólica de los materiales aportados por los participantes para las causas a Iris Avellaneda para contribuir a las causas.

Para información actualizada y consultas:

http://www.facebook.com/pages/Empresas-y-Terrorismo-de-Estado/241541272562753

Conmemoran el Día del Derecho a la Identidad

UNA FECHA INCORPORADA AL CALENDARIO ESCOLAR

Conmemoran el Día del Derecho a la Identidad

Publicado el 22 de Octubre de 2011

Por Gimena Fuertes
Es en homenaje a la creación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. “Se modificaron leyes y conciencias”, dijo Estela de Carlotto. 

El Día Nacional del Derecho a la Identidad se conmemora hoy en honor al aniversario número 34 de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. “Es un derecho que ha modificado leyes, conciencias y pensamientos políticos porque no se puede obviar que en el país hubo delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, que afectan a toda la sociedad y que fue el Estado mismo que privó de esos derechos y el Estado es el que tiene obligación de devolverlos”, señaló Estela de Carlotto, presidenta del organismo.
Horacio Pietragalla, uno de los nietos recuperados y militante de la Asociación destacó a Tiempo Argentino que la lucha de Abuelas trascendió las fronteras del país. “Se incorporaron tres artículos a la Convención de los Derechos del Niño referidos a la identidad. Las Abuelas también lograron avances en la genética, ya que a partir de su pedido de identificación de los nietos, científicos norteamericanos elaboraron el índice de abuelidad”, destacó Pietragalla. 
El Día Nacional del Derecho a la Identidad, establecido por la Ley 26.001 sancionada en diciembre de 2004 y promulgada en enero de 2005, está incorporado al calendario escolar, lo que dispone que cada 22 de octubre se realice en los colegios de todos los niveles una jornada de concientización, a la que se suman las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, por la persistencia de las Abuelas, en 1987 se aprobó en Argentina la Ley 23.511 que creó el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), único en el mundo, cuya función es la de conservar muestras de sangre de familiares de desaparecidos para efectuar la comparación genética con personas cuya identidad es dudosa.
Es por eso que Pietragalla destaca que el aporte de Abuelas también influyó en toda la ciudadanía, no sólo las víctimas del terrorismo de Estado. “Abrió la discusión en relación a las adopciones ilegales que existía desde antes de la dictadura, durante y después, lo que permitía el abuso sobre las personas más vulnerables económicamente y el negocio de bebés”, explicó Pietragalla. 
Estela de Carlotto relató cómo surgió el nombre de la Asociación. “Cuando marchábamos en los comienzos y nos preguntaban quiénes éramos, decíamos: ‘Somos abuelas argentinas con nietitos desaparecidos.’ Un nombre demasiado largo hasta que alguien nos dijo: ‘Ustedes son las Abuelas de Plaza de Mayo’, y así quedó para siempre.”
Las Abuelas de Plaza de Mayo serán homenajeadas el martes en un acto organizado por los nietos que recuperaron su identidad. La celebración será en el ND/Ateneo, a las 19, bajo la consigna “34 años de búsqueda, 105 encuentros”, en referencia a la cantidad de nietos recuperados por la institución.

CONVOCATORIA

El día miércoles 21 de setiembre –mañana- a las 17 horas, en la Cámara Federal de Apelaciones (España y Pedro Molina de ciudad), se realizará una audiencia oral y pública, en la que el Dr. Pablo Salinas, abogado del movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ex Presos/as Políticos/as, defenderá el recurso de apelación interpuesto contra una decisión judicial que afecta gravemente los derechos de las víctimas de tortura, entre los cuales se cuenta la violación.

CLADEM Mendoza y Colectiva Las Juanas y Las Otras, presentaron en la causa en tratamiento, el Amicus Curiae propuesto por INSGENAR (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo) de Rosario, Santa Fe, manifestando que promueven el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra las mujeres incluyendo los de violencia sexual, que debe ser enmarcado entre los de “lesa humanidad”.

