Audiencia el 28 de abril

Nota "El Lobby de Petra"

 Por Alejandra Dandan (Página 12 - 18.04.11).

"Lo que pasó no es que ya pasó, lo peor es que en algunos sectores continúa pasando. Uno de esos territorios es el Poder Judicial de Mendoza: pese a las denuncias y el largo trabajo de los organismos de derechos humanos para desplazar a los jueces que intervinieron en la dictadura y luego frenaron el avance de los juicios de lesa humanidad, el presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia hace lobby en los últimos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sacar de la Cámara a los únicos jueces que avanzaron con esas causas. Así lo acaban de denunciar los organismos de derechos humanos locales. La denuncia dice que Julio Demetrio Petra ahora busca jueces afines para frenar el procesamiento del aún camarista Otilio Romano, procesado en primera instancia como partícipe necesario en 76 casos de tortura y desaparición de personas durante la última dictadura."

Informamos a todos que el jueves 28, a las 10 de la mañana, la Cámara Federal de Mendoza debe resolver si acepta o rechaza, la apelación que EL TODAVÍA JUEZ Romano, interpuso contra la decisión del Juez Bento, quien ordenó procesarlo por su complicidad con los crímenes de la dictadura.

Proponemos que seamos muchos en la escalinata de Tribunales Federales, para acompañar a nuestros abogados,  

PARA DECIRLE A ROMANO QUE EL PUEBLO DE MENDOZA NECESITA QUE LA JUSTICIA TERMINE CON SU IMPUNIDAD.

ESTA LUCHA ES DE TODOS.

El lobby de Petra

El lobby de Petra

El presidente de la Cámara de Casación Penal mendocina es acusado de buscar que la Corte Suprema remueva a los jueces que avanzaron con las causas por delitos de lesa humanidad.

 Por Alejandra Dandan

Lo que pasó no es que ya pasó, lo peor es que en algunos sectores continúa pasando. Uno de esos territorios es el Poder Judicial de Mendoza: pese a las denuncias y el largo trabajo de los organismos de derechos humanos para desplazar a los jueces que intervinieron en la dictadura y luego frenaron el avance de los juicios de lesa humanidad, el presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia hace lobby en los últimos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sacar de la Cámara a los únicos jueces que avanzaron con esas causas. Así lo acaban de denunciar los organismos de derechos humanos locales. La denuncia dice que Julio Demetrio Petra ahora busca jueces afines para frenar el procesamiento del aún camarista Otilio Romano, procesado en primera instancia como partícipe necesario en 76 casos de tortura y desaparición de personas durante la última dictadura.

“Esto en Buenos Aires sería un escándalo –dijo el abogado Pablo Salinas a Página/12–, pero en Mendoza nos cuesta que las cosas se conozcan y salgan a la luz.”

El caso desvela a los integrantes de los organismos de derechos humanos locales, que impulsaron las denuncias sobre el camarista desde el Ministerio Público Fiscal y los integrantes del Poder Judicial que están en contacto con las causas de lesa humanidad. Uno de ellos, a pedido de Página/12, repasó el contenido de la resolución 228/11 por la que el presidente de la Cámara de Casación Penal le pide a Ricardo Lorenzetti nombrar a una serie de jueces políticamente cercanos –todos objetados por los organismos de derechos humanos– para reemplazar a los dos jueces cuya designación destrabó el avance de estas causas en la provincia.

Los dos camaristas en cuestión son Julio Roberto Naccif y Hugo Echegaray. Ambos fueron designados por la Corte para seguir las causas de lesa humanidad, luego de que los organismos de derechos humanos recusaran en una larga batalla a los antiguos integrantes de la Cámara porque impedían el avance de los expedientes. Entre los recusados estaba el propio Petra, que intentó retener parte de las causas pero tuvo que apartarse por disposición de la misma Corte.

Mientras el proceso avanzó, cobró aire la denuncia de la fiscalía general de Omar Palermo sobre el rol de algunos jueces durante la dictadura. Entre ellos, Luis Miret –hoy destituido– y Otilio Romano. Todos fueron procesados semanas atrás. Romano fue acusado como partícipe por torturas y desaparición de personas en 76 casos, cargos más graves que los de Miret, procesado por omitir investigar.

