martes, 20 de mayo de 2014

REFLEXIONES SOBRE NOTAS PERIODISTICAS

Una nota en el Diario La Nación ("Militares retirados reclaman un trato judicial igualitario...")  anticipa un comunicado que sería publicado el 25 de mayo, suscripto por militares que “eran jóvenes oficiales” durante la dictadura cívico militar y que hoy, se encuentran procesados, algunos condenados por delitos de lesa humanidad.

Otra nota, en el local diario Uno ("Son los mismos..."), es coincidente con aquella aunque comparativamente inferior en calidad y objetivos.

Ambas, están destinadas a un público desprevenido que no conoce el desarrollo histórico de la justicia por delitos de lesa humanidad ni la profundidad del paradigma: haber recuperado la Justicia igualitaria para todos, no obstante posibles errores, subsanables recurriendo a la misma Justicia.

Repasemos:

Entre 1976 y 1983 (dictadura) se producían secuestros de personas, a veces  ante testigos, eran sometidas a tortura, muchas eran condenadas a morir y como sus cuerpos  fueron ocultados,  adquirieron la categoría de desaparecidos. Lo dijo Videla, Presidente de la Junta Militar que se apoderó de Argentina: no están vivos ni muertos, están desaparecidos,  no están. Los recursos de habeas corpus presentados a la Justicia –en Mendoza ante Miret, Romano, Guzzo, y otros funcionarios- eran rechazados no obstante la ausencia inexplicable de la persona. Los resortes normales de la Justicia, no funcionaban.

En 1984 ya en el Gobierno del Presidente electo Alfonsín, en respuesta a un fuerte clamor nacional e internacional por el retorno de justicia, se realizó el juicio oral y público a las tres Juntas de Comandantes que se habían sucedido en el gobierno. Los previos planteos militares y las presiones políticas, condicionaron el juicio, que trató unos pocos casos “testigo” recogidos en todo el país. La baja condena de los aeronáuticos tuvo dos explicaciones: que eran considerados los héroes de Malvinas, y que no se conocían entonces muchos delitos cometidos en su ámbito.

Esta sentencia sentó un precedente,   el propósito de Nunca Más, y abrió el camino  al juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en todo el país.

Mendoza: en la Justicia Federal predominaban los funcionarios  que hicieron carrera en dictadura, y lo que era aún peor, con las bayonetas en la espalda de la democracia, se sancionó una ley que modificó el Código de Justicia Militar y los acusados debían ser juzgados por sus pares –el CONSUFA, Tribunal Militar. Los ex presos políticos y los familiares, debían comparecer al Comando para presentar las denuncias. Sin abogados en las audiencias. Es interesante leer aquellos expedientes: las preguntas de los militares, eran –sin picana- similares a las de los interrogatorios. Dónde militaba, qué hacía, con quién se relacionaba….(Vamos a subir a nuestro blog algunas de aquellas actas, para hacer docencia.)

Transcurrido un plazo -recordaría que eran 6 meses- quienes trabajábamos en el tema judicial por los organismos de ddhh, podíamos pedir “avocamiento”  de la Justicia Federal. El llamado “expediente militar” cambiaba de número y pasaba a manos de la Cámara,  que tenía la función de instruirla. Igual en todo el país. Nuestra Cámara tenía una composición disímil, en ella convivían Miret, Endeiza, Mestre Brizuela, González Macías. En el cortísimo lapso de aquella exótica actividad instructoria, se produjeron documentos que hoy son base probatoria fundamental, como las declaraciones del Gral.Maradona, Jefe máximo por muchos años de la represión en la zona; del  Jefe de Policía Brigadier Santuccione,  un capo mafioso; del policía provincial Jefe del D2, donde tantos/as dejaron la vida en la tortura, Sánchez Camargo; y otros muchos. Es interesante destacar que ninguno de ellos recurrió al actual subterfugio de la negación o la distracción sino que, reivindicaron la “lucha antisubversiva” y detallaron el esquema organizativo militar. Eso sí, nadie dijo qué fue de los desaparecidos: ya regía el pacto de silencio con respecto a los dos botines de guerra. (El otro son  los hijos apropiados).
 
En eso estábamos. En todo Mendoza se contaba con dos abogados: Alfredo Guevara y Carlos Venier (h) (que no es ni pariente del actual defensor de represores, pues gracias a Dios, es hijo de quien por muchos años representara a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre). Guevara llegaba del exilio, Venier acababa de recibirse.