Convocamos a la participación masiva en apoyo de nuestro común reclamo.

ORÍGENES DE NUESTRA APELACIÓN

Entre los delitos de lesa humanidad denunciados en las causas que hoy ocupan a la Justicia de Mendoza –después de 20 años de silencio impuesto por las leyes de impunidad- se denunciaron las violaciones sexuales cometidas contra mujeres secuestradas en el D-2, Departamento de Inteligencia de la Policía de Mendoza, donde el Comando Militar de la dictadura de nuestra zona, mantuvo ilegalmente privadas de su libertad en el transcurso de más de dos años a numerosas personas, incluidos niños en algunos momentos.

Nuestra sociedad argentina, tiene muchas dificultades para admitir que la violación es un gravísimo delito en todo tiempo y modalidad. En los casos específicos fueron cometidas en el marco de la tortura aplicada contra todos los prisioneros políticos en ese centro clandestino, las que consistían en interrogatorios con picana eléctrica, golpes, submarino, quemaduras, desnudez, hambre, sed, suciedad, denigración de la condición humana, y violación reiterada realizada en diferentes horarios, en todas las guardias, en los propios calabozos en que permanecían vendadas y maniatadas las mujeres, efectuada por represores en número de más de uno, ante el conocimiento de todo el personal del lugar que allí se encontrara. Los hombres prisioneros, algunos sus compañeros, otros desconocidos, en muchas ocasiones sus esposos o novios, encerrados en calabozos vecinos, debían asistir a la desesperada reacción de las mujeres.

La impotencia, el absoluto desamparo, se acentuaban en el ánimo de todos y ahí estaba la razón de este accionar: quebrar la resistencia de la víctima, hasta la más íntima, para transformarla en un ser destruido, ya no “un oponente” como denominaban las instrucciones militares a quienes debían pasar por el “tratamiento”. Está escrito, las órdenes militares de la época forman parte de todas las causas penales hoy juzgadas.

En la causa impulsada por denuncia de Silvia Ontivero, una de las mujeres que denunció desde siempre ante la Justicia y ante la sociedad, haber sido víctima de violaciones durante su secuestro en el D2, se pidió la imputación de la cadena de mandos militares y policiales actuantes en ese período por el delito de violación en el marco de la tortura, es decir, delito de lesa humanidad en el mismo nivel que los demás.

El Juez Walter Bento, del Juzgado Federal Nº 1 a cargo de la causa, no encontró mérito para imputar a la cadena de mandos –Gral.Menéndez y subordinados- por entender que la violación fue un delito perpetrado por decisión propia de los represores que lo cometieron. Esta decisión escinde el delito de tortura, que se realizó como método, que se compuso de diversas acciones aberrantes contra “el enemigo ideológico” con un fin único: la destrucción psicológica y moral de los sobrevivientes.

La Cámara de Apelaciones deberá decidir si sostiene el criterio del Juez Bento, o lo modifica y cambia el enfoque jurídico, resolviendo que la violación fue sistemática, formó parte agravada del método y de los objetivos con que se aplicó la tortura a las víctimas, planificado desde la Junta de Comandantes, las Jefaturas de Zona, y trasladados a través de toda la escala de mandos por medio de las órdenes remitidas y aceptadas por la cadena ilícita del terrorismo de Estado.

Es un tema que, por sus proyecciones, interesa a toda la sociedad y en particular a las mujeres, víctimas reales y potenciales de estos delitos por su condición de género.

Declaraciones del abogado del MEDH, Dr. Pablo Salinas

Conferencia de Prensa - 8 de junio a las 11 hs.

CONFERENCIA DE PRENSA

Oscar Alfredo Simone, agente de reunión del Batallón 601

El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) solicita que se investigue la actuación de Oscar Alfredo Simone en la Dirección de Inteligencia Militar durante la última dictadura cívico-militar.