Pese al procesamiento, Romano no se fue e integra una de las salas de Casación. Para eso apeló el procesamiento y el 28 de abril la sala de Naccif y Echegaray deberá decidir si lo acepta o rechaza. Según uno de los jueces locales, Petra no se quedó tranquilo con la situación. Para ayudar a quien es mencionado como su amigo, retuvo el expediente y lo mandó a la Corte: “Tuvo que venir un emisario de la Corte personalmente, con el expediente en avión y entregarlo a Naccif, para asegurarse de que llegue a sus manos”, indicó la fuente. Y no contento con eso, Petra mandó una nueva misiva con el nombre de por lo menos cinco jueces para desplazar a dos camaristas.

La mayor parte de los propuestos son jueces ya jubilados y cuestionados por los organismos de derechos humanos. Entre ellos, Eduardo Mestre Brizuela, ex camarista federal y ex integrante del Tribunal Oral 1 de Mendoza, ahora defensor de Luis Stuldreher, interventor militar en la intendencia de San Rafael y segundo jefe del área operativa. La intervención de Petra terminó salvándolo del juicio en San Rafael: “Stuldreher estaba imputado por 20 hechos, tormentos y privaciones de la libertad”, indicó el juez consultado. En ese contexto, otro juez llamado Héctor Raúl Acosta (también propuesto en la lista) le dio falta de mérito en un caso. Como abogado defensor, Mestre Brizuela apeló la imputación porque quería sobreseimiento ante la Cámara de Casación vieja. Petra y su equipo confirmaron la falta de mérito, pero le hicieron un favor: extendieron la falta de mérito a las otras 19 imputaciones. Stuldreher así se salvó del juicio.

Una red de amigos de la dictadura en Mendoza

Mendoza fue pionera en poner a sus jueces en entredicho, con impulso del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y otros organismos. El juez Luis Miret fue removido por el jurado de enjuiciamiento el mes pasado, acusado de haber omitido investigar y/o denunciar torturas y vejaciones a los detenidos en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía local, hechos que conocía –desde 1975– por recibir las denuncias en su despacho y por lo que pudo ver con sus propios ojos al punto de decirle cara a cara a un detenido recién torturado que tenía que “aguantar”. En el plano penal, Miret fue procesado por el juez Walter Bento, que también imputó a otro camarista mendocino, Otilio Romano, como partícipe secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 1975 y 1983, mientras fue fiscal y juez.

Procesado y todo, el poderoso Romano sigue impartiendo justicia. Lleva cerca de un año logrando eludir una citación del Consejo gracias a una medida cautelar del juez ad hoc Carlos Parellada, amigo suyo. Recién en diciembre, tras una intervención de la Corte Suprema y de otros camaristas, cayó la cautelar y está cerca de ser citado como sospechoso.

A Parellada también se le abrió investigación en el Consejo. Otra, similar, apunta al conjuez Luis Santamaría, funcionario de la dictadura, quien repuso a Miret en la Universidad de Cuyo (allí daba clases de ética), de donde había sido expulsado. También se abrieron expedientes contra Julio Petra Fernández, Miguel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo, que aun recusados por su cercanía a Romano por pedido suyo apartaron al juez Bento de la causa. Petra y Romano fueron fotografiados cenando en un restaurante del centro de Mendoza con champagne después de ese fallo. Petra también está denunciado, entre otras cosas, por firmar la liberación masiva de los represores de Mendoza, San Juan y San Luis; por haber favorecido al teniente coronel Luis Stuhldreher (intendente de facto en 1976) con una falta de mérito extendida a expedientes por 18 desapariciones que aún no habían llegado al tribunal. Y hasta por sustraer (para prolongar sus efectos) la cautelar que evitaba el juzgamiento de su amigo Romano.

Los amigos del Juez

Derechos Humanos

Nueva avanzada del juez Petra para lograr la impunidad de Romano

Envió un pedido a la Corte para lograr que la Cámara que debe resolver el procesamiento de Otilio Romano -por crímenes de lesa humanidad-, esté compuesta por ex magistrados amigos.