Las denuncias sobre los hechos y la identidad y cantidad de las víctimas, se iban armando a medida que se iban conociendo porque nuevas personas se acercaban, se animaban. Pues, es de público y notorio, que mientras duró la dictadura, madres, familiares, abuelas, organizaciones, luchaban en la línea del reclamo por verdad y justicia, en semiclandestinidad, sufriendo persecución, a veces perdiendo la vida, a veces la libertad (Iglesia de la Santa Cruz, de Madres, en Buenos Aires, con desapariciones; Martha Agüero y Albino Pérez, de la LADH, en Mendoza, con cárcel).
 
 En cuanto a quiénes habían cometido los ilícitos, solamente se conocía: la escala de mando superior –funciones militares- y el personal del D2. Muy poco más que eso.

Más no se pudo avanzar puesto que, a fines de 1986 y principios de 1987, con las bayonetas en la espalda, el Congreso Nacional sancionó dos leyes inconstitucionales y extrañas a todo proceso legal tanto de Argentina como del mundo: la llamada de “punto final”, que puso un plazo muy breve para denunciar; y a continuación la de “obediencia debida”.  Según la cual, torturas, homicidios, por sólo mencionar los delitos más graves, sufridos en el marco de la “lucha contra la subversión”, no eran delitos. En ese marco, quienes lo hicieron, no eran punibles.   Se infería que todo desaparecido o torturado era un subversivo sin que pudiera alegarse lo contrario. Notorios casos de empresarios saqueados por militares,  salieron a la luz en esta década.

Toda investigación, búsqueda, interrogante, acusación, reclamo, quedó fuera de la Justicia. La  justicia del Código Penal, la constante jurisprudencia de los tribunales en materia penal, el conocimiento social sobre el delito y la conciencia del peor de ellos, el homicidio: desaparecieron. Al decir de Videla: no están.
Pasaron muchos años de afianzamiento de la impunidad y aquel agujero negro en la legislación argentina   se sostuvo como en una película de ciencia ficción. Pero las Madres en las plazas.

Los militares y policías ayer imputados o nunca imputados, ascendiendo, jubilándose, en silencio. Los funcionarios judiciales ascendiendo, permaneciendo, académicos,  jubilándose, olvidando. Y los cargos públicos, ocupándose sucesivamente. Plenamente reconciliados los unos con los otros, compartiendo actos oficiales, en las plazas, en días en que no estaban las Madres. Ofrendas florales, discursos, negación. Dos países, en uno los olvidados, en otro, los olvidadores.

Pero, nada es estático, y menos la historia.

La resistencia, la lucha, la verdad, la justicia, y para colmo la memoria, reaparecen siempre. No se pudo evitar que en 2003, quedaran sin efecto las leyes de impunidad. El dique aquel, ya hacía agua por todos lados, desde que Mignone encontró la veta de los juicios por la Verdad, las Abuelas conocieron a Snowden,  y la Corte Interamericana propuso sanciones para el Estado argentino  si no “resarcía” el daño causado. “Paguemos” interpretó Menem, para indemnizar debía probarse el daño, y se profundizó la contradicción entre la verdad y el olvido cuando el sector administrativo del Estado, se plagó de denuncias por delitos que después supimos, eran de lesa humanidad, y no tenían acceso a la Justicia penal.
 
Así que la Justicia, el Congreso, el Ejecutivo, un día llamaron a las cosas por su nombre y repusieron esa Justicia igualitaria para todos, la Justicia del país, sus leyes, sus códigos, sus sentencias. Es duro aplicarla, las corporaciones se resisten con fuerza. Pero es la misma Justicia de antes, de siempre, sin agujeros negros. A las causas por delitos de lesa humanidad las instruye en definitiva un Juzgado de primera instancia, que acepta o no las propuestas de la Fiscalía;  todo está sujeto a apelación, funcionan todos los recursos del código de procedimientos, resuelve la Cámara de Apelaciones, por encima hay recursos a la Cámara de Casación Penal Nacional y aún por encima, hay una Corte Nacional de Justicia.


Pasó demasiado tiempo, es verdad. Al cabo de ese tiempo, están los que lamentan el fin de la impunidad, y estamos los que sentimos un gran alivio por el regreso de la Justicia, que llegó para quedarse, que no será suspendida nunca más. El desafío es mejorarla, profundizarla, para bien del presente y de las generaciones venideras.