La Dra. Viviana Beigel y el Dr. Pablo Salinas, abogados del MEDH, brindarán una conferencia de prensa el día miércoles 8 de junio a las 11 hs, en la escalinata de Tribunales Federales de Mendoza (España casi Pedro Molina), en la cual se divulgará la solicitud de investigación que ha realizado el MEDH en base a prueba aportada, respecto a la doble actividad desarrollada por Oscar Alfredo Simone en la Dirección de Inteligencia Militar y la Dirección de Tránsito y Transporte de nuestra provincia a la fecha del secuestro y desaparición de Roberto Blanco Fernández (1 de abril de 1976).

Como es de público conocimiento, Oscar Alfredo Simone ha sido denunciado por pertenecer a las filas del Ejército como personal civil del Batallón 601, bajo la denominación de “agente de reunión” en el período comprendido entre 1976 y 1983. Sin dudas, esta situación genera una inmediata y lógica sospecha sobre su labor en la dependencia del gobierno provincial, en la cual revistaban varias personas que durante ese período fueron desaparecidas y detenidas.

Es por ello que el MEDH, en su carácter de querellante en la causa Nº 031-F “Fiscal c/Menéndez Luciano B. y Ots. s/Av.Inf.art. 144 bis del CP”, aporta más documentación y solicita a la Justicia Federal que profundice la investigación a fin de esclarecer la situación de Simone en los casos y fechas que se menciona.

El camarista Otilio Roque Romano, procesado

Procesaron a Romano en 8 causas más.

Romano era fiscal en la dictadura y está acusado de ser parte del plan criminal del terrorismo de estado y sigue siendo juez federal a pesar de que está PROCESADO por cerca de 100 hechos de torturas, desapariciones forzadas y crímenes contra la humanidad y fue quien metió preso a Ángel Bustelo, conocido dirigente del PC, abogado, consecuente defensor de presos políticos, escritor y docente. Una personalidad tan reconocida y querida por la comunidad mendocina que el auditorio más importante de Mendoza lleva su nombre.

Actualmente la causa judicial por las torturas que padeciera Ángel Bustelo integra el juicio oral y público, que tramita en la ciudad de Mendoza.

Esa justicia cómplice que estaba integrada por Romano, Miret, Petra, López Cuitiño, Pereyra González - todos denunciados  por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y militantes de Familiares y Ex Presos Políticos - en el marco de su comprometida defensa de la impunidad de los represores, rechazó la calidad de querellante del hijo de Bustelo, también abogado y de su esposa.

Incluimos el auto de procesamiento notificado en la fecha.

Los ocho nuevos casos son 091 - F por torturas a Ana Aramburu, 092 -F por torturas a Roberto Azcarate, 093 -F por desaparición de Rolando Berohiza, 094 - F por torturas a David Blanco, 096 - F por torturas a Carlos Cangemi, 098 - F por torturas a Pedro Coria, 101 -F por torturas a Justo Corvalán y 004 - F por el allanamiento sin orden del domicilio de Moriña.

Procesaron al ex capitán Luis Stuhldreher

La Cámara Federal de Apelaciones, integrada por Roberto Naciff, Hugo Echegaray y Pedro González, dispuso el procesamiento del Teniente Cnel (RE) Luis Stuhldreher por crímenes de lesa humanidad, por 20 desapariciones ocurridas durante la dictadura militar en San Rafael.


Stuhldreher fue interventor militar en la intendencia de San Rafael y en el primer juicio que se hizo por estos delitos no estuvo entre los acusados. El militar que tuvo su despacho en la Municipalidad, donde se probó que hubo detenidos, si bien estuvo en esa causa judicial, cuando llegó a la Cámara Federal recibió una falta de mérito en esas 20 causas. Los jueces encargados de desvincular al ex capitan fueron Julio Petra y Eduardo Mestre Brizuela.


Ambos magistrados están siendo cuestionados por haber sido partícipes de delitos cometidos durante la última dictadura militar, pero también de haber beneficiado a los genocidas imputados.