Jorge Hirschbrand jorgeh@elsol.com.ar

La recordada foto entre Petra y Romano, en la Arístides.

La temperatura en los Tribunales Federal de Mendoza aumentó de nuevo. Una iniciativa del camarista Julio Demetrio Petra para desarmar la conformación actual de la Cámara que actúa en las causas de delitos de lesa humanidad amenaza con provocar una severa y ruidosa reacción de los organismos de Derechos Humanos.

Petra, denunciado en el Consejo de la Magistratura por haber beneficiado con sus fallos a su colega y amigo personal Otilio Romano, instrumentó los mecanismos para que los jueces Julio Roberto Naccif y Hugo Echegaray sean apartados del tribunal actual y conseguir que esos lugares puedan ser ocupados por ex jueces federales ideológicamente cercanos a los intereses de Otilio Romano, procesado por ser partícipe secundario de secuestros, torturas y homicidios cometidos entre 1975 y 1983.

El interés de Petra tiene un objetivo inmediato. El 28 de abril, la Cámara integrada por Naciff, Echegaray y Pedro Humerto González debe fallar sobre la apelación que la defensa de Romano hizo luego de conocido su procesamiento. La idea es sacar a dos de esos jueces, cambiarlos por sus amigos y garantizar un voto mayoritario a favor del magistrado imputado.

Para lograr eso, Petra envió un informe al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, con la esperanza de no levantar sospechas y lograr que el titular del máximo aprueba la propuesta sin mayores cuestionamientos.

La idea de Petra, que dio origen al expediente 228/2011 en la Corte, es que los dos lugares sean ocupados por –y aquí viene lo más interesante- alguno de los ex jueces federales más cuestionados de Mendoza.

La lista de preferidos de Petra y Romano es la siguiente:

Alfredo Manuel Rodríguez: ex juez federal penal de primera instancia. En el juicio de lesa humanidad realizado en San Luis, fue nombrado en la causa "Fiochetti" como integrante de un grupo de ultra derecha. También fue uno de los jueces que favoreció a Dalvian en la disputa de terrenos con la UNCuyo.

Eduardo Mestre Brizuela: ex camarista federal e integrante del Tribunal Oral 1 de Mendoza. Actual defensor particular del capitán Luis Stuldreher, a quien le consiguió una "falta de mérito" en la Cámara Federal integrada por Petra, López Cuitiño y Sosa Arditi. Stuldreher fue señalado por numerosos testigos como uno de los responsables del plan de exterminio durante la dictadura en el sur mendocino.

Enrique Sosa Arditi: ex juez del Tribunal Oral 2 de Mendoza. Fue apartado de todas las causas de lesa humanidad por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza integrada por los jueces Naciff, Fourcade y Echegaray, que fue designada por la Cámara Nacional de Casación Penal.

Héctor Raúl Acosta: recientemente jubilado juez federal de San Rafael. Estuvo a punto de ser citado al Consejo de la Magistratura por la denuncia del kirchnerista Carlos Kunkel a partir de supuestas irregularidades en su intervención en una causa por promoción industrial. Fue quien finalmente sobreseyó al capitán Luis Stuldreher.

Carlos Turcumán: ex magistrado recientemente jubilado del Tribunal Oral de San Juan, allegado a Petra y a Romano.

Petra fue uno de los responsables de apartar por unos días al juez federal Walter Bento para evitar que se investigara, entre otros, a Otilio Romano y a Luis Miret, acusado de ser cómplices de delitos de lesa humanidad.

Pocas horas después de conseguir su objetivo, se lo vio brindando con champagne junto a Romano. Sin embargo, días más tarde, un tribunal de alzada dio vuelta su resolución y devolvió su lugar a Bento, quien finalmente procesó a Romano y al destituido Miret.

Justo antes de que Petra enviara su pedido a Lorenzetti, desde los organismos de Derechos Humanos de Mendoza habían denunciado las irregularidades y la dilación de varios expedientes que se están tramitando en el Consejo de la Magistratura.