Mariano Tripiana, hijo de uno de los desaparecidos en el sur mendocino, había denunciado al intendente de facto, que trabajó codo a codo con el mayor Suárez (fallecido) y por sobre la jerarquía del teniente Aníbal Guevara, que terminó condenado a prisión perpetua, junto a los ex policías Raúl Ruiz Soppe y Juan Roberto Labarta. El otro acusado, el abogado de la Policía, Raúl Egea Bernal, recibió una condena a 8 años de prisión.


En democracia, regenteó una empresa de seguridad privada que tuvo a cargo hasta 2002 la vigilancia de los edificios municipales de la capital mendocina.


Stuhldreher fue director de Logística del Ministerio de Seguridad de la Provincia cuando era ministro de la cartera Roberto Grillo y Julio Cobos gobernador de la provincia.


Fue detenido por orden del ex juez federal Raúl Héctor Acosta en mayo de 2007 y liberado posteriormente por la resolución de Petra.

Presentación del libro "Dos veces sombra" de Nicola Viceconti

El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Regional Mendoza por convocatoria de la Casa de la Amistad Argentino - Cubana, tiene el agrado de invitar a la presentación del libro "Dos veces sombra", del autor Nicola Viceconti, que se realizará en el Auditorio "Juan Draghi Lucero" de Radio Nacional este miércoles 4 de mayo a las 21 horas.

"Dos veces sombra" es su tercera novela y la segunda referida a temas relacionados con la Argentina. Estamos ante una historia conmovedora, dramática, que quiere ser una pequeña contribución a la memoria de los desaparecidos de la última dictadura, con particular referencia al tema de los niños tratados como botín de guerra.

El libro cuenta con el patrocinio institucional de las Embajada de Argentina y Uruguay en Italia; el prólogo pertenece Presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayola señora Estela Carlotto, y una nota del juez Carlos Parma de Mendoza.

La novela ha sido traducida al español por Andreina Gianpaolini, traductora argentina de Buenos Aires y publicada en español en esa ciudad por Acercándonos Ediciones”.

La presentación estará a cargo de:

José Agustín Figueroa. Magister en Políticas Sociales. Investigador Categoría 2. Docente de las cátedras “Realidad Social Argentina”, “Problemáticas Ambientales del siglo XXI” y "La Cuestión Juvenil Contemporánea" de la Universidad Nacional de San Juan. Autor y co-autor de diversos libros, artículos, ensayos e investigaciones sobre Ciencias Sociales.

Viviana Beatriz Demaría. Psicoanalista y escritora. Integrante de la Asociación de Psicólogos de Mendoza.
Autora y co-autora de diversos artículos y ensayos sobre Psicoanálisis y Sociedad.
Es integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos - Regional Mendoza, entidad que forma parte de la Red por la Identidad. como referente en Mendoza, de Abuelas de Plaza de Mayo.

Audiencia el 28 de abril

Nota "El Lobby de Petra"

 Por Alejandra Dandan (Página 12 - 18.04.11).

"Lo que pasó no es que ya pasó, lo peor es que en algunos sectores continúa pasando. Uno de esos territorios es el Poder Judicial de Mendoza: pese a las denuncias y el largo trabajo de los organismos de derechos humanos para desplazar a los jueces que intervinieron en la dictadura y luego frenaron el avance de los juicios de lesa humanidad, el presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia hace lobby en los últimos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sacar de la Cámara a los únicos jueces que avanzaron con esas causas. Así lo acaban de denunciar los organismos de derechos humanos locales. La denuncia dice que Julio Demetrio Petra ahora busca jueces afines para frenar el procesamiento del aún camarista Otilio Romano, procesado en primera instancia como partícipe necesario en 76 casos de tortura y desaparición de personas durante la última dictadura."

Informamos a todos que el jueves 28, a las 10 de la mañana, la Cámara Federal de Mendoza debe resolver si acepta o rechaza, la apelación que EL TODAVÍA JUEZ Romano, interpuso contra la decisión del Juez Bento, quien ordenó procesarlo por su complicidad con los crímenes de la dictadura.

Proponemos que seamos muchos en la escalinata de Tribunales Federales, para acompañar a nuestros abogados,  

PARA DECIRLE A ROMANO QUE EL PUEBLO DE MENDOZA NECESITA QUE LA JUSTICIA TERMINE CON SU IMPUNIDAD.

ESTA LUCHA ES DE TODOS.

El lobby de Petra

El lobby de Petra

El presidente de la Cámara de Casación Penal mendocina es acusado de buscar que la Corte Suprema remueva a los jueces que avanzaron con las causas por delitos de lesa humanidad.

 Por Alejandra Dandan

Lo que pasó no es que ya pasó, lo peor es que en algunos sectores continúa pasando. Uno de esos territorios es el Poder Judicial de Mendoza: pese a las denuncias y el largo trabajo de los organismos de derechos humanos para desplazar a los jueces que intervinieron en la dictadura y luego frenaron el avance de los juicios de lesa humanidad, el presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia hace lobby en los últimos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sacar de la Cámara a los únicos jueces que avanzaron con esas causas. Así lo acaban de denunciar los organismos de derechos humanos locales. La denuncia dice que Julio Demetrio Petra ahora busca jueces afines para frenar el procesamiento del aún camarista Otilio Romano, procesado en primera instancia como partícipe necesario en 76 casos de tortura y desaparición de personas durante la última dictadura.

“Esto en Buenos Aires sería un escándalo –dijo el abogado Pablo Salinas a Página/12–, pero en Mendoza nos cuesta que las cosas se conozcan y salgan a la luz.”

El caso desvela a los integrantes de los organismos de derechos humanos locales, que impulsaron las denuncias sobre el camarista desde el Ministerio Público Fiscal y los integrantes del Poder Judicial que están en contacto con las causas de lesa humanidad. Uno de ellos, a pedido de Página/12, repasó el contenido de la resolución 228/11 por la que el presidente de la Cámara de Casación Penal le pide a Ricardo Lorenzetti nombrar a una serie de jueces políticamente cercanos –todos objetados por los organismos de derechos humanos– para reemplazar a los dos jueces cuya designación destrabó el avance de estas causas en la provincia.

Los dos camaristas en cuestión son Julio Roberto Naccif y Hugo Echegaray. Ambos fueron designados por la Corte para seguir las causas de lesa humanidad, luego de que los organismos de derechos humanos recusaran en una larga batalla a los antiguos integrantes de la Cámara porque impedían el avance de los expedientes. Entre los recusados estaba el propio Petra, que intentó retener parte de las causas pero tuvo que apartarse por disposición de la misma Corte.

Mientras el proceso avanzó, cobró aire la denuncia de la fiscalía general de Omar Palermo sobre el rol de algunos jueces durante la dictadura. Entre ellos, Luis Miret –hoy destituido– y Otilio Romano. Todos fueron procesados semanas atrás. Romano fue acusado como partícipe por torturas y desaparición de personas en 76 casos, cargos más graves que los de Miret, procesado por omitir investigar.

Pese al procesamiento, Romano no se fue e integra una de las salas de Casación. Para eso apeló el procesamiento y el 28 de abril la sala de Naccif y Echegaray deberá decidir si lo acepta o rechaza. Según uno de los jueces locales, Petra no se quedó tranquilo con la situación. Para ayudar a quien es mencionado como su amigo, retuvo el expediente y lo mandó a la Corte: “Tuvo que venir un emisario de la Corte personalmente, con el expediente en avión y entregarlo a Naccif, para asegurarse de que llegue a sus manos”, indicó la fuente. Y no contento con eso, Petra mandó una nueva misiva con el nombre de por lo menos cinco jueces para desplazar a dos camaristas.