Se trata de investigaciones para determinar en qué situación fue designado el conjuez Carlos Parellada, quien logró suspender temporariamente el proceso en contra de Romano en el Consejo de la Magistratura. Además, hay otra causa en la que se investigan las actuaciones de la jueza Olga Pura Arrabal, sospechada de mal desempeño en su cargo.

Ambos expedientes están a cargo de Daniel Ostropolsky, presidente del Colegio de Abogados de Mendoza y miembro del Consejo de la Magistratura. Casualmente, su hija, Claudia Ruth, fue designada prosecretaria administrativa por Olga Pura Arrabal. Todo un dato. 

Contra la impunidad de los cómplices de la dictadura en la Justicia Federal

TRIBUNALES FEDERALES
 

 Reclamo para que se destituya al juez Romano

Los organismos que defienden los derechos humanos exigen que sea separado de sus funciones por su complicidad con la última dictadura militar

FEDERICO LEMOS federico.lemos@elsoldiario.com.ar 

EN LA PUERTA DEL PALACIO FEDERAL. Madres, familiares y ex presos exigieron justicia.

    A raíz de haber cajoneado más de 300 expedientes y por tener 76 causas de crímenes de lesa humanidad, los organismos de derechos humanos (DDHH) de Mendoza pidieron la destitución del camarista federal Otilio Roque Romano. El abogado Pablo Salinas defendió la nueva composición de la Cámara Federal, que denomina "democrática", que apartó de las causas de DDHH a los jueces Julio Demetrio Petra y Alfredo López Cuitiño y al conjuez Enrique Sosa Arditi.

    En cambio, "la vieja Cámara tenía parados 300 expedientes, a pesar de que los organismos de DDHH venían presentando pronto despacho para que fueran resueltos", acotó el letrado. "La nueva Justicia ha quedado acreditada con la destitución de Luis Miret por su complicidad con la última dictadura militar y por el procesamiento del doctor Walter Bento por 76 hechos de complicidad con la dictadura y crímenes contra la humanidad de Otilio Roque Romano.

    Es una vergüenza que este señor siga siendo camarista federal y siga en este edificio nombrando personas, porque es la máxima autoridad junto con (Julio) Petra", contó Salinas. Los organismos le piden al Consejo de la Magistratura que termine con "la misma Justicia que actúo durante la dictadura". Romano tiene 46 hechos más que el juez destituido por este organismo, Luis Miret. Estos son argumentos suficientes para exigir que se acelere el proceso de destitución, interpretaron los peticionantes.

    "La Justicia federal de Mendoza está en manos de esta persona –por Romano– acusada y procesada, hay pruebas suficientes para comprobar que fue partícipe en la tortura y desaparición de personas. Qué garantías pueden tener los mendocinos si sus casos y litigios están a cargo de una persona procesada por 76 hechos. Esto ha sido ocultado y los organismos luchamos por memoria, verdad y justicia", explicó Salinas. El Consejo tendrá un plenario el 29 de abril, por lo que los organismos de DDHH se están preparando para que se apure la resolución en contra de Romano.

     También han recusado a un miembro del mismo Consejo, Daniel Ostropolsky, ya que consideran que no debería intervenir en ninguna de las causas donde estén involucrados Julio Demetrio Petra, Otilio Roque Romano, Olga Pura Arrabal o Carlos Parellada. "Ostropolsky no nos da garantía de imparcialidad y no queremos que intervenga en estas causas", señaló el abogado.

    Por su parte, Mariú Carrera, familiar de víctimas de la dictadura, comentó que es imprescindible apurar el trámite contra Romano, porque "es necesario hacer justicia, ya que, finalmente, desde que en Mendoza comenzaron los juicios, hemos tenido contacto con un tribunal que es honesto y demuestra que sí hay justicia. Romano tiene que salir de acá. Pensamos que hay espacios de verdad y justicia en nuestra provincia", explicó Carrera. Otilio Romano está procesado en 76 causas por crímenes de lesa humanidad y es apuntado como el principal responsable de la demora de los expedientes.