La mayor parte de los propuestos son jueces ya jubilados y cuestionados por los organismos de derechos humanos. Entre ellos, Eduardo Mestre Brizuela, ex camarista federal y ex integrante del Tribunal Oral 1 de Mendoza, ahora defensor de Luis Stuldreher, interventor militar en la intendencia de San Rafael y segundo jefe del área operativa. La intervención de Petra terminó salvándolo del juicio en San Rafael: “Stuldreher estaba imputado por 20 hechos, tormentos y privaciones de la libertad”, indicó el juez consultado. En ese contexto, otro juez llamado Héctor Raúl Acosta (también propuesto en la lista) le dio falta de mérito en un caso. Como abogado defensor, Mestre Brizuela apeló la imputación porque quería sobreseimiento ante la Cámara de Casación vieja. Petra y su equipo confirmaron la falta de mérito, pero le hicieron un favor: extendieron la falta de mérito a las otras 19 imputaciones. Stuldreher así se salvó del juicio.

Una red de amigos de la dictadura en Mendoza

Mendoza fue pionera en poner a sus jueces en entredicho, con impulso del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y otros organismos. El juez Luis Miret fue removido por el jurado de enjuiciamiento el mes pasado, acusado de haber omitido investigar y/o denunciar torturas y vejaciones a los detenidos en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía local, hechos que conocía –desde 1975– por recibir las denuncias en su despacho y por lo que pudo ver con sus propios ojos al punto de decirle cara a cara a un detenido recién torturado que tenía que “aguantar”. En el plano penal, Miret fue procesado por el juez Walter Bento, que también imputó a otro camarista mendocino, Otilio Romano, como partícipe secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 1975 y 1983, mientras fue fiscal y juez.

Procesado y todo, el poderoso Romano sigue impartiendo justicia. Lleva cerca de un año logrando eludir una citación del Consejo gracias a una medida cautelar del juez ad hoc Carlos Parellada, amigo suyo. Recién en diciembre, tras una intervención de la Corte Suprema y de otros camaristas, cayó la cautelar y está cerca de ser citado como sospechoso.

A Parellada también se le abrió investigación en el Consejo. Otra, similar, apunta al conjuez Luis Santamaría, funcionario de la dictadura, quien repuso a Miret en la Universidad de Cuyo (allí daba clases de ética), de donde había sido expulsado. También se abrieron expedientes contra Julio Petra Fernández, Miguel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo, que aun recusados por su cercanía a Romano por pedido suyo apartaron al juez Bento de la causa. Petra y Romano fueron fotografiados cenando en un restaurante del centro de Mendoza con champagne después de ese fallo. Petra también está denunciado, entre otras cosas, por firmar la liberación masiva de los represores de Mendoza, San Juan y San Luis; por haber favorecido al teniente coronel Luis Stuhldreher (intendente de facto en 1976) con una falta de mérito extendida a expedientes por 18 desapariciones que aún no habían llegado al tribunal. Y hasta por sustraer (para prolongar sus efectos) la cautelar que evitaba el juzgamiento de su amigo Romano.

Los amigos del Juez

Derechos Humanos

Nueva avanzada del juez Petra para lograr la impunidad de Romano

Envió un pedido a la Corte para lograr que la Cámara que debe resolver el procesamiento de Otilio Romano -por crímenes de lesa humanidad-, esté compuesta por ex magistrados amigos.

Jorge Hirschbrand jorgeh@elsol.com.ar

La recordada foto entre Petra y Romano, en la Arístides.

La temperatura en los Tribunales Federal de Mendoza aumentó de nuevo. Una iniciativa del camarista Julio Demetrio Petra para desarmar la conformación actual de la Cámara que actúa en las causas de delitos de lesa humanidad amenaza con provocar una severa y ruidosa reacción de los organismos de Derechos Humanos.