    Por otro lado, Julio Petra le brindó "impunidad" a todos los policías federales que participaron en los casos de Sánchez Andía y Romano Rivamar, explicaron los voceros de los organismos. Por último, Rolando Carrizo fue señalado por haber omitido promover las investigaciones correspondientes a la desaparición de personas, faltando a su obligación como juez. 

Derechos Humanos y dignidad

Por Pablo Gabriel Salinas, Doctor en Derecho, 

autor de La Tortura en Argentina, 

abogado querellante en los juicios por 
crímenes  de Lesa Humanidad

Todos los represores están siendo juzgados por sus jueces naturales. No existía cosa juzgada porque las leyes de Punto Final y Obediencia Debida impidieron que se continuaran procesos en su momento, procesos que no concluyeron, por lo cual no existía cosa juzgada.

Con respecto a la decisión de la Presidencia de la Nación de instaurar el 24 de marzo como Día de la Memoria nada tiene de discutible ya que responde al saldo de 30 mil compañeros desaparecidos, a la lucha de años de los organismos de Derechos Humanos y a la toma de conciencia sobre las gravísimas consecuencias del terrorismo de Estado.
No existen dos historias o justicia total o dos demonios como pretende Solanet. En efecto, la Corte en la sentencia donde confirmó la nulidad de las leyes de impunidad descartó esta teoría con argumentos concretos y contundentes, fundamentalmente no es comparable, de ningún modo, un plan criminal desarrollado desde el Estado con la impunidad y control del aparato estatal y sus fuerzas armadas y de seguridad con actos insurgentes de organizaciones que no tenían control territorial y que al momento del golpe estaban diezmadas.
El terrorismo de Estado consiste básicamente en el dominio del aparato estatal para, a través de un aparato organizado de poder integrado por el Ejército con control operacional, secuestrar personas, por ejemplo a Lila de Marinis, y llevarla en camisón a altas horas de la noche en autos de civil para que la persona no aparezca más; las patotas se la llevan actuando con impunidad total y con los recursos provistos por el Estado.
Con respecto a la nulidad de las leyes de impunidad que tanto molesta a Solanet, debo decir que la Corte Interamericana en el caso “Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre) c/Perú” y en el caso “Almonacid Arellano c/Chile”, dejaron absolutamente claro que las leyes de impunidad son inoponibles al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por lo tanto nulas de nulidad absoluta, y en este camino se va pronunciando toda la más destacada jurisprudencia del continente: pronto se abrirán los juicios en Uruguay y donde ya se reabrieron las investigaciones en Chile y finalmente, tendremos un reimpulso de investigaciones en Brasil según lo manifestado por la presidenta Dilma Rousseff.
No se trata de venganza sino de justicia lo que estableció nuestra Corte, que por otra parte es la Corte Suprema de Justicia más prestigiosa que ha tenido el país, integrada por juristas de nota y de prestigio internacional.
En los fallos “Arancibia Clavel”, “Lariz Iriondo”, “Simón” y “Mazzeo”, la Corte no sólo no obedeció ninguna orden del Poder Ejecutivo como irresponsablemente dice este señor Solanet sino, por el contrario, aplicó los criterios sostenidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Barrios Altos” y “Almonacid Arellano”, pero también siguió la doctrina que ya había establecido el más alto Tribunal con otra integración en la causa “Eumekian” y en la “causa Priebke”, según la cual el derecho internacional de los Derechos Humanos debe ser respetado y los tratados y acuerdos contra la impunidad y dictaminando la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad deben ser juzgados y así fue con Priebke un Hauptsturmführer de la SS que fue encontrado en 1994 en Bariloche, Argentina, y con otro gobierno y otra Corte fue entregado a Italia, donde fue condenado en 1998 a prisión perpetua.
Por todos estos motivos es que la Corte Suprema no hizo más que aplicar la jurisprudencia y el derecho internacional; es decir, no hizo más que lo que le correspondía hacer al dictar los fallos que tanto agravian a Solanet y a todos los defensores del terrorismo de Estado. Dice Solanet y los defensores del terrorismo de Estado que se ha violado la cosa juzgada y el debido proceso legal y también la irretroactividad de la ley penal; como especialista en Derecho Penal puedo afirmar categóricamente y sin duda alguna que no se ha vulnerado ninguno de estos principios legales y que Solanet miente descaradamente.