Petra, denunciado en el Consejo de la Magistratura por haber beneficiado con sus fallos a su colega y amigo personal Otilio Romano, instrumentó los mecanismos para que los jueces Julio Roberto Naccif y Hugo Echegaray sean apartados del tribunal actual y conseguir que esos lugares puedan ser ocupados por ex jueces federales ideológicamente cercanos a los intereses de Otilio Romano, procesado por ser partícipe secundario de secuestros, torturas y homicidios cometidos entre 1975 y 1983.

El interés de Petra tiene un objetivo inmediato. El 28 de abril, la Cámara integrada por Naciff, Echegaray y Pedro Humerto González debe fallar sobre la apelación que la defensa de Romano hizo luego de conocido su procesamiento. La idea es sacar a dos de esos jueces, cambiarlos por sus amigos y garantizar un voto mayoritario a favor del magistrado imputado.

Para lograr eso, Petra envió un informe al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, con la esperanza de no levantar sospechas y lograr que el titular del máximo aprueba la propuesta sin mayores cuestionamientos.

La idea de Petra, que dio origen al expediente 228/2011 en la Corte, es que los dos lugares sean ocupados por –y aquí viene lo más interesante- alguno de los ex jueces federales más cuestionados de Mendoza.

La lista de preferidos de Petra y Romano es la siguiente:

Alfredo Manuel Rodríguez: ex juez federal penal de primera instancia. En el juicio de lesa humanidad realizado en San Luis, fue nombrado en la causa "Fiochetti" como integrante de un grupo de ultra derecha. También fue uno de los jueces que favoreció a Dalvian en la disputa de terrenos con la UNCuyo.

Eduardo Mestre Brizuela: ex camarista federal e integrante del Tribunal Oral 1 de Mendoza. Actual defensor particular del capitán Luis Stuldreher, a quien le consiguió una "falta de mérito" en la Cámara Federal integrada por Petra, López Cuitiño y Sosa Arditi. Stuldreher fue señalado por numerosos testigos como uno de los responsables del plan de exterminio durante la dictadura en el sur mendocino.

Enrique Sosa Arditi: ex juez del Tribunal Oral 2 de Mendoza. Fue apartado de todas las causas de lesa humanidad por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza integrada por los jueces Naciff, Fourcade y Echegaray, que fue designada por la Cámara Nacional de Casación Penal.

Héctor Raúl Acosta: recientemente jubilado juez federal de San Rafael. Estuvo a punto de ser citado al Consejo de la Magistratura por la denuncia del kirchnerista Carlos Kunkel a partir de supuestas irregularidades en su intervención en una causa por promoción industrial. Fue quien finalmente sobreseyó al capitán Luis Stuldreher.

Carlos Turcumán: ex magistrado recientemente jubilado del Tribunal Oral de San Juan, allegado a Petra y a Romano.

Petra fue uno de los responsables de apartar por unos días al juez federal Walter Bento para evitar que se investigara, entre otros, a Otilio Romano y a Luis Miret, acusado de ser cómplices de delitos de lesa humanidad.

Pocas horas después de conseguir su objetivo, se lo vio brindando con champagne junto a Romano. Sin embargo, días más tarde, un tribunal de alzada dio vuelta su resolución y devolvió su lugar a Bento, quien finalmente procesó a Romano y al destituido Miret.

Justo antes de que Petra enviara su pedido a Lorenzetti, desde los organismos de Derechos Humanos de Mendoza habían denunciado las irregularidades y la dilación de varios expedientes que se están tramitando en el Consejo de la Magistratura.

Se trata de investigaciones para determinar en qué situación fue designado el conjuez Carlos Parellada, quien logró suspender temporariamente el proceso en contra de Romano en el Consejo de la Magistratura. Además, hay otra causa en la que se investigan las actuaciones de la jueza Olga Pura Arrabal, sospechada de mal desempeño en su cargo.

Ambos expedientes están a cargo de Daniel Ostropolsky, presidente del Colegio de Abogados de Mendoza y miembro del Consejo de la Magistratura. Casualmente, su hija, Claudia Ruth, fue designada prosecretaria administrativa por Olga Pura Arrabal. Todo un dato. 

Contra la impunidad de los cómplices de la dictadura en la Justicia Federal

TRIBUNALES FEDERALES
 

 Reclamo para que se destituya al juez Romano

Los organismos que defienden los derechos humanos exigen que sea separado de sus funciones por su complicidad con la última dictadura militar

FEDERICO LEMOS federico.lemos@elsoldiario.com.ar 

EN LA PUERTA DEL PALACIO FEDERAL. Madres, familiares y ex presos exigieron justicia.

    A raíz de haber cajoneado más de 300 expedientes y por tener 76 causas de crímenes de lesa humanidad, los organismos de derechos humanos (DDHH) de Mendoza pidieron la destitución del camarista federal Otilio Roque Romano. El abogado Pablo Salinas defendió la nueva composición de la Cámara Federal, que denomina "democrática", que apartó de las causas de DDHH a los jueces Julio Demetrio Petra y Alfredo López Cuitiño y al conjuez Enrique Sosa Arditi.

    En cambio, "la vieja Cámara tenía parados 300 expedientes, a pesar de que los organismos de DDHH venían presentando pronto despacho para que fueran resueltos", acotó el letrado. "La nueva Justicia ha quedado acreditada con la destitución de Luis Miret por su complicidad con la última dictadura militar y por el procesamiento del doctor Walter Bento por 76 hechos de complicidad con la dictadura y crímenes contra la humanidad de Otilio Roque Romano.

    Es una vergüenza que este señor siga siendo camarista federal y siga en este edificio nombrando personas, porque es la máxima autoridad junto con (Julio) Petra", contó Salinas. Los organismos le piden al Consejo de la Magistratura que termine con "la misma Justicia que actúo durante la dictadura". Romano tiene 46 hechos más que el juez destituido por este organismo, Luis Miret. Estos son argumentos suficientes para exigir que se acelere el proceso de destitución, interpretaron los peticionantes.

    "La Justicia federal de Mendoza está en manos de esta persona –por Romano– acusada y procesada, hay pruebas suficientes para comprobar que fue partícipe en la tortura y desaparición de personas. Qué garantías pueden tener los mendocinos si sus casos y litigios están a cargo de una persona procesada por 76 hechos. Esto ha sido ocultado y los organismos luchamos por memoria, verdad y justicia", explicó Salinas. El Consejo tendrá un plenario el 29 de abril, por lo que los organismos de DDHH se están preparando para que se apure la resolución en contra de Romano.

     También han recusado a un miembro del mismo Consejo, Daniel Ostropolsky, ya que consideran que no debería intervenir en ninguna de las causas donde estén involucrados Julio Demetrio Petra, Otilio Roque Romano, Olga Pura Arrabal o Carlos Parellada. "Ostropolsky no nos da garantía de imparcialidad y no queremos que intervenga en estas causas", señaló el abogado.

    Por su parte, Mariú Carrera, familiar de víctimas de la dictadura, comentó que es imprescindible apurar el trámite contra Romano, porque "es necesario hacer justicia, ya que, finalmente, desde que en Mendoza comenzaron los juicios, hemos tenido contacto con un tribunal que es honesto y demuestra que sí hay justicia. Romano tiene que salir de acá. Pensamos que hay espacios de verdad y justicia en nuestra provincia", explicó Carrera. Otilio Romano está procesado en 76 causas por crímenes de lesa humanidad y es apuntado como el principal responsable de la demora de los expedientes.

    Por otro lado, Julio Petra le brindó "impunidad" a todos los policías federales que participaron en los casos de Sánchez Andía y Romano Rivamar, explicaron los voceros de los organismos. Por último, Rolando Carrizo fue señalado por haber omitido promover las investigaciones correspondientes a la desaparición de personas, faltando a su obligación como juez.