En efecto, todos los represores están siendo juzgados por sus jueces naturales. No existía cosa juzgada porque las leyes de Punto Final y Obediencia Debida impidieron que, en su momento, se continuaran procesos, que no concluyeron por lo cual no existía cosa juzgada.
Tampoco se ha violado la irretroactividad de la ley penal, ya que la Argentina era parte desde 1948 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del pacto para la sanción del delito internacional de genocidio 1956, Pacto Interamericano contra la Tortura de 1975, de los Convenios de Ginebra de 1949 y en suma de todo el sistema internacional de Derechos Humanos que los represores y la Junta Militar no respetaron como tampoco la Ley 14.616 contra la Tortura, ni el Código Penal que establecía y establece el delito de Homicidio y Homicidio calificado.
Lo que está sucediendo en la Argentina en este momento que es el juicio a los responsables del ataque generalizado a la población civil más grande que existió en la historia argentina es mirado con admiración por el mundo entero.
Reconoce escasos antecedentes: el juicio de Nüremberg, el juicio a los Einsatzgruppen o también la Causa 9 seguida por el consejo aliado contra Otto Ohlendorf, el juicio a los coroneles griegos, el juicio a Karl Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961 (Eichmann era un Obersturmbannführer, es decir la más alta jerarquía de los SS y se presentó en el juicio diciendo que fue un simple administrativo y también proclamó que se le violaba su derecho a la irretroactividad de la ley penal y los principios legales). Luego, los juicios por Crímenes contra la Humanidad de Ruanda y de la ex Yugoslavia.
Todos estos antecedentes permiten decir que la Argentina está produciendo una página en la lucha contra la impunidad en el mundo. Así como los defensores de los nazis en Nüremberg, en el juicio a los Einsatzgruppen o en los juicios llevados adelante en contra de crímenes contra la humanidad en el mundo, siempre echan mano a los mismos argumentos defensivos y se agravian por considerar violados sus principios legales, principios que por otra parte ellos jamás respetaron con respecto a sus víctimas a las cuales secuestraron en horas de la noche, se apropiaron de sus hijos, torturaron hasta la muerte e hicieron desaparecer los cadáveres impidiendo a miles de familiares hacer el duelo y dar sepultura a sus muertos, todo el aparato del terrorismo de Estado les robó la muerte a nuestros compañeros y los privó de todo tipo de garantías y principios que ahora ellos consideran afectados porque se encuentran sencillamente presos.
Con respecto a las citas a Moreno Ocampo y Ledesma sólo puedo decir que son apreciaciones jurídicas que son utilizadas por Solanet para sostener sus argumentos pero que carecen de todo sustento en la más destacada jurisprudencia tanto Nacional como Internacional y no hay tribunal que haya receptado ninguno de estos planteos de prescripción, puesto que existe un tratado dictando la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, el cual es ley en Argentina.
Con respecto a lo sostenido por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en cuanto a que los juicios por crímenes contra la humanidad no tienen marcha atrás y son política de Estado y de los tres poderes, Solanet dice que con esto se comete un grosero prejuzgamiento cuando sencillamente el presidente de la Corte Suprema reafirma la división de poderes y reafirma el principio según el cual estos juicios fueron impulsados por todas las fuerzas políticas argentinas, comenzando por el juicio a las Juntas, que fue un hito histórico en Latinoamérica y que no lo produjo el partido gobernante, esto es parte de lo que Solanet oculta en sus afirmaciones para poder sostener argumentos de persecución política que no resisten el menor análisis.
Para Solanet el orden justo es el orden de la impunidad y como bien sostiene Eduardo Galeano que nos visitó recientemente: “La impunidad estimula al delincuente, o sea, lo peor que puede ocurrir es la impunidad. La impunidad multiplica la delincuencia. Si vos matás uno, dos, tres, 50 y no te pasa nada, después terminás asesinando a un gentío.”


(+) Respuesta al artículo de Alberto Solanet, publicado en el diario La Nación, titulado: “Derechos Humanos y Legalidad”.

artículo publicado en Tiempo Argentino

Los juicios siguen tras la declaración de inimputabilidad de Tamer Yapur

En virtud de la labor de investigación que se hace en el MEDH se obtuvieron pruebas contundentes en contra de Miret y Romano y gracias a ese trabajo y el de los abogados del MEDH, pudo realizarse finalmente el juicio en Mendoza.

Otro aporte importante fueron los juicios en San Rafael en los que se sentó jurisprudencia sobre la calificación de los delitos imputados con las condenas de cuadros medios de la cadena de mandos:

Fue fundamental ganar la infundada recusación de González Macías, planteada por la defensa de los represores.

Los camaristas Petra, Miret, Pereyra González, y Romano recusaron a la Cámara Federal designada para entender en un sinnúmero de incidentes, también ganamos esa batalla jurídica lo que ha permitido la integración de una nueva Cámara que ya resolvió cien de los 300 incidentes, que estaban parados. Esto significa un sustancial avance hacia la elevación a juicio oral y público de más causas que todavía están en instrucción.

Tras la declaración de inimputabilidad de Tamer Yapur, las causas en las que era el único imputado, no van a archivo, sino que VUELVEN a ser instruidas.

Este es el momento de que todo el que tiene una información o un dato que no haya aportado lo haga ahora ante la Fiscalía cuyo número de teléfono 4242732

Las causas que serán postergadas son:

1) Gerónimo Morgante (Autos N° 015-M)

2) Hugo Alfredo y Julio Félix Talquenca (Autos N° 005-M)

3) María Silvia Campos, Antonia Adriana Campos de Alcaraz, José Antonio Alcaraz y Martín Antonio Alcaraz (Autos N° 053-M)

4) Lidia De Marinis (Autos N° 001-M)

5) Domingo Britos (Autos 022-M)

6) María Leonor Mercuri (Autos 020-M)

7) María Luisa Alvarado Cruz y Juan Antonio Gutiérrez (Autos 002-M)

8) Antonio Juan Molina (Autos N° 027-M),

9) Rubén Humberto Bravo, Marcelo Guillermo Carrera y Adriana Irene Bonoldi (Autos 059-M),

10) Raquel Moretti y Aldo Cassadidio (Autos 029-M)

11) Héctor Nicolás Brizuela y Antonio García (Autos 006-M)

Se ha fijado nueva fecha para el juicio de Menéndez para el 26 de octubre y además en la instrucción ya están tramitando compulsas penales pedidas a raíz de los testimonios brindados en el debate oral. Como por ejemplo, en la causa de Bonoldi se pidió compulsa contra Smaha, se imputó a tres miembros del D2 que antes no habían sido imputados: González, Lapaz y Gutiérrez. Esas compulsas tramitan en la fiscalía de Omar Palermo y en el juzgado de instrucción de Bento y si se logra el procesamiento de esos imputados y luego se requiere la elevación a juicio antes del 26 de octubre, se va a acumular todo al juicio que se inicia con Menéndez. Pronto podríamos encarcelar a Mirota, Cardello y otros más de los Federales

Las causas que se siguen tramitando porque tienen otros imputados son:

Causas	Víctimas	Imputados
Autos 025-M	Ricardo Luis Sánchez Coronel	Oyarzábal
Autos 022-M	Rosario Aníbal Torres	Oyarzábal y Smaha
	Francisco Reynaldo Urondo y Alicia Cora Raboy	Oyarzábal, Smaha, Lucero y Rodríguez
Autos 009-M	Rafael Olivera y Nora Rodríguez Jurado	Oyarzábal
Autos 055-M	Ángel Bartolo Bustelo	Dardo Migno y Mario Lépori
Autos N° 011-M	Salvador Alberto Moyano Almonacid	Smaha
Autos 010-M	Jorge del Carmen Fonseca	Mario Lépori y Paulino Furió
Autos 032-S	Arturo Elías Rodríguez	Smaha